Dictaron la quiebra de la empresa de Enrique Blaksley, acusado de la mayor estafa de la historia argentina

Le habían pedido la quiebra al menos 25 veces en poco más de dos años. Finalmente, llegó.

El Boletín Oficial publicó en su edición del 24 de agosto pasado: "El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°30 a cargo del doctor Sebastián Sánchez Cannavó decretó la quiebra de Hope Funds". Un síndico del estudio Cordero, Suárez y Asociados fue designado para comenzar la acción. El plazo comenzó a correr desde esa fecha: los acreedores de Hope Funds tendrán hasta el día 12 de este mes para presentarse y formular el pedido de verificación de sus créditos. El plazo para recibir impugnaciones vencerá el jueves 27.

La empresa, mientras tanto, fue intimada por el juez Sánchez Cannavó para que ponga a disposición todos sus bienes. Puede que la fila sea larga. Tomar posesión de esos bienes, por otra parte, no parece algo tan sencillo.

Enrique Blaksley Señorans, presidente y socio mayoritario de Hope Funds en un 97%, su creador y su histórica cara visible, se sienta desde abril en el penal de Ezeiza con un desconcertante embargo de tres mil millones de pesos y un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia luego de una investigación de más de dos años a cargo de la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano por los delitos de estafa y lavado de activos, en un expediente que también alcanza a socios y presuntos cómplices como su segundo al mando en Hope Funds, Federico Dolinkué, su cuñada, Verónica Vega, y su gerente administrativo Alejandro Miguel Carozzino.

A fines de la década pasada, Blaksley se había convertido en el jugador más reluciente y mediático del mercado financiero argentino con Hope Funds como sponsor de La Dolfina de Adolfo Cambiaso, como la marca detrás de visitas de superestrellas como Roger Federer y Usain Bolt en su carrera contra el Metrobus porteño: Blaksley besó los anillos de dos pontífices en audiencia, Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio. Tuvo hasta su propio club de polo con la financiera en la camiseta, alardeaba de criar caballos en sus entrevistas con celebrities del deporte. El brillo alimentaba el negocio principal: Hope Funds y su entramado de firmas ofrecían contratos de mutuo en donde inversores desde profesionales hasta jubilados entregaban su dinero con la esperanza de recibir intereses del 12 por ciento.

Eventualmente, las oficinas de Hope Funds en la calle Samiento quedaron desiertas, con papeles revueltos en el piso y ninguno de sus agresivos vendedores a los que Blaksley premiaba con viajes por el mundo sentados en sus escritorios. Nadie atendía. El dinero dejó de llegar a los inversores, o directamente nunca llegó.

Hoy, la jueza Servini y la fiscal Mangano estiman que Blaksley encabezó con un entramado de 40 firmas nacionales y offshore un esquema Ponzi que habría involucrado al menos 2.230 damnificados para un daño estimado por los investigadores en 1.500 millones de pesos, lo que sería la mayor estafa de la historia argentina, con más de 300 hechos imputados en el expediente. Las operaciones sospechosas reportadas por la UIF ascienden a 189 millones de pesos y 95 millones de dólares, con damnificados representados por querellantes como Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier -que dispararon la causa por estafa con una denuncia a fines de 2016- y Hernán Vega y Víctor Varone del estudio Iezzi & Varone.

La aparición del Juzgado Comercial N°30 no es algo nuevo para Hope Funds: el juez Sánchez Cannavó falló en contra de Blaksley cuando el financista intentó presentar un acuerdo preventivo para aliviar su situación en el fuero comercial con una supuesta lista de acreedores que habían acordado con él para aliviar su situación con una presunta deuda reconocida de 449 millones de pesos. La lista incluía a ex empleados de sus firmas, algo al menos sospechoso: 1.149 personas se presentaron en el Juzgado para oponerse al acuerdo. Blaksley terminó denunciado por estafa procesal tras la jugada.

La nueva quiebra, por otra parte, abre la puerta a la liquidación y remate de los bienes de Blaksley, como podría ser su casa en el country Pacheco Golf donde fue arrestado por la Policía de la Ciudad y donde se quejó en su indagatoria de "no tener agua caliente ni calefacción" además de manejar "un 207" y no el BMW X6 en el que fue visto por varios de sus acreedores y ex colaboradores. El decreto de quiebra firmado por Sánchez Cannavó, al que accedió Infobae, también intima a terceros a entregar bienes que tengan de Blaksley.

"Es la ruta del dinero 'B'", se ríe un histórico en Tribunales involucrado en la causa del financista, en alusión a la causa que investiga a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. Pero la ruta del dinero recaudado por el conglomerado Blaksley es algo que queda por resolverse: se le detectaron otras inversiones inmobiliarias en Miami que terminaron en hipotecas y remates. Quedan, por ejemplo, recibir respuestas de exhortos enviados por la Justicia federal a más de 20 países.

A pesar de la causa penal y más de dos años de debacle, fuentes cercanas al expediente tanto enfrentadas como alineadas con Blaksley coinciden en que hay varios negocios de Blaksley hechos con dineros de inversores "que siguen vivos y facturando." En esos negocios, asevera una fuente, está su única chance de mejorar su situación.

El financista, dicen cerca de él, "no está tan mal en la cárcel, está más tranquilo adentro que afuera". "Imaginate que el tipo se paseaba con Roger Federer y terminó siendo un paria. Si estuviera afuera lo escupirían en la calle o lo volverían loco los acreedores. En la cárcel hace gimnasia", continúa una voz.

Preso en el pabellón del programa IRIC del Servicio Penitenciario Federal junto a acusados de hacer negocios turbios durante el kirchnerismo, Blaksley logró buena sintonía tumbera con un personaje muy disímil a él: Juan Pablo Medina, "El Pata", jefe de la UOCRA platense. Se habló como posibilidad que Medina fuese trasladado a otro pabellón tras su pelea a trompadas con Fabián de Sousa, lugarteniente de Cristobal López. "Si me voy, que venga mi amigo", dijo el sindicalista señalando al presidente de Hope Funds.

Hay quienes rumorean en Comodoro Py que el empresario buscaría negociar su libertad, pero que deje Ezeiza con una prisión preventiva confirmada por dos camaristas no parece una posibilidad. "Servini y la fiscal lo quieren preso", dicen cerca de él.

Sin embargo, hay una nueva estrategia para restarle años a una una eventual condena.

El abogado Mauricio D'Alessandro -que todavía no visitó al financista en Ezeiza- fue contactado por personas cercanas a la defensa del financista para orquestar este nuevo movimiento, una suerte de asesoría.

La base del plan: tomar los negocios que quedan bajo supervisión del nuevo síndico, liquidarlos y pagarles a los acreedores. "Hay gente que tiene negocios con Blaksley, que sigue lucrando y que no le paga un mango porque está preso. La idea es que Enrique no toque un peso", asevera una voz que conoce la negociación. Hace falta un cambio de actitud, dicen cerca del financista: "Muchos acreedores dan marcha atrás porque no pueden justificar los fondos que pusieron en Hope Funds. Pero a Blaksley no le queda otra. Tiene que decir a dónde fue a parar la guita. La única forma de que se beneficie es que los acreedores puedan cobrar".