La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló este 18 de junio que interpuso la sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como contra otras 11 personas físicas y 33 morales.
Las demandas se presentaron por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos realizados presuntamente mientras Lozoya era director de la dependencia petrolera.
La UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016, cuando el presidente en México era Enrique Peña Nieto. Bajo estas circunstancias, y por medio de las 34 empresas, relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
“En el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con ODEBRECHT”, se lee en el comunicado que detalla que esto se hizo por diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial. Siendo el más destacado el que se registró del 2014 al 2016 con una transferencia de más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
Para el segundo grupo de operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo para después transaccionarlos y estratificarlos en un esquema de triangulación de recursos “para posteriormente enviarlos a empresas con caracteristicas de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos”.
Finalmente, aseguran que la dispersión de recursos se retiró masivamente en efectivo en donde se llevaron acabo comicios electorales como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
Desde que fue extraditado el año pasado, Emilio Lozoya no ha pisado ningún juzgado, mucho menos la cárcel. Al parecer ya no importa la promesa hecha por López Obrador el 13 de febrero de 2020, un día después de su arresto en España, cuando dijo que en su Gobierno no había “protección para nadie”.
El pasado mes de mayo, la UIF interpuso otra denuncia ante la FGR por desvíos de 4 mil 400 millones de pesos.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, reveló que la dependencia a su cargo está por tramitar otra demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque no precisó cuándo presentaría las acusaciones formales.
La denuncia será por desvíos de tres mil millones de pesos vinculados con la constructora brasileña Odebrecht y mil 400 millones de pesos más a otra empresa, cuyo nombre no fue identificado por el funcionario dependiente de la Secretaría de Hacienda.
“Si la Fiscalía nos otorga el carácter de ofendidos, como siempre lo hemos hecho, estaremos colaborando con la Fiscalía en las audiencias públicas ante los jueces de control para aportar el expertise de la Unidad y el conocimiento que tenemos de los casos”, explicó el jefe de la UIF a periodistas en Palacio Nacional.
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