México registra un acumulado de 1.57 millones de diagnósticos positivos por coronavirus y 136,917 defunciones, situación que coloca como la cuarta nación a nivel mundial en el número de decesos.
Al respecto de la estrategia que se ha trazado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la organización Human Rights Watch (HRW), indicó que “no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación del COVID-19”.
También en el informe de la organización se indica que el funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México, no menciona un nombre en particular, “ha referido a las pruebas de detección masiva como inútiles y un desperdicio de tiempo”.
Habrá que recordar que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en mayo indicó que las pruebas masivas no eran necesarias, lo calificó como una pérdida de tiempo. “No creo que las pruebas sean obligatorias”, dijo para CNN, en relación con el hecho de que para entrar a una reapertura y añadió que se utilizarían de forma planificada.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió desde el inicio de la pandemia sobre la importancia de la aplicación de pruebas de detección de coronavirus, aunque meses después también puntualizó que en caso de México al ser un país tan diverso no recomendaba la aplicación masiva, porque no se tenía acceso a toda la población, a pesar de ello, algunos gobiernos locales optaron por la aplicación masiva.
HRW puntualizó que la decisión que se tomó al respecto, tiene “como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de Covid-19 —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo. Funcionarios y expertos coinciden en que la estadística real de contagios y muertes por Covid-19 es probablemente varias veces superior a la cifra oficial, que estaba entre las más altas del mundo”.
La Secretaría de Salud admitió que las cifras de muertos no son exactas, que existía un subregistro, lo cual se defendió es una situación que estaba sucediendo en todo el mundo.
En el caso de la población de bajos recursos o comunidades de indígenas, se indicó en el estudio que “tienen 50% más de probabilidad de morir por causa del COVID-19. La gran mayoría de los pacientes que fallecieron nunca recibieron cuidados intensivos”.
En septiembre, la Organización No Gubernamental, Amnistía Internacional, reportó que México ocupa el primer lugar en el número de decesos en el personal médico. Además, algunos denunciaron que fueron despedidos ante la demanda de equipo de protección en los nosocomios públicos.
La dependencia reportó 182,246 contagios acumulados entre trabajadores del sector salud y 2,397 defunciones, datos que corresponden al 28 de diciembre del 2020.
Consecuencia de la pandemia, las clases presenciales se suspendieron en el mes de marzo y se implementó el programa Aprende en Casa, a través del cual los alumnos deben seguir las clases por televisión, ya que se justificó que la mayoría de los alumnos tenía acceso a un televisor.
En ese caso, HRW indicó que un sector de los estudiantes no tiene acceso a servicios de internet y en los hogares de bajo recursos y discapacidad ha restringido el acceso a la educación.
“Algunos niños y niñas en áreas rurales, que frecuentemente son indígenas, no han podido participar en lo absoluto”, finalizó.
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