Explota el caso Collado: involucran a Peña Nieto, Salinas y al gobernador de Querétaro

Sergio Hugo Bustamante Figueroa, el empresario inmobiliario que presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel al abogado Juan Antonio Collado Mocelo, reveló que los verdaderos propietarios de la empresa Libertad Servicios Financieros son presuntamente los expresidentes Carlos Salinas de Gortari,  Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Collado Mocelo fue detenido en un restaurante en las Lomas de Chapultepec. Se lo acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México al abogado, famoso por su cercanía con el mundo de la política, principalmente con integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En una comparecencia ante la Fiscalía General de la República, el pasado 10 de junio,  Bustamente Figueroa, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, dijo que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del gobernador queretano.

El empresario denunció haber sido defraudado por Collado en una operación relacionada con la compra de un inmueble de 156 millones de pesos en donde se construyó un edificio de seis pisos de oficinas y seis de estacionamiento, en la Zona Comercial Centro Sur de la capital del estado.

"Quisiera mencionar que el señor José Antonio Rico Rico (su exsocio en la inmobiliaria y expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad), en una ríspida plática que tuvimos, recién descubrí el fraude que me había cometido, repito, el señor Rico me comentó textualmente 'tu pinche parte del edificio y otros dineros" (refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio) se los dimos a Pancho Domínguez para su campaña', se refería al que en ese momento era el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Querétaro, mismo que gracias entre otros al impulso económico financiero ilegal de estos personajes, resulta electo como gobernador", declaró Bustamante.

"Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros".

Bustamante Figueroa, el denunciante, afirma que Jesús Beltrán González, cuando fungía como director General de Libertad Servicios Financieros, le corroboró que los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular eran los políticos y el casinero Rodríguez Borgio.

"Esta persona (Beltrán), como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio", reiteró el denunciante.

"No cuento con número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de Jesús Beltrán González, quien fue la persona que elaboró los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, S.A. DE C.V. S.F.P., mencionándome éste que, él guarda copia de los contratos que mencionó para su protección".

De acuerdo con la orden de aprehensión librada el pasado sábado por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, de momento no están incluidos los políticos y el empresario , dueño de casinos, en la lista de personas buscadas por la justicia, aunque la investigación de la FGR continúa en curso.

Además de Collado, los mandatos fueron librados contra el empresario José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, quienes continúan prófugos de la justicia.

En el 2014 , la empresa Libertad Servicios Financieros fue investigada por su vínculo con la empresa Oceanografía y su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

Francisco Javier Rodríguez Borgio, propietario de caja Libertad,  y su hermano Oscar, fueron investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por su sociedad con Amado Yáñez Osuna, socio mayoritario de Oceanografía, firma intervenida e investigada por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal por el gobierno federal.

En marzo de ese mismo año, uno de los socios de Amado Yáñez, propietario de Oceanografía involucrado en la investigación de un fraude por 400 millones de dólares a Banamex, fue relevado de la presidencia del consejo de administración de la caja de ahorros Libertad, de Querétaro, como parte de una investigación que incluye el congelamiento de 50 de cuentas bancarias.

Rodríguez Borgio también es dueño de los casinos Big Bola y dirige el grupo gasolinero GGM en Querétaro, junto con su Martín Díaz Álvarez.

Díaz Álvarez ha sido asociado con el delito de lavado dinero, al comprar gasolina robada a Petróleos Mexicanos, para luego venderla mediante su empresa, el Grupo Gasolinero México. Además, esta persona, fue la que logró que actualmente Libertad Servicios Financieros cuente con una amplia red de préstamos para empleados de la paraestatal.

Martín Díaz Álvarez llegó a la Caja Popular Libertad como socio y después se involucró, junto con José Antonio Rico, en la desaparición de la sociedad cooperativa. Esto supuso que gran parte de los antiguos socios, quienes eran partícipes del capital activo y pasivo de la institución, fueran defraudados.