El juicio por el caso Hope Funds, la mayor estafa de la historia argentina, ya tiene fecha: la traición que enfureció a Servini y la pista del testaferro

En julio de 2019, mientras la Justicia federal pedía la elevación a juicio de Enrique Blaksley, alguien cercano al financista y empresario que fue la cabeza visible y el cerebro comercial del grupo Hope Funds hablaba con Infobae a las puertas de los tribunales de Comodoro Py. El hombre tiró su cigarrillo al piso y miró a un camión del Servicio Penitenciario Federal en la rampa de acceso, tres hombres de borcegos y fajina gris trasladaban a un detenido a declarar.

Mientras arrastraba la brasa con el zapato, el hombre decía:

“A Enrique, con toda la gente a la que clavó, lo mejor que le puede pasar es que lo dejen adentro”.

Para la Justicia federal, medir a la gente que Blaksley clavó probó ser un desafío.

Durante los últimos años, la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Romilda Servini calcularon y recalcularon el monto final del daño una cifra que nunca terminaba de expandirse. Cuando Blaksley y sus asociados fueron elevados a juicio, el cálculo asciende a $ 1.500 millones: $184 de estos millones corresponden a los 318 damnificados que se presentaron en el expediente, con 42 sociedades y 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior. Los departamentos entre Miami y Panamá ascienden a 16 por un cálculo de cuatro millones de dólares. Para recabar información, la Justicia envió 22 exhortos a nivel internacional.

Hoy, la suerte de Blaksley se define. Preso en el penal de Ezeiza desde abril de 2018 donde hizo amigos como “El Pata” Medina, luego de que la Justicia le negara la excarcelación en repetidas ocasiones por excusas como la pandemia del coronavirus, Blaksley finalmente enfrentará el juicio en su contra con otros 15 cómplices que incluyen familiares que fueron parte de su trama, abogados y contadores que según las acusaciones de la Justicia federal conformaron lo que fue el caso Hope Funds, una trama doble, pública y privada, que incluye acusaciones de lavado de dinero investigadas por la PROCELAC además de una megafirma y una serie de subsidiarias dedicada a tomar dinero de ahorristas bajo la pretensión de “contratos de mutuo”, un esquema Ponzi que prometía intereses siderales y no pagaba, la mayor estafa de la historia argentina.

El proceso comenzará el 18 de febrero en el Tribunal Oral Federal N°4, según confirmaron fuentes con acceso al expediente, con audiencias para los jueves subsiguientes. Serán muchas audiencias: la querella de los abogados Hernán Vega y Víctor Varone del estudio Iezzi & Varone, que representa a un contingente de damnificados, presentó 80 testigos, se estiman no menos de 300 propuestos en total, sin contar a los imputados, una lista que puede acortarse, en lo que puede ser uno de los juicios orales más extensos de la historia reciente con las dificultades obvias que representa litigar en la pandemia.

Hay, mientras tanto, otra trama que se abre en los tribunales federales de Comodoro Py, una que desagradó particularmente a la jueza del caso, María Romilda Servini. Las querellas del caso, con Vega y Varone o con los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, quienes reunieron al grupo de damnificados originales que acusaron a Blaksley de estafa y revivieron la causa por lavado que llegaba de reposar un largo tiempo en los tribunales de San Martín, plantearon lo mismo a lo largo de sus quejas: ¿dónde está la plata de Enrique? ¿Cómo se recupera el dinero de la presunta estafa, si es que está en algún lado?

La familia de Blaksley, que enfrentó un embargo de tres mil millones de pesos, llegó a plantear problemas para pagar el gas en su casa del country Pacheco Golf, donde el empresario fue detenido. Algunos meses después, el jefe de Hope Funds entendió que tenía que cambiar de canción tras indagatorias iniciales que eran monólogos en donde se victimizaba un poco. “El 73% de la gente que pasó por mi vida cobró, el 27% restante no, de esos solo el 10% reclama el dinero y el otro 90% banca”, declaró.

El financista, el jugador más mediático de la historia del mercado argentino que le besó el anillo a dos Papas consecutivos, quizás subestimaba sus propios números. 1149 acreedores se presentaron el año pasado para frenar un acuerdo preventivo extrajudicial en el Juzgado Comercial N°30 a cargo del doctor Sebastián Sánchez Cannavó, el mismo que le dictó la quiebra de Hope Funds.

Algunos meses después de su detención, Blaksley regresó a Comodoro Py para ampliar su indagatoria. Aseguró que hablaría “con especial énfasis en favor de los acreedores” para decirle a la Justicia federal “dónde está la plata, cómo fue invertida y cómo se puede recuperar”. Habló de negocios viejos con grupos como IRSA, empresas del negocio deportivo.

Al parecer, la plata real estaría en otro lado.

El 9 de noviembre, el juez Marcelo Martínez De Giorgi procesó y embargó sin prisión preventiva por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público a Horacio Girod y José Manuel Gil. Sus nombres son claves a la trama de la causa Hope Funds. Eran los interventores que Servini había designado para supervisar las complicadas ruinas de las empresas de Blaksley.

Terminaron denunciados.

Servini, de acuerdo al procesamiento firmado por Martínez De Giorgi al que Infobae accedió en forma completa, “entendió que ambos interventores (Girod y Gil) habían excedido ‘el rol que debían cumplir como auxiliares del Tribunal. Realizaron acciones impermisibles para la labor por la cual fueron designados’, por lo que decidió apartarlos de sus respectivos cargos, les negó el derecho a la percepción de honorarios y ordenó la extracción de éstos testimonios, con el objeto que se investigue el posible delito de acción pública”. Según la causa, los interventores habrían jugado en favor de Blaksley filtrándole información a su entorno.

La investigación en su contra comenzó en octubre de 2018, cuatro meses después de la detención del empresario, luego de que Servini recibiera transcripciones de intervenciones telefónicas.

Girod y Gil, de acuerdo a Servini, mantuvieron conversaciones con un hombre señalado como muy cercano a Blaksley, el financista Damián Gómez Cárdenas, acusado y elevado a juicio junto al empresario.

Según la denuncia, Damián Gómez “Cárdenas se encontraba sindicado como “amigo personal y presunto testaferro de Enrique Blaksley Señorans, y quién guardaría dinero de éste”, como posible “apoderado de Hope Funds SA” y que podría estar realizando gestiones a nombre de esas sociedad, las que eventualmente podrían incidir en el desarrollo de éste expediente (principalmente relacionado a los créditos que pudiere llegar a percibir la empresa)”

Se habla de conversaciones sobre paquetes accionarios de las firmas del entramado, de encuentros. Fueron escuchados en diálogos. “Bueno, escuchá otro tema yo te llevo la carpeta de él y nos podemos juntar… Hay que hacer un temita en ERSA, para presentarnos para la prórroga, nos podemos sentar con el boga de HF”, le dijo Gómez Cárdenas al veedor Gil. Luego, Gil le contesta y habla de “contarle unas cositas” y establecer “una estrategia.

ERSA es “Emprendimientos Recoleta Sociedad Anónima”, un histórico negocio de Blaksley con el grupo IRSA, que le entregó al empresario un cheque de 15 millones de pesos.

No es el único frente donde se menciona al hombre señalado como el presunto testaferro de Hope Funds. En otro expediente con la AFIP como querellante, en el que el Tribunal N°4 resolvió denegar un incidente de falta de acción en abril de este año, Gómez Cárdenas fue acusado de “haber ejecutado un pagaré, que habría sido dado en pago a Gómez Cárdenas por un supuesto préstamo de dinero, presuntamente realizado a Enrique Blaksley Señorans; y haber gerenciado -a través de Inversora del Faro S.A.- la firma Auditorio Buenos Aires perteneciente a Blaksley o al Grupo Hope Funds”.

Hay, también, una ironía. Horacio Girod, de acuerdo al procesamiento, fue designado veedor de una sociedad de la trama dedicada al negocio del deporte y el espectáculo, hoy con un monto de más de 3 millones de pesos en cheques sin fondos. Girod, según el documento, le adelantó a Gómez Cárdenas una diligencia sobre esa sociedad. La empresa se llama “El Chanta Cuatro”.

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