
A mediados del mes pasado, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó al Departamento Delitos Fiscales de la PFA el allanamiento y detención de once sospechosos, acusados de integrar una asociación ilícita insólita. Esta obscena estructura que revela, por primera vez en la historia Argentina, el vínculo corrupto entre funcionarios públicos y la mafia china.
El principal detenido es un ex funcionario de la Municipalidad local, Jonatan Emanuel Reyes, el antiguo jefe de la Subsecretaria de Convivencia y Control Ciudadano, acusado de tráfico de influencias investigado por su vínculo con Ke Deqiang, alias “Matías”, un capo mafia que se presume muerto, según rumores del submundo, aunque el fiscal Condomí Alcorta nunca vio su tumba, mucho menos un certificado de defunción.
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Deqiang, según la causa, tenía “alquilado” a Reyes, para comprar y vender habilitaciones, clausuras, permisos para vender alcohol. Reyes, que terminó detenido, trataba en chats encontrados en la causa al capo de “gato”, “pelotudo” y “gil”.
Deqiang, alias “Matías”, registrado como supermercadista en la AFIP de ese entonces, con actividad comercial en el país desde 2006, decía ser un referente de su comunidad, un máximo referente de la supuesta Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de la ciudad de La Plata, Beriso y Ensenada. Esta semana, Condomí y la PFA allanaron la sede de la Cámara en la calle 50. Lo que encontraron fue, al menos, interesante.
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Ningún directivo de la asociación se presentó en el allanamiento, autorizado por el juez Agustín Crispo; solo llegó un hombre que se identificó como abogado de la entidad. La supuesta Cámara, para empezar, no presentó papeles que muestren su inscripción oficial, algo que fue requerido por el fiscal del caso.
El allanamiento, básicamente, fue por las malas. Inicialmente se había librado una orden de presentación. Allí fue identificado un miembro de la Cámara que se negó a aportar la documentación solicitada por los detectives de la Federal. Ante la negativa, el fiscal pidió allanar.
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Condomí Alcorta busca esclarecer “el funcionamiento de la entidad” y quiénes fueron “las personas que habrían ocupado distintos cargos dentro de su estructura”.

Entre los elementos encontrados “aparecen registros vinculados con el organigrama de la Cámara y documentación destinada a individualizar a las personas responsables de sus distintas áreas desde 2018 hasta la actualidad”, asegura una fuente del caso.
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Luego, aparecieron documentos más jugosos: copias de denuncias policiales que contienen fotos en las que se observan amenazas escritas, aparentes discursos o documentos donde se menciona al directorio de la entidad, direcciones de locales comerciales con sus dueños, talones de pago y -lo más llamativo de todo- acuerdos de colaboración entre la Cámara y casas de juegos.
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