La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, investiga las cuentas del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, quien en sólo cuatro años (2013-2017), cuadruplicó sus ingresos.
De acuerdo con el periódico Reforma, las autoridades investigan depósitos y manejos millonarios en sus tarjetas, así como la compra de inmuebles, como el de un departamento de 6.8 millones de pesos en Las Lomas de Chapultepec.
El diario tuvo acceso a documentos oficiales y confirmó que en sus últimas cinco declaraciones anuales ante Hacienda, Vargas Valdez tuvo una evolución extraordinaria de sus ingresos.
En abril de 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, José Luis Vargas declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos; para 2017, ya como Magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317.
Tan sólo en su primer año como Magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2016, Vargas Valdez, quien ha estado ligado a los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), incrementó sus ingresos en un 54%.
Al asumir el cargo reportó ingresos por 3 millones 334 mil pesos, siendo que sólo habría cobrado dos meses de salario como Magistrado y un proporcional de aguinaldo; un año después duplicó sus ingresos para quedar en poco más de 7 millones.
De acuerdo con Reforma, el ingreso anual del Magistrado podría llegar a los 4,51 millones de pesos al año, lo que daría un sueldo mensual de más de 375,800 pesos al mes. Sin embargo, en el 217 declaró ingresos que superaron los 6.7 millones de pesos, lo que significa un 67% más a sus ingresos anuales en el Tribunal.
A pesar de sus altos ingresos, que superan a los del presidente de la República, Reforma detalla que el Magistrado también cuenta con varios “apoyos” salariales como son: 25.000 pesos mensuales para alimentación, 3.000 pesos para dos celulares, 7 automóviles (2 de ellos blindados), vales para gasolina para disponer de 140 a 520 litros al mes por vehículo, así como 4 escoltas.
De acuerdo con el diario de circulación nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera también tiene reportes de movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos durante dos años, entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express a nombre del Magistrado.
Otro movimiento presuntamente irregular en sus cuentas corresponde a un depósito de 500 mil pesos del Gobierno de Sonora, lo cual ha llamado poderosamente la atención, ya que los Magistrados electorales están impedidos por la Constitución, para recibir otros ingresos laborales o profesionales que no sean los de su encargo judicial.
El Artículo 101 de la Constitución señala que los Magistrados del TEPJF no pueden aceptar ni desempeñar ningún empleo o encargo gubernamental o de particulares, salvo labores académicas no remuneradas.
También son revisados en sus cuentas tres depósitos en efectivo: uno del 2016 por 400 mil y otros dos en 2018, año en que tomó decisiones electorales trascendentales, uno por 200 mil pesos, operado el 13 de julio, y otro por 220 mil, el 17 de septiembre.
Este lunes durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el caso del Magistrado Vargas Valdez debe ser investigado a profundidad para “no hacer juicios sumarios” al tiempo que reveló que el titular de la UIF Santiago Nieto, lo ha buscado, pero no ha podido recibirlo.
Los sueldos excesivos
El Poder Judicial mexicano ha sido constantemente señalado por los altos sueldos de sus integrantes, por lo que desde antes de que arrancara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se anunció que ningún empleado del gobierno podría ganar más que el presidente de la República.
La advertencia derivó en protestas del Poder Judicial. En diciembre de 2018, un grupo de jueces y magistrados negó que se perciban salarios de más de 600 mil pesos mensuales, y acusaron que se buscaba debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho.
Las diversas inconformidades derivaron en la impugnación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal del país señaló que era falso que alguien ganara más de 600 mil pesos al mes.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el salario más alto en el Poder Judicial era de 269 mil 215 pesos mensuales.
La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada el pasado 10 de octubre, señala que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, quien actualmente recibe un sueldo mensual de 108.656 pesos, lo que representa un sueldo anual de 1,303,872.
Para el 2020, el primer mandatario ganaría 111,990 pesos netos (un aumento de 3.06%), pero si se toman en cuenta todas las prestaciones, sus ingresos equivaldrían a 143,054.50 pesos mensuales.