La Unidad de Información Financiera (UIF) le impuso una multa que supera los $8 millones a Enrique Blaksley Señorans y a su empresa Hope Funds SA, investigada por cometer una de las mayores estafas financieras de la historia argentina. El llamado el “Madoff argentino”, en referencia al fallecido financista muerto esta semana condenado por el mayor esquema Ponzi cometido en territorio estadounidense, es juzgado actualmente en el Tribunal Oral Federal N°4 junto a otros 16 imputados entre ellos familiares cercanos e históricos colaboradores de su firma. Se lo acusa de más de 300 supuestos engaños mediante la captación de fondos de ahorristas para diversos emprendimientos inmobiliarios o comerciales y por presunto lavado de dinero, con expedientes iniciados en 2015.
La UIF sancionó a Hope Funds y a Blaksley Señorans por no cumplir con regulaciones especiales que deben acatar este tipo de sociedades para prevenir delitos como el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento al terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y otros delitos económicos complejos. La multa dispuesta por la UIF a la empresa es por $4.881.545, el mismo monto que le aplicó al directivo, en su carácter de miembro del órgano de administración, según confirmaron fuentes del organismo a Infobae.
El juicio contra Blaksley comenzó el 18 de febrero. Está acusado de haber armado un entramado de sociedades que estafaba a ahorristas. Por esta causa, Blaksley se encuentra preso en Ezeiza desde septiembre de 2018, cuando la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Servini lo imputaron como coautor de una asociación ilícita. La investigación judicial estima que el monto del perjuicio producido asciende a $1.500 millones de pesos en valor de 2017.
En su accionar, la empresa Hope Funds S.A. utilizaba marcas reconocidas, se exhibía con personas de renombre como Roger Federer, Adolfo Cambiaso -del que fue sponsor en su campaña 2013 donde ganó la Triple Corona, el galardón más deseado del polo mundial-, o Venus y Serena Williams y participaba de eventos con el objeto de obtener la confianza de ahorristas.
Sin embargo, en el año 2013, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó graves inconsistencias en la justificación del origen del dinero que declaraba Hope Funds y lo denunció ante la Procuraduría contra el Lavado de Activos (PROCELAC). La sociedad habría realizado diversas maniobras para la concreción de negocios que llevarían a un incremento exponencial de sus activos que pasaron en dos años de $57 millones en el 2010, a $400 millones en 2012.
Desde la UIF explicaron que la razón de la sanción aplicada a la empresa se centró en no haber declarado maniobras sospechosas de delitos complejos –como exige la ley para Fondos Fiduciarios- y otro tipos de infracciones, tales como la carencia de un manual de procedimientos y un sistema de auditoría anual en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como también la ausencia de documentación respaldatoria del origen de los fondos empleados en las operaciones analizadas y la omisión de reportes de operaciones sospechosas.
En la causa penal también están procesados Federico Dolinkué, gerente administrativo de Hope Funds; Alejandro Carozzino, acusado de ser el encargado de formar sociedades en el exterior; Verónica Vega, la gerente comercial de la compañía; y Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley, a quienes se les atribuyó los mismo delitos que a su hermano Enrique, y se los consideró miembros de la asociación ilícita. Entre los acusados está Pablo Willa, quien fue el abogado del entramado. Declaró como arrepentido tras 48 horas en una celda luego de dos escuetas indagatorias y fue enjuiciado igual. En el proceso, ofreció una serie de bienes y dinero.
A comienzos de marzo pasado, el TOF N°4 le concedió la prisión domiciliaria a Blaksley. Lo hicieron con un jugoso pedido de caución real, una fianza de 450 millones de pesos. Blaksley había declarado en varias ocasiones que no tenía ni agua caliente en su casa del country Pacheco Golf. Sin embargo, allegados a él se mostraban en almuerzos en José Ignacio, Punta del Este, a precio de dólar. La sanción de la Unidad de Información Financiera, si es que se le paga, puede revelar algo interesante.
Así, la Justicia y la UIF buscan la respuesta a una pregunta realizada decenas de veces durante la investigación del caso: ¿a dónde se fue todo el dinero?
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