La epidemia por COVID-19 alrededor del mundo, aunado a las medidas extraordinarias que tomaron los distintos gobiernos del mundo sobre sus fronteras, le dieron importantes golpes financieros al crimen organizado.
Tal es el caso de las redes de tráfico de niñas, adolescentes y mujeres, quienes han disminuido sus movimientos financieros, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rescatado por Milenio.
El órgano encabezado por Santiago Nieto informó que hasta en un 66% se vieron mermados los movimientos del crimen organizado en temas de explotación sexual, informó Jannet López Ponce.
A través del medio, se dio a conocer que durante 2019 se registraron 406 reportes, mientras que en 2020, en el sistema financiero del tráfico de mujeres hubo apenas 138 reportes hasta el mes de noviembre.
Además, detectaron que las redes de tratantes reciben recursos desde transmisores de dinero que regresan a México, en especial en municipios donde se reportan los secuestros en primer lugar.
Lo anterior, en el caso de las redes nacionales, indicó el diario, podría significar que las mujeres raptadas son víctimas de personas cercanas a ellos como familiares o amigos, quienes finalmente recibirían el beneficio económico.
En cuanto a las redes encargadas de engañar a mujeres de Europa y Sudamérica para que emigren a México para obligarlas a la prostitución, el dinero termina en paraísos fiscales, para regresar a empresas fachada mediante las que pagan sobornos, sueldos y traslados.
Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera busca completar la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, con el objetivo de intercambiar información con los gobiernos locales, así como sus Fiscalías.
De acuerdo con Milenio, de esta forma la UIF podría combatir dichos delitos desde el lugar donde se generan, a través de unidades de rastreo en cada una de las entidades mexicanas.
Entre los beneficios, destacó el diario, está el de identificar el destino del dinero a través de los estados fronterizos para facilitar el rastreo del paradero de mujeres hacia los Estados Unidos.
Por último, informaron, la UIF de Santiago Nieto tiene contratos vigentes con refugios especializados en la trata de personas, además de las Fiscalías en diversos estados de la república.
Algunos de los estados son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
En materia prevención y combate a las redes de trata de mujeres, además del turismo sexual, varios estados de la república continúan en la búsqueda de un camino exitoso.
En el Estado de México, por ejemplo, se propuso en fechas recientes la tipificación del turismo sexual en la demarcación como un delito grave, acompañado de penas por hasta 14 años de prisión.
Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD en el congreso local, presentó la iniciativa para encarcelar a quienes participen en la “oferta, promoción, invitación, facilitación o gestión de viajes con fines de explotación sexual”, de acuerdo con El Universal.
El medio informó que las sanciones podrían ir de los 7 a los 14 años de prisión, así como de 2,000 a 6,000 días de multa para quienes pretendan “participar en actos sexuales con menores de edad o quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirse a la conducta”.
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