Una denuncia radicada en Santiago del Estero por la desaparición de una niña embarazada que había sufrido un abuso sexual destapó una compleja trama de terror con raíces en la provincia de Buenos Aires. Todo comenzó con un pedido urgente de la justicia santiagueña, que alertó a las autoridades nacionales por el paradero de la menor de 12 años, que había desaparecido mientras transitaba la semana 32 de gestación.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, este contexto, comenzó una investigación interprovincial -que quedó a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense- para dar con la víctima y con su madre, a quien tampoco lograban ubicar en su provincia.
Tras una serie de tareas de inteligencia, los agentes permitieron localizar a ambas en la localidad bonaerense de Villa Ballester, a más de 1.100 kilómetros de Santiago del Estero. Puntualmente, las ubicaron en la Clínica Santa María.
La situación llevó a las autoridades a sospechar dos cosas: que la menor podía haber sido trasladada allí para realizar una interrupción del embarazo o que existía riesgo de apropiación ilegal del bebé por nacer.
Al arribar al hospital, ubicado sobre una arteria céntrica de la ciudad, se presentó el director sanitario , quien negó a los investigadores que la menor y su madre estuvieran internadas. No obstante, los agentes decidieron hacer una verificación personal en la que comprobaron que ambas estaban en el mencionado centro de salud.
Cuando las encontraron, la menor ya había parido y la madre de la adolescente admitió que desconocía si el bebé estaba con vida. Esto, sumado al intento de encubrimiento previo del director de la clínica, reforzó las sospechas de las autoridades sobre una posible maniobra de sustracción.
El operativo tomó otro rumbo tras la inspección del depósito de residuos del establecimiento. Allí, el personal policial hallaron entre ocho fetos humanos, distribuidos en bolsas de consorcio. Tres de ellos presentaban claras señales de desmembramiento, un dato que, según fuentes de la investigación, podría aportar “elementos para probar la habitualidad de estas prácticas”.
Junto a los restos, se secuestró documentación manuscrita con anotaciones y registros internos. Para los investigadores, estos papeles podrían aportar datos sobre la reiteración o sistematicidad de los procedimientos en la clínica.
A raíz de los indicios reunidos, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia. Cuando los efectivos llegaron con la orden judicial, ambos familiares ya habían abandonado el lugar a las 15:00 horas, según informaron desde el área médica.
El personal policial identificó uno a uno a los empleados y directivos presentes. En paralelo, la justicia federal evalúa la posible comisión de delitos vinculados a la trata de personas y la “sustracción de menores”.
Además de la investigación federal, la U.F.I. N° 07 del Departamento Judicial de San Martín, con competencia en Malvinas Argentinas, inició una causa bajo la figura de Averiguación de Ilícito. Este expediente apunta a determinar si existió responsabilidad penal por la manipulación de restos biológicos y el destino del bebé nacido de la menor.
Desde el Juzgado Federal confirmaron que el estado judicial permanece abierto, e informaron que “todo el personal presente al momento del hallazgo fue debidamente identificado”. Además se sumaron nuevas pericias genéticas para determinar el origen exacto de los fetos secuestrados.
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