Las sospechas sobre Ricardo Gallardo Cardona, otro candidato afín a Palacio Nacional

Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de San Luis Potosí -aliados de Morena-, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, por presunto lavado de dinero.

Las indagatorias datan de octubre del año pasado, pero en abril se ratificó que lo estaban investigando, y que sus resultados serían presentados al Instituto Nacional Electoral. Esta semana, en la prensa de la Ciudad de México se volvieron a plantear las pesquisas en su contra.

El periodista Raymundo Riva Palacio recordó en su columna El Financiero, que la historia de sospechas sobre Gallardo Cardona, candidato afín a Palacio Nacional, ya tiene varios años.

En enero de 2015, fue detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus empresas entre 2012 y 2014, triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV, pero fue liberado 11 meses después por falta de pruebas.

Pero en 2020, surgieron nuevas denuncias sobre el candidato a gobernar San Luis Potosí y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, reveladas por el medio local Astrolabio Digital, que el pasado mes de febrero publicó que habrían desviado más de 700 millones de pesos del municipio de Soledad, que controlaron de 2009 a 2018, a través de 20 empresas y 19 personas.

Riva Palacio destacó que Gallardo Cardona encabeza las preferencias electorales en el estado. Una encuesta de El Financiero publicada a principios de mayo, le dio una ventaja de dos puntos (36 a 34%) sobre Octavio Pedroza, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, pero con una tendencia al alza, por una caída de su adversario (de 36 a 34%).

El periodista recordó que los Gallardo han controlado el municipio de Soledad desde 2009, y crearon un grupo político llamado La Gallardía, que ha sido excluyente para acceder al poder en ese municipio.

“A lo largo de los años y con los recursos del erario, crearon una sólida estructura de movilización de voto, mediante un sistema de dádivas diseñado para ganar clientelas electorales a través de los niños, entregándoles útiles escolares y alimentos. Diversos expertos, realizando sinapsis, lo han caracterizado como narcopopulismo, definido como el control de la política y la economía locales mediante creación de mercados ilegales, el control de los servicios municipales básicos, o actos de fuerza y violentos contra opositores. Sin embargo, hasta ahora no se les ha podido comprobar actividades relacionadas con el narcotráfico” destacó.

No obstante, las imputaciones de vinculación con el narcotráfico los han perseguido desde hace tres lustros.

“En 2006, cuando Gallardo Juárez buscó la alcaldía de Soledad, informaciones periodísticas señalaban que tenía lazos con Los Zetas, que en ese entonces dominaban el narcotráfico en toda esa región del país. En 2014, miembros del PRD, al que pertenecía en ese entonces Gallardo Cardona, lo denunciaron en el Comité Ejecutivo Nacional del partido por presuntamente estar relacionado con el Cártel del Noreste, que en ese mismo año se escindió de Los Zetas”, destacó.

Raymundo Riva Palacio señaló que la elección para gobernador en San Luis Potosí es la que más ha llamado la atención nacional por los temores de que el narcotráfico esté involucrado en el proceso.

La preocupación es grande porque, como explicó en un documento privado un grupo de investigadores que lleva tiempo analizando la violencia política en México, “el narcopopulismo prolifera en estados con instituciones democráticas débiles, altos niveles de impunidad y descoordinación entre dependencias y niveles de gobierno”.

“Las condiciones de marginación y pobreza crean la oportunidad para que los grupos criminales se consoliden como proveedores de servicios básicos, incluida la protección para comunidades y regiones, como sucedió con varios grupos de autodefensa civil alentados por el gobierno anterior en Michoacán y Guerrero”. El grupo de investigadores señaló en su informe privado, que el control de gobiernos locales es más fácil de alcanzar durante periodos electorales, ‘cuando nuevos actores políticos se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y exposición frente al crimen organizado’.

El periodista finaliza su columna destacando que “lo más desconcertante es la inacción del gobierno federal, que lleva a pensar en un blindaje judicial de Gallardo Cardona al no desahogar la investigación en curso y aclarar su responsabilidad. Ante esto, como hipótesis de trabajo, sería la primera vez que un político con el narcotráfico detrás llegue al poder por la vía de las urnas. Sería también la primera vez que un gobierno federal desoyera las denuncias de vínculos con el narco para que el crimen organizado, como en Colombia, entre por la puerta de la democracia al poder”, concluyó.

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