Denunciaron una presunta estafa con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos que involucraría a futbolistas argentinos

Una denuncia penal presentada en La Plata puso bajo investigación una presunta maniobra con inversiones inmobiliarias en Baltimore, Estados Unidos, que habría captado al menos USD 2.679.000 de empresarios, profesionales y futbolistas argentinos. Los denunciantes sostienen que entregaron dinero para comprar, refaccionar y alquilar casas, pero que en varios casos los inmuebles no fueron transferidos a las sociedades creadas para administrarlos y las rentas prometidas no fueron rendidas.

La presentación fue dirigida a la Fiscalía General platense y lleva las firmas de Héctor Daniel Remorini, Pablo Gustavo Tomás, María Laura Maillo y el contador Emiliano Ezequiel Galletti, que administraba inversiones propias y de terceros, entre ellos futbolistas y personas vinculadas al deporte. Los denunciantes cuentan con el patrocinio letrado de Ignacio Fernández Camillo, quien además actúa como apoderado de siete inversores. Entre ellos figuran los futbolistas Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Lucas Rodríguez, Juan Francisco Brunetta y Gonzalo Maroni, además de Facundo Fraga y Alejandro Gastón Mena.

El escrito pide investigar posibles delitos de estafa y asociación ilícita. Las personas denunciadas son Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Müller y César Humberto Fernández, además de otros eventuales responsables que puedan surgir de la investigación. También se menciona a la inmobiliaria Falcioni Propiedades por su supuesta intervención en una de las operaciones. La denuncia no implica una condena ni una definición sobre responsabilidades penales.

La inversión ofrecía casas renovadas y una renta anual de hasta 11 %

De acuerdo con la denuncia, la propuesta consistía en aportar capital desde la Argentina para adquirir propiedades en Baltimore, realizarles reformas y alquilarlas. La administración de los inmuebles, los trámites societarios y bancarios y las liquidaciones de gastos e ingresos quedaban, según los denunciantes, en manos del grupo que promovía el negocio.

La oferta se presentaba como una inversión “llave en mano”, con viviendas refaccionadas o listas para su locación y una rentabilidad anual estimada de entre 10 % y 11 %. Para instrumentar las compras, los aportantes debían constituir sociedades de responsabilidad limitada en Estados Unidos, conocidas como LLC.

Según la presentación, la operatoria tuvo reuniones informativas en hoteles de La Plata, incluida una realizada en julio de 2021, y en Puerto Madero. El escrito también describe entregas de dinero en efectivo en territorio argentino, en algunos episodios dentro de una inmobiliaria, seguidas de comunicaciones sobre remodelaciones, contratos de alquiler y supuestas liquidaciones mensuales.

El diario El Día informó que la denuncia quedó radicada ante la UFIJ N.º 3 y el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de La Plata.

Un inversor denunció que pagó USD 130.000 y la casa no fue transferida

Uno de los hechos relatados corresponde a Remorini, quien asegura haber entregado USD 130.000 en noviembre de 2023 para adquirir una vivienda situada en 2107 Wilhelm Street, en Baltimore. De acuerdo con el escrito, el pago se concretó en la sede de Falcioni Propiedades y la constancia de la operación contemplaba que USD 6.000 se descontarían de futuros alquileres en concepto de gastos administrativos.

El denunciante afirma que la vivienda debía ser transferida a su sociedad, ENIS LLC, tras un proceso de renovación que se estimaba en cinco meses. Sin embargo, sostiene que nunca recibió la titularidad registral del inmueble ni se concretó la apertura de la cuenta bancaria que se había previsto para percibir las rentas.

Tras viajar a Estados Unidos en mayo de 2025, Remorini asegura que recibió una copia de un supuesto contrato de alquiler. Meses después, según su versión, una empresa de títulos le informó que la propiedad todavía pertenecía a FPBC LLC y que tenía multas, servicios impagos y otras infracciones que impedían la transferencia. La denuncia calcula en USD 20.569 el saldo de alquileres que habrían quedado pendientes desde junio de 2024.

Otra operación por USD 130.000 quedó bajo cuestionamiento

Tomás y Maillo relataron tres inversiones. En una de ellas, vinculada a una casa de 2311 E. Madison Street, sostienen que entregaron USD 130.000 entre agosto y septiembre de 2025. Según su denuncia, el dinero fue aportado a través de intermediarios por indicación de Plastino y tenía como destino exclusivo la compra de esa propiedad.

La presentación señala que, pese a que recibieron liquidaciones y depósitos identificados como alquileres del inmueble, nunca obtuvieron la escritura a nombre de Patagonia Investment LLC. Los denunciantes afirman que, en julio de 2026, contactaron al propietario registral de la vivienda, quien les habría dicho que no autorizó la venta en las condiciones expuestas ni recibió el dinero de la presunta operación.

El escrito también describe una inversión de cerca de USD 95.000 en 1803 McKean Avenue. En ese caso, Tomás y Maillo plantearon que la casa no estaba registrada a nombre de Inmolatina LLC y que las direcciones 1801 y 1803 correspondían a un único inmueble que no habría sido subdividido legalmente. Como alternativa, aceptaron la cesión de una sociedad vinculada al bien, sin desistir de los reclamos por el resto de los capitales aportados.

Los denunciantes piden reconstruir el recorrido del dinero

Galletti afirmó que conoció la propuesta en 2021, luego de contratar trabajos de reforma para una propiedad propia en Baltimore. Más tarde, dijo haber invertido recursos propios y administrado fondos de clientes, entre ellos personas ligadas al fútbol profesional. La denuncia menciona la adquisición inicial de seis casas durante febrero y marzo de 2022.

La presentación atribuye a distintos integrantes de la estructura funciones en la captación de inversores, la recepción de efectivo, la administración de las propiedades, el envío de liquidaciones y la constitución de sociedades. También cuestiona la correspondencia entre los resúmenes de alquileres recibidos y la situación real de los inmuebles.

Los denunciantes solicitaron que se incorporen conversaciones, audios, archivos audiovisuales, constancias de pago, datos registrales y documentación societaria. Además, requirieron que la investigación determine quién recibió los fondos, qué destino tuvieron, quién cobró los alquileres y si las operaciones integraron una misma maniobra. Hasta el momento, la denuncia requiere medidas de prueba y no hay una resolución judicial sobre el fondo de las acusaciones.