El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó además su prisión preventiva por dos meses y fijó un plazo de seis meses para el avance de la investigación.
La decisión fue tomada durante una audiencia de formalización solicitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA). El exjefe comunal fue detenido luego de haberse presentado en una dependencia de la Policía de Salta, tras permanecer prófugo desde el sábado pasado.
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La investigación apunta a una estructura que habría utilizado empresas y contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas para incorporar al circuito legal fondos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.
Los investigadores también analizan si parte de esos recursos se destinó a la compra de votos durante la campaña electoral de 2023 y a la protección de funcionarios. Esos extremos forman parte de la acusación y deberán ser probados durante la investigación judicial.
La pesquisa comenzó cerca de dos años atrás y, de acuerdo con la fiscalía, las maniobras bajo análisis continuaron aun después de que Martínez dejara la intendencia, en septiembre de 2024.
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En la audiencia intervinieron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, en representación de PROCUNAR NOA; el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia, y el fiscal Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El sábado 3 de octubre de 2026, Gendarmería Nacional realizó 32 allanamientos en el marco de la causa federal. En los procedimientos fueron detenidas 11 personas, entre ellas familiares de Martínez y dos contadores, según la información difundida sobre el expediente.
El martes 6 de octubre, la fiscalía imputó a ese grupo por su presunta participación en la organización investigada. Siete de los acusados quedaron con prisión preventiva, mientras que los restantes recibieron medidas menos restrictivas.
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Sin embargo, Martínez no fue detenido durante esos procedimientos ya que según expusieron los investigadores, habría tenido información anticipada sobre los operativos. El exintendente se presentó el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán, donde quedó a disposición de la Justicia.
El juez Gustavo Montoya, imputó a Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos y ordenó su prisión preventiva por dos meses. La medida fue solicitada por la fiscalía, que advirtió riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El exintendente será trasladado al penal de Villa Las Rosas.
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La defensa del exintendente cuestionó la medida y alegó problemas de salud, en particular antecedentes de intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, la única constancia médica presentada durante la audiencia databa de cuatro meses atrás.
Frente a ese planteo, la fiscalía presentó documentación de la clínica donde Martínez había sido atendido. Según expusieron los acusadores, esos registros indicaban una evolución favorable de su estado de salud.
Para fundamentar la prisión preventiva, los fiscales también aludieron a la cercanía de Aguas Blancas con Bolivia, a la capacidad económica que le atribuyen al exfuncionario y a las relaciones que habría mantenido en la región a partir de su trayectoria política. A criterio de la fiscalía, esos factores incrementaban el riesgo de que se sustrajera nuevamente de la Justicia.
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La situación judicial de Martínez registra antecedentes desde noviembre de 2023, cuando su hermano César “Oreja” Martínez fue asesinado en San Ramón de la Nueva Orán. En abril de 2024, la vivienda del entonces intendente de Aguas Blancas fue allanada en el marco de esa investigación.
En septiembre de ese año, Martínez fue detenido bajo sospecha de haber entorpecido la pesquisa por el homicidio. La causa analizaba una presunta filtración de información reservada sobre medidas judiciales. En octubre de 2024, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.
La investigación actual tramita en el fuero federal y aborda hechos distintos: la presunta existencia de una organización destinada a lavar activos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otros delitos. Aunque ambos expedientes involucran a Martínez, se trata de procesos separados.
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