El día que Sábato le entregó a Alfonsín el informe de la Conadep: el miedo, las tensiones políticas y la contradicción del peronismo

La foto de ocasión fue tomada el 20 de septiembre de 1984 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y muestra a Raúl Alfonsín con expresión reconcentrada y a Ernesto Sábato con los ojos ocultos detrás de un par de anteojos de cristales oscuros y su sempiterno gesto adusto grabado en el rostro. En la imagen, el escritor le entrega al presidente los dos volúmenes que contienen el informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), un organismo creado por el propio mandatario para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La democracia recién recuperada en la Argentina tenía menos de un año de vida y el clima político de entusiasmo que reinaba en el país no estaba exento de temores. El contenido del informe reflejaba la naturaleza espeluznante de la barbarie de la dictadura: documentaba, a través de miles de testimonios recogidos durante meses, la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones. Y era apenas la punta del iceberg de las consecuencias del plan sistemático de desaparición de personas que habían organizado y perpetrado las Fuerzas Armadas en un pasado demasiado reciente.

El radical Raúl Alfonsín había llegado a la presidencia el 10 de diciembre del año anterior, tras ganar unas elecciones en cuya campaña la propuesta de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión ilegal perpetrada por los militares había dividido las aguas entre los dos partidos históricos del país: mientras el candidato de la UCR prometía investigarlos a fondo y juzgar a los responsables, el postulante del peronismo, el ex presidente provisional Ítalo Argentino Luder, sostenía que la “ley de autoamnistía” promulgada por la dictadura poco antes de retirarse tenía validez legal y que era imposible volver atrás en el asunto. En otras palabras, que los represores quedarían impunes.

La conformación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que Alfonsín había creado por decreto apenas cinco días después de asumida la presidencia, reflejaba también esa partición con un dato clave: entre sus integrantes no había un solo representante del peronismo, porque el partido se había negado a participar de ella. La Conadep estaba integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide; por el obispo Jaime de Nevares, que se había enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino, Marshall Meyer, y por un pastor evangélico, Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos muy prestigiosos como Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long; y por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que desde Radio Continental se había atrevido a denunciar los crímenes de los dictadores.

La presidencia de la Comisión había quedado en manos del escritor Ernesto Sábato, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador pero que luego se convirtió en un fuerte opositor. Por un tiempo había participado también el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón. Había además cuatro militantes radicales: el filósofo Eduardo Rabossi y los diputados Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill.

La contradicción peronista

La negativa del peronismo a integrar la Conadep encerraba también una paradoja, porque un número muy importante de militantes del movimiento creado por Juan Domingo Perón había sufrido la salvaje persecución de la dictadura, muchos habían sido encarcelados, otros debieron partir al exilio y miles estaban desaparecidos. Las razones que los distintos sectores del partido esgrimían para no participar también eran diversas. No había respuestas simples para explicar la posición, compartida – aunque por motivos diferentes – por el amplio abanico de posiciones que tenía el justicialismo.

Dos días antes de la creación de la Comisión, el martes 13 de diciembre, Alfonsín había firmado otro decreto, el 157, que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra “las cúpulas de las organizaciones guerrilleras” que actuaron “desde el 25 de mayo de 1973”. Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros, así como Enrique Gorriarán Merlo, dirigente del PRT-ERP, tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada “teoría de los dos demonios” con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. La izquierda del movimiento - representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982 - denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno.

El panorama se complejizaba más todavía porque si la Conadep provocaba el rechazo de la izquierda peronista, a la derecha del movimiento justicialista le costaba mucho más digerirla. Ítalo Luder, que había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por “el pedido de licencia” de la viuda de Perón, era el firmante de los “decretos de aniquilamiento” de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. El ala derecha del peronismo también cargaba con la responsabilidad del accionar de la Triple A y de otros grupos parapoliciales que habían actuado protegidos por el gobierno para eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población. La propia Conadep, en su informe final, consignó que cientos de personas habían sido asesinadas por la Triple A y otros grupos parapoliciales, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), responsable de más de cien asesinatos en La Plata y Mar del Plata.

Para 1983 la situación interna en el justicialismo había cambiado y los diferentes sectores del peronismo que se habían enfrentado de manera sangrienta en primera mitad de la década de los ’70 habían encontrado un punto en común cuando la dictadura se embarcó en la guerra de Malvinas. La recuperación de las islas era una reivindicación histórica de todo el país y una bandera fuerte para el peronismo. Por eso, en los febriles y vertiginosos meses de abril a junio de 1982, las diferencias internas que hasta entonces lo habían dividido se apaciguaron. Desde vertientes irreconciliables se compartía sin embargo la idea de la “unidad de los combatientes por la Patria”, una denominación que acercaba posiciones entre la derecha de Guardia de Hierro, no pocos dirigentes montoneros y también muchos militares de rangos intermedios que luego fueron líderes carapintadas.

El miedo y el Nunca más

Además de las posiciones divergentes de los dos partidos mayoritarios frente a la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas hubo otro elemento que significó una suerte de límite para su accionar. La teoría de los dos demonios, que equiparaba el accionar de las organizaciones político-militares del peronismo y la izquierda con el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura, hizo que muchos posibles denunciantes prefirieran no presentarse, mientras que otros lo hicieron tomando muchos recaudos y no sin desconfianza.

En ese contexto difícil, los organismos de derechos humanos, la mayoría de ellos integrados por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. En eso hicieron punta las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que para entonces habían hecho conocer al mundo los crímenes de la dictadura. Sin embargo, cuando los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín, donde funcionaba la comisión, a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Lo hacían no solo por la persistencia del terror reinante – no se descartaba por entonces que las Fuerzas Armadas intentaran volver a atentar contra la democracia - sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP. Existía el temor que una denuncia de violación de derechos humanos terminara siendo un búmeran que permitiera iniciar causas penales a las víctimas.

Con el correr del tiempo, la política de derechos humanos de Alfonsín, sin aliados, cedió ante las presiones militares, que llegaron a su punto más alto con los dos primeros levantamientos de los “carapintadas”. Como resultado, el gobierno radical presentó y logró hacer aprobar las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de la enorme mayoría de los participantes del plan sistemático de represión ilegal y significaron un claro y penoso retroceso en materia de derechos humanos.

Sería entonces el peronismo – el mismo partido que se había negado a integrar la Conadep –, ahora desde el gobierno, el encargado de retomar el camino institucional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Por iniciativa de Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas en agosto de 2003 por el Congreso Nacional y dos años más tarde, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales.

Publicado en 1984 con el título Nunca más, el informe de la Conadep se convirtió en un testimonio escalofriante de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. La primera edición, de Eudeba, fue de 40 mil ejemplares y se agotó la misma noche de su salida a las librerías. La editorial universitaria hizo cinco nuevas ediciones en solo un mes y las ventas superaron los cien mil. Al año siguiente, la investigación de la Comisión sirvió de base para que el fiscal Julio César Strassera y su equipo de colaboradores seleccionaran los testigos que presentaron en el histórico juicio a las juntas militares.