La nueva filtración mundial periodística, bautizada como FinCEN Files, revela el vínculo entre Rafael Advanced Defense Systems, una empresa israelí de seguridad con varias administraciones federales mexicanas que contrataron sus servicios, relación marcada, de acuerdo con un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por transacciones sospechosas de lavado de dinero, entre ellas a cuatro corporativos mexicanos.
Esta investigación fue presentada por Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI), uno de las organizaciones que en México formó parte de la revelación de las filtraciones.
De acuerdo con el texto, dicha compañía israelí llegó a México apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN) en 2009. Posteriormente fue contratada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y actualmente otros dos contratos están vigentes, uno con la Policía Federal y uno con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los panistas involucrados
En abril de 2013 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó transferencias de Rafael, que es una de las empresas armamentistas y de seguridad más grandes del mundo, sospechosas de lavado de dinero con, entre otras, panistas, como Antonio Lozano Gracia y José Luis Salas Cacho.
Lozano Gracia, desde principios de los 90′s, fue un político de alto perfil en el PAN. También fue el de titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio del priista Ernesto Zedillo. Previamente fue representante del PAN ante el recién creado Instituto Federal Electoral (IFE), cargo que compartió con José Luis Salas Cacho, un empresario regiomontano cuyo papel en las filas panistas era el vínculo con la clase empresarial. Este último también coordinó la campaña presidencial del panista Diego Fernández de Cevallos en 1994.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ubicó a ambos como sospechosos de transferencias que pudieran estar relacionadas con lavado de dinero.
Y es que, según indica MCCI, el 16 de abril de 2013, el banco alemán Deutsche Bank Trust Company Americas envió un reporte de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro, en el que revela que Rafael depositó de enero a marzo de 2013 alrededor de 135 millones 281 mil 963 de dólares a veinte compañías en el mundo, entre las cuales se encuentran tres empresas mexicanas y el despacho de abogados de Lozano Gracia. Las empresas mexicanas involucradas son Petrolatin S.A. de C.V.,Gestión y Desarrollo S.A de C.V., y Grupo Empresarial SACA S.A de C.V., esta última propiedad de José Luis Salas Cacho.
“Las transacciones detallan que algunos de los pagos fueron por productos electrónicos y otras facturas. De cualquier manera, el Deutsche Bank Trust Company Americas estuvo imposibilitado para confirmar el propósito comercial de estos pagos”, señala el Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).
Además, el Reporte de Actividad Sospechosa arroja que los bancos mexicanos utilizados para transferir los recursos sospechosos fueron Banamex y HSBC México. Las transacciones sospechosas de lavado de dinero entre Rafael y las empresas mexicanas ocurrieron entre enero y marzo de 2013.
El abogado Antonio Lozano Gracia y el dueño de Petrolatin, Héctor de la Garza, aceptaron para MCCI que Rafael depositó dinero en sus cuentas, mismo que señalan fue como pago por trabajos realizados para la empresa israelí, que agregan, consistió en ser intermediarios de Rafael con Pemex para gestionar legal y administrativamente un contrato, ya que la empresa extranjera no tenía todavía una subsidiaria en México.
Además detallaron que el contrato era para proteger los ductos para evitar el robo de combustible, y se firmó en noviembre de 2009, todavía durante la administración del panista Felipe Calderón. Indicaron que fue por 110 millones de dólares (uno mil 540 millones de pesos al tipo de cambio de 2009).
El sistema de Rafael integra software, sensores avanzados, aviones y hasta lanchas para evitar el robo de combustible. Lozano Gracia afirma que, dado que Rafael no tenía subsidiaria en México utilizaron los servicios administrativos y legales de esas tres empresas mexicanas y de su despacho de abogados.
Además, declaró a MCCI que desconoce los motivos por los cuales fueron señalados en un reporte de actividad sospechosa del Departamento del Tesoro. “No lo sé. Me parece que hablando de Pemex, de ventas de esta naturaleza, la materia, para nosotros es un servicio profesional, se pagaban facturas, algo transparente. Tal vez para alguien esto calificó (como sospechoso)”. También aseguró que el sistema contratado por Pemex a Rafael dejó de operar en 2012.
MCCI también indica que, Lozano Gracia y De la Garza, señalan al entonces gerente de seguridad de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz, como el responsable de haber dejado de utilizar el sistema de Rafael. Hoy Trauwitz está siendo investigado por la actual administración por robo de combustible.
Los contratos vigentes
Actualmente, Rafael tiene dos contratos vigentes, de los que los panistas consultados por MCCI se deslindaron. Uno es con la Policía Federal y otro con Pemex. El primero se concretó en diciembre de 2015, pero actualmente está en disputa en un tribunal y bajo investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras que el segundo fue celebrado con Pemex el 9 de marzo de 2018, con la finalidad de dar mantenimiento a los equipos de vigilancia en instalaciones terrestres y marinas. El contrato, 640218811, estipula que el monto mínimo es de 23 millones 319 mil 714 dólares (431 millones de pesos) y el máximo de 58 millones 299 mil 260 dólares (1 mil 78 millones de pesos, según el tipo de cambio de 2018).
Esta filtración periodística incluye más de 2.100 informes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por sus siglas FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para luchar contra el lavado de dinero.
BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que lideró un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero, entre ellos Infobae.
En México –donde los medios participantes fueron Proceso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab– el principal foco de atención está centrado en el lavado de dinero.
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