El abogado, Juan Collado, quien desde hace más de un año permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado; pudo actuar como prestanombres en Andorra, país ubicado en el suroeste de Europa, para movilizar millones de dólares.
Conocido como “El abogado del poder” por tener entre sus clientes y amigos a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, Collado Mocelo habría movido USD 120 millones entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así lo revela un informe confidencial de la policía de ese país, fechado en febrero de 2020, y al que tuvo acceso el diario español El País.
De acuerdo con el documento, Collado Mocelo recibió en Andorra USD 90 millones desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA; por lo que para los investigadores, es una prueba de que el abogado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo.
La indagatoria asegura que Collado Mocelo recurrió a casas de cambio y a sociedades fiduciarias con la finalidad de dificultar el rastreo del origen de los fondos, por lo que -para la policía- cabe la posibilidad de que parte de ese dinero sea del propio abogado o de un testaferro (prestanombres).
“Una parte de los fondos ingresados (en la BPA por Collado) podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder”, advierte el documento.
La Policía de Andorra -que investiga al abogado mexicano desde 2015 por presunto lavado de dinero- asegura que Juan Collado no ha proporcionado los recibos de sus transacciones a través de las casas de cambio, documentos que estas empresas están obligadas a emitir y que le permitiría al letrado comprobar la procedencia del dinero.
El informe policial destaca un traspaso de 372.349 dólares en junio de 2013 desde una de las sociedades instrumentales de la casa de cambio Tiber en la BPA a una cuenta de Collado controlada por una firma holandesa.
Después, el entonces responsable de la BPA en México, Joan March Masson, dio instrucciones por correo a un trabajador para que enviara el dinero a una cuenta cifrada de Collado, con la finalidad de “ocultar al auténtico beneficiario de los fondos”, destaca el medio español.
En 2016, el propio Juan Collado aseguró ante una jueza de Andorra, que la mayoría del dinero procedía de los beneficios de una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los noventa y la cual le habría dejado ingresos por intereses de 84 millones de dólares en 14 años.
El diario recordó que desde el 2015, el abogado mexicano está siendo investigado en Andorra por blanqueo, luego que el BPA fue intervenido por, presuntamente, lavar dinero de grupos criminales.
Sin embargo, la indagatoria fue suspendida luego de que en octubre de 2018, la jueza que lleva el caso recibió un informe de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) de México que justificaba el origen de la fortuna de este abogado de poderosos y en el que pedía el “no ejercicio de la acción penal” (contra el abogado) en Andorra.
Juan Collado Mocelo, fue detenido y encarcelado en julio de 2019 luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguiera que el juez federal, Eduardo Velázquez Rea, decidiera procesarlo por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue llevado preso al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
El caso derivó de la denuncia del empresario Sergio Bustamente, quien acusó a Collado de la apropiación fraudulenta de un terreno ubicado en el estado de Querétaro (que era suyo) por 24 millones de pesos, a través la sociedad “Libertad Servicios Financieros” y de la cual, Collado Mocelo era presidente. El juez le dictó prisión preventiva oficiosa por máximo dos años.
Pero no fue al único que el empresario queretano señaló. Aseguró que los verdaderos dueños de Caja Libertad Servicios Financieros eran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y a Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.
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