La detención de ocho policías de la Seguridad Vial bonaerense por una red de extorsión en la ruta nacional 8 desató un escándalo de coimas en la localidad de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires, y alrededores, llegando hasta Junín y Pergamino.
La investigación judicial, que comenzó a partir de una investigación realizada durante un año por el Departamento Judicial Pergamino, quedó a cargo de la fiscal de instrucción de Colón, Magdalena Brandt, quien ordenó las detenciones y allanamientos avalados por el juez de Garantías César Solazzi.
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Los uniformados acusados operaron un sistema de recaudación ilegal desde enero de 2024 hasta noviembre de 2025 en el cual se registraron más de 300 transferencias sospechosas y movimientos por encima de los 23 millones de pesos.
De acuerdo con esa pesquisa, los pagos los realizaban transportistas y conductores para evitar multas, secuestros de vehículos, retención de documentación o la apertura de causas penales y contravencionales. Las imputaciones incluyen asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y concusión.
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Entre los detenidos figuran el titular del Destacamento de Seguridad Vial de Colón (el subcomisario identificado como HGC) y siete subalternos, cuyas oficinas fueron allanadas en simultáneo. También estuvieron involucrados un efectivo oriundo de Junín que cumplía tareas en la dependencia de Colón, un segundo jefe de zona de la Policía Vial de Junín oriundo de 25 de Mayo y un segundo jefe departamental de General Viamonte.
Como operaba la red de pagos investigada
La maniobra se habría desplegado durante controles de rutina sobre el corredor de la ruta nacional 8 y caminos adyacentes. La investigación sostiene que la presión se apoyaba en amenazas de labrar infracciones, retener licencias o documentación, secuestrar mercadería o vehículos e iniciar actuaciones penales.
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Frente a ese escenario las víctimas pagaban para continuar viaje y evitar demoras y pérdidas comerciales. En varios casos, el dinero se habría transferido en el momento, mediante operaciones bancarias o billeteras virtuales.
La fiscalía determinó que la recaudación convergía en una cuenta del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, según Diario Democracia y la agencia DIB. Según esas fuentes, una vez acreditados los fondos, se derivaban a otras cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al patrimonio personal de los efectivos investigados.
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En su pedido de detención, la fiscal Brandt señaló que las acreditaciones provenían de personas y empresas radicadas en distintos puntos del país, muchas de ellas transportistas que circulaban por los controles montados sobre la ruta 8.
Para el Ministerio Público Fiscal, no fueron hechos aislados: por eso apuntó como presunto organizador al entonces jefe del destacamento de Colón.
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Uno de los episodios incorporados al expediente refiere a un chofer de transporte de cargas al que primero le habrían exigido $27 millones para evitar una infracción, y que finalmente pagó $2 millones mediante transferencias desde dos cuentas distintas, según DIB.
Con los ocho policías detenidos y apartados de la fuerza, la fiscalía avanzará con el análisis de la prueba económica para establecer el grado de participación de cada imputado, incluida la posible intervención de superiores vinculados a la estructura vial con asiento en Junín.
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Según Chacabuco en Red, tres de los detenidos fueron alojados de manera provisoria en la Comisaría Junín Primera y los otros cinco en la Comisaría de Arrecifes, hasta que se resuelva su situación procesal penal.
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