Corrientes: buscan subir la pena de dos narcos que mataron a una joven mientras circulaban con 280 kilos de marihuana

Marcelo Ferreyra y Miguel Ángel Da Rosa fueron condenados a 7 y 4 años de prisión por el hecho cometido en mayo de 2024. La batalla que dará la Fiscalía General para incrementar la sentencia

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La maestra jardinera que murió tras ser atropellada por dos narcos en Corrientes
La maestra jardinera que murió tras ser atropellada por dos narcos en Corrientes

Era 22 de mayo de 2024. Marcelo Ferreyra y Miguel Ángel Da Rosa, ambos narcotraficantes, habían partido de San Javier (Misiones) a las 9.30 y se dirigían hacia el sur. Iban con una misión: trasladar 280 kilos de marihuana en 9 paquetes escondidos en un Renault Fluence.

El auto principal lo conducía Ferreyra. Da Rosa marchaba por delante, a una prudente distancia, en un Chevrolet Prisma. Era el auto de apoyo, encargado de escanear la ruta y detectar controles policiales.

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Sin embargo, mientras transitaban por la ruta provincial 94, a la altura de Santo Tomé, Ferreyra hizo una maniobra arriesgada. A alta velocidad, intentó un sobrepaso en el puente sobre el arroyo Ita Cuá. El Fluence terminó impactando una motocicleta de 110 cm³ conducida por Manuela Jaqueline Ponce. La muchacha, de 21 años, perdió la vida. Ferreyra abandonó vehículo, la carga y huyó en el Prisma con Da Rosa.

Manuela, a quien todo el mundo conocía como “Nela” hace poco había terminado un curso de cosmetología y vendía productos de belleza. Trabajaba en una panadería con su novio. Y además estudiaba para cumplir su anhelo: ser maestra jardinera. Todos esos sueños se evaporaron en un instante fatal a las 15.59.

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Dos años después, el dúo de narcos fue condenado por la Justicia. A Marcelo Raúl Ferreyra se le impusieron 7 años como autor del delito de transporte de estupefacientes. A su cómplice, Miguel Ángel Da Rosa, se lo condenó a 4 por ser partícipe secundario.

Sin embargo, la acusación oficial considera que la pena es insuficiente. Ahora, apelará a Casación y comenzará una batalla judicial para elevar la pena.

Las condenas

Ambos delincuentes se marcharon juntos del lugar del accidente. Pero luego se separaron. Fueron capturados días después. La reconstrucción a través de filmaciones fue clave para determinar cómo fue el modus operandi.

Al momento del hecho, Ferreyra tenía 50 años. Era comerciante y farmacéutico. De allí su apodo de “Botica”. Este factor, para la acusación, demuestra que poseía un mayor conocimiento sobre sustancias y un deber especial de legalidad. Da Rosa había llegado a los 55. Era pensionado y remisero.

Por la muerte de Manuela Ponce Ferreyra recibió una pena de 5 años. Sobre su cabeza también pesa un juicio abreviado por narcotráfico donde acordó 4 años.

La Fiscalía Federal de Corrientes pretendía que se sancione a ambos narcos con 14 años de cárcel como coautores del delito de transporte de estupefacientes.

En el alegato, la acusación señaló que era fundamental tener en cuenta la naturaleza de la acción y la forma en la que se ejecutó el delito. En particular, subrayaron el hecho de que abandonaron a una persona que habían chocado. Y remarcaron los medios empleados, es decir los instrumentos, armas o estrategias que usó el autor para cometerlo.

Los fiscales no creyeron en el arrepentimiento que expresaron los acusados. Y evaluaron que, si bien no se juzgaba la muerte de “Nela” en ese juicio, el episodio no podía ser dejado de lado a la hora de merituar la conducta de Ferreyra y Da Rosa.

El argumento fiscal fue que el deceso de la joven fue consecuencia de la ejecución del transporte de la marihuana. Asimismo, pusieron sobre la mesa que hay una familia que perdió sin su hija y su hermana, una sociedad que se quedó sin una educadora. “Ese día fue ella, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. La comunidad entera estuvo en riesgo”, fue una de las frases de más impacto a la hora de los alegatos de cierre.

Por el peso de estos razonamientos, ni bien se conoció la sentencia la Fiscalía tomó la decisión de apelar. El caso será llevado a Casación. La acusación pública pedirá que se aumente la pena, al menos, hasta valores cercanos a los requeridos. La causa pasará ahora a Comodoro Py, donde estará la última palabra.

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