En octubre de 2017 Emilio Lozoya fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra por el millonario soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht, y que al parecer fue a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012, y su respuesta sonó a bravuconada.
Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, no. Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre
La declaración de Lozoya se dio durante la ceremonia en la que la Academia Mexicana de Derecho Internacional reconoció a su abogado Javier Coello Trejo y donde el ex funcionario adelantó que ya preparaba dos denuncias penales en contra del entonces titular de la Fepade.
Emilio Lozoya se sentía confiado. Seis días antes de esta afirmación, el 20 de octubre de 2017, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) había sido destituido del cargo “por faltar al código de conducta de la dependencia”, luego de que declarara al diario Reforma que había recibido presiones por parte del ex director de Pemex para que declarara públicamente su inocencia.
El fiscal destituido era Santiago Nieto Castillo, actual encargado de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, organismo que en mayo de 2019 congeló las cuentas de Lozoya Austin por posible corrupción.
“En el caso de Lozoya, el congelamiento de cuentas es una medida nacional. Hay elementos para hablar de casos de corrupción vinculados con su administración. Hemos encontrado nuevas triangulaciones de recursos, es lo que da soporte al bloqueo de dinero”, dijo el funcionario.
La Fepade bajo el mandato de Nieto Castillo, abrió en agosto de 2017 la carpeta de investigación para indagar si una parte de los USD 12 millones que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al PRI en la campaña de 2012.
Entre los elementos de la investigación había cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.
A pesar de las investigaciones de la Fepade y de que su nombre aparecía en la prensa de países latinoamericanos como uno de los funcionarios a los que Odebrecht les pagó dinero para conseguir concesiones, Lozoya libró la justicia durante el sexenio de Peña Nieto.
La situación de Lozoya cambió en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 10 años; y la UIF bloqueó sus cuentas bancarias y también las de su hermana Susana Gilda; y un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, por la compra fraudulenta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.
La Unidad de Datos del portal SinEmbargo halló en agosto 2017 información relevante en la fortuna de Lozoya cuando fue funcionario con Peña Nieto: además de la casa de 38 millones de pesos adquirida al contado, declaró relojes de oro y un Dalí de 50,000 dólares para acompañar su Picasso, de USD 500,000 dólares, según declaró en 2013, cuando apenas había tomado posesión como director de Petróleos Mexicanos.
En marzo de 2012 le habría pedido al ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, USD 4 millones como pago por haberlo ayudado a posicionar la compañía en Veracruz, según revelaron el diario brasileño O’Globo y la organización periodística mexicana Quinto Elemento Lab.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora había admitido que pagó unos USD 788 millones en sobornos en 12 países de latinoamérica y África, incluido el propio Brasil.
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