Tras una larga investigación que lleva casi dos años iniciada por una denuncia de la Aduana, la Policía Federal Argentina realizó en las últimas horas unos 40 allanamientos a empresas y un grupo de personas acusadas de formar parte de una organización que llevaba a cabo maniobras de contrabando y lavado de activos. De esa manera, habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000.
Los procedimientos fueron ordenados al Departamento Delitos Fiscales -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Tuvieron lugar en cuatro provincias.
Todo comenzó a partir de una serie de denuncias que efectuaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.
En ellas se alertaban que varias personas y empresas contrabandeaban mercadería declarada como ácido oleico (NdeR: el ácido graso predominante en el aceite de oliva, representa el 73% del contenido total), obteniendo el beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana argentina y la de la República de Chile. Y que al dinero que obtenían posteriormente le daban apariencia de licitud mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.
De la investigación -que inició en noviembre de 2021- se hizo cargo el Departamento Delitos Fiscales de la PFA. Fuentes del caso indicaron a Infobae que en este circuito ilegal participaban al menos 45 personas y 19 empresas, algunas en funcionamiento y otras “fantasmas”, que figuraban como exportadoras en la mecánica, pero habían sido creadas con el único fin de facturar, ya que “no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan”.
Los detectives analizaron la información digital y financiera y realizaron distintas tareas de campo sobre 180 domicilios. En conjunto con la Dirección General de Aduanas, los agentes de la PFA pudieron individualizar a todos los socios y profesionales vinculados entre sí e involucrados en la actividad ilícita. Así, fueron a allanarlos.
Fueron 38 los operativos en total, en domicilios del Área Metropolitana de Buenos Aires y de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Allí, las autoridades secuestraron varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre los que aparecen despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.
De acuerdo a las fuentes, la Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicarles las multas pertinentes a las firmas señaladas.
Por otra parte, uno de los procedimientos fue en una vivienda de Gualeguaychú y derivó en una causa paralela, ya que en el lugar se halló una pistola calibre .22 sin documentación. En este caso interviene el fiscal Lucas Pascual.
La última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos -del Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva- advierte que este tipo de delito supera los 1.000 millones de dólares anuales en Argentina.
En detalle, el organismo identificó un total de 1.386 causas de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020 dentro del país.
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