El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una lucha diaria para muchas personas en ciudades como Madrid, España, donde los precios de los alquileres están descontrolados. Es una situación que Valeria Racu, vocera del Sindicato de Inquilinas, conoce de cerca, lo que la llevó a compartir una experiencia que ha resonado, generando más de 2.000 reacciones en redes sociales.
Su relato expone con claridad las dificultades que enfrentan quienes buscan alquilar una vivienda y plantea soluciones que invitan a repensar el sistema inmobiliario en la capital española.
Ella y su pareja fueron a ver un piso de tres habitaciones en el barrio de Carabanchel, cuyo alquiler ascendía a 1.400 euros. Sin embargo, según explicó, el índice de precios indicaba que el valor debería oscilar entre los 550 y 750 euros.
Este desfase, que afecta no solo a este barrio sino a toda la ciudad, es un síntoma de la falta de regulación efectiva en los precios de los alquileres. “No podemos pagar esos precios, porque, sinceramente, esto es insostenible”, lamentó Valeria en el podcast “Saldremos Mejores”.
La situación que describe no es aislada. Los precios en Madrid han experimentado un aumento constante en los últimos años, impulsado por la alta demanda y una oferta que, en muchos casos, se destina a usos turísticos o a inversiones de grandes fondos. Las familias y personas trabajadoras quedan así atrapadas en una espiral de precios imposibles de asumir, lo que genera tensiones en el acceso a la vivienda.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha sido clara en su postura: el problema no se soluciona simplemente con limitar los precios a los niveles actuales. “Lo que hay que hacer es bajar los alquileres y luego regularlos”, afirmó Valeria, abogando por una intervención decidida en el mercado. Además, propone revisar las políticas fiscales aplicadas al sector inmobiliario, sugiriendo que las bonificaciones que actualmente benefician a los grandes propietarios se reorienten para favorecer a los inquilinos.
Estas propuestas se alinean con las demandas de varios movimientos sociales que piden una mayor implicación del gobierno para controlar los precios de los alquileres y garantizar el acceso a la vivienda.
A su vez, uno de los aspectos más polémicos que Valeria señaló es la venta de viviendas públicas a fondos buitre, una práctica que, según ella, ha contribuido a la situación actual del mercado inmobiliario. “Si no hubieran acabado en manos privadas, tendríamos un 40% de parque público estatal”, aseguró.
Finalmente, Valeria denunció la presión que sienten los inquilinos ante empresas que intervienen en los desalojos de forma extrajudicial. “Ya no nos echa de casa la policía. Si tu casero quiere poner un piso turístico, te va a mandar a una empresa y le da igual que tengas un contrato de 5 o 7 años”, enfatizó.