El 16 de enero pasado, Claudio Lorenzo Torres (43) fue acribillado frente a su casa de la calle Laprida en la ciudad de Río Cuarto de Córdoba. Dos sicarios lo balearon cuando estaba por subirse a su Audi A5.
Torres era llamado por los medios de comunicación locales como "el zar de la droga". Se dedicaba a la compra, distribución y comercialización de cocaína. Su asesinato, con el sello de un crimen mafioso, precipitó una investigación abierta en 2014 en el Juzgado Federal de Río Cuarto, sobre una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.
La causa que hasta el momento desembocó en más de un centenar de allanamiento y más de una decena de detenciones la lleva adelante el juez Carlos Arturo Ochoa y desató un escándalo que involucra a miembros de distintas fuerzas de seguridad: dos gendarmes ya fueron condenados a siete y nueve años de prisión por participar en el transporte de estupefacientes; y en febrero pasado fue detenido el ex jefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba en Río Cuarto Gustavo Oyarzábal, sospechado de haberle facilitado protección a la banda criminal. Con el arresto, renovaron además la cúpula de la Departamental de la Policía local.
Por esta razón desde 2016 interviene la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que el 23 de enero de este año organizó un megaoperativo que paralizó la ciudad. Con 250 oficiales, realizó 46 allanamientos en simultáneo y detuvieron a 11 personas. Además secuestraron 10 autos, tres motos (por valor de nueve millones de pesos), 2.500.000 pesos en efectivo, 80.000 dólares y 60 teléfonos celulares.
En los últimos días, la PSA encabezó cinco nuevos allanamientos. Tres de los procedimientos fueron en las viviendas particulares de policías de la Provincia vinculados a Oyarzábal, según consignó el diario La Voz. Los otros fueron en dos propiedades de Ariel Cortez, un ex integrante de un grupo financiero quien estuvo detenido en 2010 por otra causa de lavado de dinero, y ahora también fue arrestado.
En los operativos incautaron bienes y dinero en efectivo por un monto cercano al millón de pesos; dos vehículos (uno de alta gama); diversos dispositivos electrónicos, además de documentación de interés que dan impulso a la acusación de lavado de dinero.
En total, durante los procedimientos llevados a cabo en abril, confiscaron cerca de 18 millones de pesos, 28 automóviles y camionetas (muchos de ellos de alta gama como Audi, BMW, Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok), ocho motos y un cuatriciclo.
Los activos permanecen a resguardo de la PSA en el Aeropuerto Las Higueras de Río Cuarto. Fueron puestos a disposición de la Justicia y podrán ser recuperados por el Estado mediante la Ley de Extinción de Dominio.
Al margen, en la investigación hay hasta el momento 27 imputados, 17 detenidos y dos prófugos.
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