El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la Ley Estatal de Salud para incoporar una objeción de conciencia a los médicos, lo que les permite negar sus serviciós con base en sus creencias filosóficas, religiosas, morales, humanitarias o políticas.
Las reformas son sobre el artículo 48 de la ley mencionada. Los legisladores definieron la objeción de conciencia como “la actitud de quien se niega a obeder una orden de autoridad o un mandato lega invocando la exitencia, en su fuero interno, de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico”.
Esto quiere decir que cuando una práctica médica represente una contradicción para las convicciones del profesional de la salud, éste podrá negarse a hacerla. "Es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales”, expuso la diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, del Partido del Trabajo (PT).
Al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud se le modificó la fracción IV, que quedó de la siguiente manera: “El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación del servicio que establece esta ley”. El dictamen fue aprobado con 36 votos a favor y seis en contra.
El Movimiento por la Igualdad en Nuevo León expuso que la reforma permite a los médicos cometer actos de discriminación contra personas de la comunidad LGBT, migrantes, indígenas o una mujer que pretenda someterse a una interrupción del embarazo cuando éste sera resultado de una violación.
La organización señaló que esta reforma promueve la protección de las creencias personales y religiosas por encima de la salud de las personas.
El Artículo 4 de la Constitución mexicana dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, sin embargo faculta a la federación y las entidades para definir las bases y modalidades para el acceso a estos servicios.
Los legisladores argumentaron que la iniciativa aprobada se apega a los tratados internacionales a lo que México está suscrito, así como a la Constitución mexicana en su artículo quinto, el cual dice en su párrafo tercero que “nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personles sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”.
No es la primera polémica desatada en Nuevo León con respecto a los derechos humanos. En febrero de este, la Suprema Corte de justicia de la Nación legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en esa entidad, que fue calificada como histórica por la coordinadora del Movimiento por la Igualdad, Jennifer Aguallo.
“Les debió caer como bomba [a los legisladores] porque se han negado a otorgar nuestros derechos” dijo Aguallo afuera del Congreso.
El 6 de marzo, los legisladores aprobaron por mayoría una reforma al Artículo 1 de su Constitución para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con lo que penalizaban el la interrupción del embarazo y la eutanacia. Mujeres salieron a las calles para manifestarse en contra de la medida, argumentando que limita el derecho de ellas a decidir sobre su cuerpo.
La actual reforma que permite la objeción de conciencia a los médicos da más elementos al personal de salud para negarse a practicar el aborto a una mujer.
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