El equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicó una investigación en la cual se revela una red que presuntamente operó como estrategia para lavado de dinero durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.
El esquema funcionó a partir de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que a finales del 2017 e inicios del 2018, otorgó contratos a 4 empresas para que desempeñaran funciones que la Sefin antes hacía por su cuenta.
Estas cuatro empresas, según narran Íñigo Arredondo y Valeria Durán, periodistas de llevar a cabo la investigación, se encargaron a partir de su subcontratación de realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. El primero de los contratos que delegó dichas funciones a estas 4 empresas, se firmó mientras Miguel Ángel Mancera todavía era Jefe de Gobierno de la capital mexicana.
Estas cuatro empresas estaban relacionadas a su vez con contras ocho. En conjunto, las 12 hicieron movimientos de más de 1,500 millones de pesos mexicanos entre ellas. Incluso registraron transferencias en dólares y depósitos en cuentas bancarias, una de ellas en Ginebra, Suiza, conocido paraíso fiscal.
A través de su investigación, el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se hicieron de documentos federales donde la Unidad de Inteligencia Financiera explica que el comportamiento descrito es propio de “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos”.
En el centro de la trama se encuentran dos personajes: Rigoberto Contreras Cortés y Martiniano Rodríguez. Ambos funcionaron como el nexo entre varias de las empresas que se vieron beneficiadas por los contratos otorgados por la Sefin. Dos de estas incluso aparecieron anteriormente en otros reportajes donde se les señalaban actividades sospechosas.
Por ejemplo, el equipo de investigación de Denise Merker hizo un trabajo acerca de la empresa JJ Acounting & Legal Matters SA de CV, compañía a la que se hizo un pago de 406 millones de pesos por un trabajo de una semana y que no tenía oficinas. También se publicaron investigaciones hechas por otros medios en torno a la empresa Profesionistas Moliel SA de CV, que cerró al poco tiempo de firmar contrato con la Secretaría de Finanzas.
JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y Profesionistas Moliel SA de CV estaban ligadas a Martiniano Rodríguez Sánchez por el domicilio de las empresas que coincidía con el de otras en las que él participaba como accionista. Por otro lado, Rigoberto Contreras Cortés recibió transferencias por parte de JJ Acounting & Legal Matters SA de CV a través de empresas a su nombre, según narran los periodistas a cargo de la investigación.
El viernes pasado Martiniano Rodríguez y su escolta fueron asesinados en la Colonia Nápoles. A las 15:13 horas, saliendo de un gimnasio cercano a las oficinas donde están domiciliadas las empresas señaladas por los documentos recabados por Íñigo Arredondo y Valeria Durán, fueron atacados por dos individuos armados.
El primero en caer fue el escolta de Matiniano, el oficial de policía Daniel González. Después, ambos asesinos fueron tras el empresario quien, indefenso, murió tras varios disparos en su contra.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que una de las líneas de investigación para esclarecer los motivos del asesinato analizar su posible relación con las empresas a su nombre involucradas en el presunto esquema de lavado de dinero con recursos de la Sefin.
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