El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago nieto ha reiterado que es sólido el expediente con el que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Además aseguró que el organismo a su cargo, la propia FGR, así como la Fiscalía Anticorrupción y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ya han obtenido por parte de autoridades de Estados Unidos, con quienes trabajan en conjunto, “datos importantes”.
“Inclusive, ya hablamos de una cantidad importante de inmuebles en Estados Unidos pertenecientes a la familia del actual Gobernador de Tamaulipas”, señaló Nieto Castillo en entrevista esta semana con Joaquín Repetto para la televisora Telesur.
Además añadió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “fue muy claro conmigo: que si había algún tipo de irregularidad no debíamos ser omisos y que se presentara la información y las denuncias en su caso ante FGR. Hay que recordar que la Fiscalía es un órgano autónomo y ella decidió solicitar la declaración de procedencia ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados (...) Tendría que irse al Congreso de Tamaulipas para que en su caso determinara si procede o no”.
En tanto, investigaciones de la misma UIF han revelado que durante su gobierno en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, habría beneficiado a tres empresas fantasma, que están registradas por presuntos prestanombres del gobernador.
De acuerdo con Milenio, en la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del mandatario estatal y que se encuentra en poder del diario, la UIF señala a Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, sirvieron para la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”.
Las autoridades señalan que las compañías obtuvieron sus mejores utilidades a partir de 2017, por contratos de obra que no se realizaron, adjudicaciones que no se concluyeron y con la compraventa de una casa en Santa Fe, en la Ciudad de México. Ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero reportaban declaraciones fiscales en ceros ante el SAT.
La más beneficiada, según la UIF, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se han concluido.
El medio destacó que de acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos; en 2015, por cero pesos, y en 2016, por 25 millones 869 mil pesos.
Pero en 2017, durante el primer año de gobierno de García Cabeza de Vaca, esta empresa obtuvo 95 millones 950 mil pesos; en 2018 continuó ascendiendo hasta 136 millones 660 mil pesos, y en 2019, 309 millones 570 mil pesos. Es decir, durante el mandato de García Cabeza de Vaca, vio crecer sus ganancias 1,128%.
La otra firma de Reséndez Cantú, “Barca de Reynosa”, ganó una licitación por 5 millones 948 mil pesos para la pavimentación de dos calles: Cerro del Cubilete en la Colonia Almaguer y Hierro en la colonia Villas de La Joya, ambas ubicadas en Reynosa.
En el caso de “T Seis Doce”, la policía ministerial descubrió que en la dirección fiscal de la empresa, se encontraba un taller mecánico, por lo que dieron fe de que la firma es fantasma. La empresa de Juan Francisco Tamez Arellano declaró, de 2014 a 2019, “en ceros sus ejercicios fiscales ante el SAT”.
El medio recordó que el 17 de diciembre de 2013, cuando García Cabeza de Vaca era senador, compró junto con su esposa, Mariana Gómez Leal, el departamento 3 del complejo ubicado en Camino Alto Lerma en Santa Fe por 14 millones 380 mil pesos. Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, lo vendió a T Seis Doce por un precio de 42 millones 113 mil pesos, que fue saldado en seis pagos entre los meses de junio a diciembre de ese año.
Sin embargo -resaltó el medio-, la empresa depositó a García Cabeza de Vaca otros 33 millones 400 mil pesos, que la UIF consideró “que puede presentar un acto que sugiera un conflicto de interés no reportado” porque su apoderado, Tamez Arellano, recibió 33 millones de pesos de Reséndez Cantú, quien es a su vez contratista del gobierno de Tamaulipas y declaró en ceros ante el SAT entre 2014 y 2018.
El pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
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