La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no cuenta con irregularidades o alertas que sean relevantes en contra del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés, que le permitan formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia dijo que la investigación penal en contra del también aspirante presidencial en 2024 se basa, exclusivamente, en los dichos de Emilio Lozoya, quien fuera titular de Petróleos Mexicanos durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
Según información del medio Milenio, la UIF no ha cerrado la investigación en contra del panista, y no ha detectado irregularidades que puedan constituir lavado de dinero o algún otro ilícito que reporte el sistema financiero.
El 22 de septiembre de 2020, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que Anaya era uno de los 70 personajes que investigaba, luego de las declaraciones de Emilio Lozoya, quien nombró a todos los que supuestamente estuvieron involucrados en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
Funcionarios allegados a la investigación, habrían confirmado a Milenio que en la UIF la investigación contra Anaya continúa, pero esta unidad no está relacionada con la denuncia y citatorio que recibió el panista para que acusa a una audiencia en el Reclusorio Norte, y en donde según el propio Anaya, se le acusa de delitos que suman hasta 30 años de prisión.
Al menos, no existen indicios de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito que se haya podido comprobar desde el sistema financiero, pues la UIF no ha recibido reportes del sistema bancario al respecto. Sin embargo, fueron insistentes en que ningún expediente está cerrado y tanto Anaya como los otros 69 implicados continúan bajo rastreo, según el mismo medio.
Contrario a Anaya la IUF sí rastreó movimientos inusuales en el caso de Jorge Luis Lavalle, exsenador panista, a quien se le detectaron 40 millones de pesos en depósitos irregulares y transferencias irregulares que sumaban casi 20 millones de pesos.
El pasado lunes, Anaya Cortés publicó un video en sus redes sociales en el que mencionó que recibió un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX) y sugirió que se exiliaría de México para poder contender en las elecciones presidenciales de 2024.
El panista anunció que “los delitos que me imputan ‘solo’ suman 30 años de prisión” e ironizó con las propias palabras del presidente al decir que “¡Menos mal que su fuerte no es la venganza!”.
“Aunque López Obrador lo niegue, fíjate como sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa”, comenzó en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Ricardo Anaya resumió el documento en su poder asegurando que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citaba este jueves 26 de agosto para una audiencia vía Zoom que terminaría de realizarse en el Reclusorio Norte.
Por otro lado, dio a conocer que los delitos que se le imputan le impondrían hasta 30 años de cárcel. “Menos mal que no hay persecución política y que tu fuerte no es la venganza, Andrés Manuel, si no imagínate”, recordó el panista.
Horas antes, Anaya subió un primer comunicado en el que reveló que López Obrador quería “meterlo a la cárcel” para evitar que contendiera contra él y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en 2024. “Claro que soy inocente, pero sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme”, cuestionó en el video.
De esta forma, y dados los acontecimientos de las últimas horas, el panista concluyó que “este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó”.
Desde su primer comunicado, el político habló de la posibilidad de exiliarse de México. Sin embargo, el citatorio recalcó que, una vez en prisión, perdería sus derechos políticos y no tendría la posibilidad de ser candidato en 2024. Además de que ya no podría grabar videos en los que critique al presidente de México.
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