El gobierno de Enrique Peña Nieto desbloqueó cientos de cuentas bancarias ligadas al Cártel de Sinaloa

Las irregularidades cometidas durante la administración de Enrique Peña Nieto siguen aflorando.

Y es que la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el desbloqueo de al menos 722 cuentas bancarias, varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el periódico Reforma, las autoridades hacendarias encontraron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la administración de Enrique Peña Nieto, descongeló dichas cuentas seis meses antes de que terminara el sexenio.

"La liberación de todas las cuentas se registró en junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, indicaron funcionarios actuales del Gobierno federal", informó el diario.

De acuerdo con las investigaciones, los oficios fueron firmados por el ex director general de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, quien es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Según la información del diario, el desbloqueo de las 722 cuentas bancarias se realizó en junio de 2018 y están involucrados recursos que, aunque tenían reporte de sospecha de lavado de dinero, no se presentó denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).

De acuerdo con las fuentes citadas por Reforma, hubo otros casos de cuentas de particulares y empresas que se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, sin que se solicitara su aseguramiento, "medida adicional que por lo regular también pedía la UIF".

De enero de 2013 a enero de 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo encabezada por Alberto Bazbaz Sacal, después de ese periodo, sólo hubo un encargado de despacho.

"Cuando Bazbaz fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CIsen), una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la Administración de Peña Nieto", abundó Reforma.

Santiago Nieto: el hombre que está cercando al ex presidente Enrique Peña

El círculo en torno a la figura del ex presidente Enrique Peña Nieto se va estrechando cada vez más.

Y es que para Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, no es posible que el ex mandatario desconociera los actos de corrupción que se llevaban a cabo en su gobierno.

En entrevista con Aristegui Noticias, Santiago Nieto admitió que ya se están investigando las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que termine el 2019 tendrán completo el expediente.

"Creo que Peña NIeto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción", dijo.

El titular de la UIF sostuvo que los casos de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles; del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, están siendo tomados en cuenta en la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto.

"Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación," dijo.

"Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción", sostuvo.

Rosario Robles (detenida el pasado martes 13 de agosto por el delito del ejercicio indebido del servicio público por los desvíos de recursos públicos en la Sedesol, lo que fue conocido como la Estafa Maestra) aseguró que ella le avisó al ex presidente Enrique Peña NIeto sobre las irregularidades en la Sedesol, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por su parte, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia debido a que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra: una por la compra con sobreprecio de la Planta de Agro Nitrogenados, cuando era director de Pemex y otra por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.

Ante el asedio judicial y desde alguna parte del mundo, Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex presidente del Consejo de Pemex y ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agro Nitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el anterior sexenio y considerado uno de los más cercanos colaboradores del expresidente.

Quien también ha señalado a Enrique Peña, es el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien en una entrevista con el periódico Reforma el pasado 8 de julio, aseguró que el ex presidente le había dado dinero para ayudarlo porque tenía "cargos de conciencia" por la persecución que padecía.

El lunes 26 de agosto, el periódico Reforma aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Peña Nieto solicitó que Javier Duarte siga su proceso fuera de prisión, pero fue desmentido por el exgobernador.

En entrevista para Radio Fórmula, Duarte de Ochoa afirmó que la información es ilógica, pues "lejos de ayudarlo", la UIF lo ha perjudicado, ya que "ellos fueron los que me amenazaron y quienes han perseguido a mi familia".

Sobre la reclasificación del delito de delincuencia organizada por el de lavado de dinero, Duarte aseguró que ocurrió por 2 razones: la primera porque era insostenible como las propias autoridades que lo fabricaron lo reconocen y la segunda por la extorsión de la que dice, fue víctima.

Duarte también dio a conocer que fue admitido el recurso de amparo que presentó por la violación a sus derechos humanos.