La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está investigando a siete jueces y magistrados por diversos delitos, entre ellos, delincuencia organizada, informó su titular Santiago Nieto Castillo.
Al acudir al Sorteo Superior 2624 de la Lotería Nacional, el funcionario detalló que además del caso del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue vinculado a proceso por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), existen otras indagatorias a integrantes del Poder Judicial por presuntos nexos con el crimen organizado y corrupción política.
“Tenemos siete casos más denunciados”, manifestó. Cuestionado sobre si estos casos están ligados al crimen organizado, el funcionario respondió: “Es correcto. Y además hay también unos casos a nivel local que estamos analizando en varios estados de la República”.
Nieto Castillo recordó que la UIF tiene 884 cuentas congeladas por montos de más de 5,315 millones de pesos y USD 47 millones.
Agregó que el último paquete tuvo que ver con 146 personas en 36 acuerdos de bloqueo relacionados con diversos carteles que habían sido ya identificados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Comentó que la Unidad “está en un proceso de recopilación de la información para saber cuáles son los montos totales de estos grupos, pero lo importantes es que el dinero no siga fluyendo en las estructuras financieras”.
Por otra parte, señaló que la UIF está impulsando una reforma en la Cámara de Diputados para poder mejorar el procedimiento de congelamiento de cuentas y dar cumplimiento a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Nieto Castillo comentó que hay el compromiso por parte del Poder Judicial para evitar que se descongelen cuentas a través de interpretaciones legales. Y combatir la presencia del crimen organizado que afecta a la población.
“Hay ya un compromiso con la nueva administración del poder judicial para efecto de poder combatir y particularmente con los cambios del consejo de la judicatura federal para poder evitar que, a través de interpretaciones, puedan liberarse cuentas que beneficien a los grupos criminales”.
Concluyó que no se ha solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que sean congeladas cuentas de algún ex presidente de México.
A finales de noviembre, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por sus presuntos vínculos con el CJNG. Días después un juez de control lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
En una audiencia en el Centro de Justicia Penal federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Avelar no pudo acreditar el origen lícito de 12, 020,474 pesos, que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró le fueron depositados en su cuenta bancaria en 2011. El juez de control ordenó el traslado de Isidro Avelar al penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, por ser el más cercano a su lugar de residencia en el que se podrá garantizar de mejor forma su seguridad.
El gobierno de Estados Unidos ha señalado al magistrado de tener nexos con el CJNG y su célula financiera Los Cuinis. Su aprehensión derivó de una orden de captura girada en su contra luego de que el Consejo de la Judicatura Federal detectara irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales ilícitos.
Además, el pasado 17 de mayo, el gobierno estadounidense acusó al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de los presuntos delitos de corrupción y colaborar con el narcotráfico. El Departamento del Tesoro ligó al ex mandatario priista con el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo señaló tanto a él como al magistrado Avelar Gutiérrez de recibir sobornos de esa organización criminal.
También, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga las cuentas del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, quien en sólo cuatro años (2013-2017), cuadruplicó sus ingresos.
En octubre, el diario Reforma publicó que las autoridades investigan depósitos y manejos millonarios en sus tarjetas, así como la compra de inmuebles, como el de un departamento de 6.8 millones de pesos en Lomas de Chapultepec.
El periódico tuvo acceso a documentos oficiales y confirmó que, en sus últimas declaraciones anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Vargas Valdez tuvo una evolución extraordinaria de sus ingresos.
Por ejemplo, en abril de 2013 cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, José Luis Vargas declaró ingresos por 1,791,000 pesos, y para 2017, ya como magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7,270,317 pesos.
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