Las investigaciones por soborno y corrupción que realizan las autoridades mexicanas no incluyen, por ahora, el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), a pesar de que el diario estadounidense The Wall Street Journal hubiera publicado un artículo afirmando lo contrario.
Así lo confirmó este lunes Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Lo que estamos haciendo es desarrollar los procesos de investigación, la indicación que yo tengo del presidente (Andrés Manuel López Obrador) es muy clara: no vamos a solapar”, señaló.
Sin embargo, la investigación ha llevado al señor (Emilio Lozoya) y a sus cercanos
Además, Nieto dijo que, “hasta el momento, no" se investiga al ex mandatario y negó también que hubiera vínculos entre la mafia rusa y Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Peña Nieto que fue capturado en España hace un par de semanas.
Nieto se limitó a recordar que son 14 las cuentas congeladas a Lozoya, sus familiares y colaboradores. Además, la justicia mexicana, adelantó, ya solicitó la información sobre quién o quiénes son los propietarios del inmueble donde el ex funcionario se refugió en la ciudad de Málaga.
Las declaraciones del titular de la UIF contradijeron al WSJ, que citaron en su publicación una fuente anónima a la que identificaron como “un alto funcionario” del gobierno mexicano. De acuerdo con el diario, las indagatorias habrían formado parte de la investigación realizada a Lozoya.
Ahora mismo, el ex directivo de Pemex se encuentra en un proceso de extradición y está acusado por autoridades mexicanas de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos.
Hasta ahora, Lozoya es el primer ex funcionario de alto perfil del gobierno anterior que la administración de López Obrador ha detenido en relación con el Caso Odebrecht, una de las tramas de corrupción más grandes en la historia de Latinoamérica y que en México no ha sido investigado a profundidad por la justicia.
Y es que los lazos entre Peña Nieto y Lozoya son profundos. De acuerdo con la investigación realizada en su momento por Quinto Elemento, testimonios de tres ex ejecutivos del conglomerado brasileño revelaron las diferentes reuniones que sostuvieron con Lozoya cuando éste era una pieza importante en la campaña de Enrique Peña, cuyo triunfo parecía inevitable.
Los ejecutivos declararon ante la Justicia brasileña haber pagado sobornos a Lozoya a cambio de posicionarse en México y conseguir un aliado vital en el país para cuando comenzara la administración de Peña Nieto. Siempre de acuerdo con la narración de los hombres, se transfirieron entre nueve y USD 10.5 millones a cuentas de paraísos fiscales proporcionados por Lozoya.
En diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la presidencia, Lozoya fue nombrado director de Pemex, la empresa productiva del estado que se encontraba en caída libre y estaba a punto de atravesar un cambio radical: la entrada de iniciativa privada por primera vez en décadas.
En 2014, la administración de Peña Nieto otorgó de forma directa un contrato para la adecuación de plataformas y terrenos para reconfigurar la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, que con el paso de los años se hundió entre acusaciones de corrupción y sobreprecios que finalmente llevaron a su cancelación.
Los testimonios de los hombres de Odebrecht, entre ellos el director de Odebrecht México, Luis Alberto Meneses Weyll, Hilberto Alves da Silva, el efe del Departamento de Operaciones Estructuradas y Luiz Antonio Mameri, encargado de dar el visto bueno a los pagos de este tipo, admitieron que aquel era uno de los proyectos que buscaban conseguir a través de Lozoya.
El mismo López Obrador había precisado que no tenía conocimiento de una posible investigación contra su antecesor en el cargo. “No tengo esa información, no tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación en proceso contra Loyoza”, dijo, aunque añadió que la Fiscalía, por su autonomía, no tendría por qué informarle en caso de que existiera una.
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