Mientras el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo continúa con prisión preventiva en su mansión en Uruguay, su figura se coló en el debate político local: el presidente Luis Lacalle lo puso como ejemplo de las fallas del sistema de control a la hora de detectar el lavado de dinero.
El mandatario impulsa una reforma la Ley de Inclusión Financiera, que obliga a la bancarización total a empresarios y comerciantes, y señaló públicamente que estas regulaciones no lograron frenar el accionar de Balcedo y su mujer Paola Fiege. Ambos están acusados de lavado de dinero, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas. En su mansión secuestraron autos de lujos, joyas, cientos de miles de dólares en efectivo, armas y hasta animales exóticos.
"Tuvieron mucho tiempo a una persona con autos de lujo, dinero, que poco menos que arrasó con un cerro, que tenía aviones en el aeropuerto, con la vigencia de la inclusión financiera”, dijo Lacalle ante las críticas del ahora opositor Frente Amplio.
En el cerro que menciona el presidente, llamado “Del Burro”, se encuentra la fastuosa chacra donde el ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) cumple con su arresto.
Allí, el sindicalista montó un cerco perimetral que incluyó también un gran terreno lindante que no era de su propiedad. Pero antes de apropíarselo por la fuerza, Balcedo también intentó estafar a su dueño.
Según revelaron fuentes de la investigación a Infobae, una de las laderas del cerro (la izquierda) pertenecía a una empresa frigorífica que pidió un crédito al Banco de la República y dejó el terreno como garantía. El crédito de esta hipoteca luego fue adquirido por un empresario local quien finalmente decidió sacarlo a remate.
En ese momento, el abogado Damián Burgueño (que por entonces representaba a Balcedo en las sombras) le informó al empresario que estaba dispuesto a comprar el crédito. Sin embargo, tras una larga serie de reuniones, el empresario descubrió que era todo parte de una maniobra para hacer pasar el tiempo mientras intentaban quedarse con el terreno a través de un artilugio ilegal.
Mientras negociaban, Balcedo y Burgueño buscaron a un hombre que vivía en la zona y le inscribieron derechos de posesión sobre el terreno (como cuando una persona ocupa una casa y después de un tiempo reclama su propiedad). Ese mismo día, esta persona -que murió asesinada en Argentina tiempo después- le vendió estos derechos a la empresa Pismur SA, que a su vez, también el mismo día, le arrendó ese terreno a otra empresa llamada Dirnur SA.
Ambas empresas tenían un número de RUT (similar al CUIL argentino) con apenas un dígito de diferencia, lo que demuestra que fueron creadas el mismo día. También tenían al mismo presidente: el abogado Damian Burgueño, representante de Balcedo. A su vez, tanto la inscripción de derechos de posesión como la venta y el arrendamiento fueron supervisados por la misma escribana, de apellido Malan.
Pismur y Dirnur continuaron intentando suspender el remate con diferentes presentaciones judiciales. Hasta que un juez les dijo que si querían suspenderlo debían primero depositar el precio del crédito en una cuenta judicial. Burgueño depositó USD 283.768. Lo hizo en efectivo -algo prohibido- y nunca le preguntaron sobre el origen del dinero, a pesar de la Ley de Inclusión Financiera.
No obstante, como la cifra depositada era muy inferior a la que reclamaba el dueño del crédito, el juez decidió avanzar con el remate. También contestó que podían llevarse el dinero depositado. Sin embargo, los fondos nunca fueron reclamados y siguen allí.
El remate se hizo en agosto de 2018. Ese día, entre los interesados se presentó Paola Fiege, la mujer de Balcedo, junto a la escribana Malan. Tras una puja que culminó en más de USD 1.600.000, la esposa del sindicalista quedó en segundo lugar y por ley tuvo que dejar su nombre asentado en el acta.
Meses después Balcedo caería preso. En su mansión se secuestraron autos de lujo, armas y grandes sumas de dinero en efectivo. Todo había entrado a Uruguay sin pasar por los controles correspondientes, incluso los autos no habían sido declarados. Sin embargo, el ex titular del Soeme ya había unificado su chacra y el terreno en disputa que no pudo comprar en la subasta con una cerca perimetral.
El sindicalista continúa detenido mientras avanza la causa en Uruguay. También es investigado en Argentina por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación.
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