La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, les prohibió salir del país a dos ex funcionarios del gobierno provincial y a otras ocho personas en el marco de la investigación que lleva adelante en una causa por supuesto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude.
La magistrada dispuso "la prohibición de salida del país por el período de un mes" para Héctor Horacio Rey, ex secretario general de la Gobernación y para Roberto Marcelo Lugo, ex subsecretario de Comercio y Servicios. Ambos fueron separados ayer por la noche de por el vicegobernador Daniel Capitanich, ya que el gobernador Domingo Peppo está de viaje. Asimismo, Capitanich instó a todas las áreas del Estado provincial a prestar colaboración ante cualquier tipo de pedido judicial y suspendió los pagos a los proveedores implicados en la trama.
La medida impulsada por la jueza chaqueña también afecta a Susana Beatriz Fernández e Ismael Ángel Fernández, quienes trabajaban en oficinas de la Gobernación y a Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Mónica Viviana Yaczuk, Hugo Orlando Rey, Facundo Edgardo Marcelo Gil y Walter Rolando Retamozo.
Este sábado, Niremperger comunicó la decisión al jefe de la Delegación Barranqueras de Prefectura Naval y pidió se comunique su orden a la Gendarmería, la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Además de los ex funcionarios y las ocho personas que tienen prohibido salir del país, la jueza también investiga a las empresas Real Comercializadora SRL, Finza SA, Ibe SA, Brandon SA, Amplitud SA, Paxtron SA, Framuna SA y a las fundaciones Bianca, Volver a Empezar, Miqueas y Servir y Crecer, todas proveedoras del Estado chaqueño.
Ayer, la Justicia federal de Chaco ordenó una serie de allanamientos en dependencias de la Gobernación provincial, en el marco de una denuncia por supuesto lavado de dinero. Puntualmente, se investigan los movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, herramienta utilizada por el Gobierno para los negocios con proveedores del Estado y a través de la tercerización de diversos servicios mediante empresas privadas, como agencias de publicidad.
Por eso mismo, la jueza Nirpemperger dispuso operativos en una agencia de publicidad que depende del Gobierno provincial, una guardería náutica, dos oficinas de un fideicomiso, la vivienda de Rey, la Secretaría Legal y Técnica, y algunas oficinas del ministerio Desarrollo Social. Tras los procedimientos, la Gobernación afirmó que "ordenó la plena colaboración con la Justicia", en el marco de la investigación.
"Ante una denuncia anónima por supuesta comisión del delito de lavado de activos y en el marco de la investigación fiscal a fin de determinar la veracidad de la misma, en el día de la fecha, ante la requisitoria judicial, el Gobierno Provincial procedió a entregar documentación y resoluciones de la Secretaria Legal y Técnica de los años 2016-2017 como así mismo de otros organismos", expresó la administración chaqueña.
En un comunicado, informó que "el gobernador Domingo Peppo ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades".
Por su parte, los legisladores del interbloque parlamentario de Cambiemos, presidido por Carim Peche, anunciaron que pedirán la interpelación "urgente" de todos los funcionarios provinciales investigados por Niremperger, "ante la gravedad institucional" de las medidas ordenadas por la jueza.
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Con información de NA y Télam
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