El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una demanda por daños y perjuicios contra 69 familias del Colegio Lengüitas a raíz de la toma que estudiantes del establecimiento llevaron adelante entre septiembre y octubre de 2022. El reclamo colectivo asciende a $10.514.119,49, más los intereses devengados, y se encuentra en una etapa inicial del proceso judicial.
El criterio que usó la administración porteña para identificar a los demandados es preciso: son los padres o tutores que no retiraron a sus hijos del colegio durante los diez días que se extendió la ocupación. El gobierno sostiene que esa conducta equivalió a avalar la toma y que, por tanto, genera responsabilidad civil sobre los adultos a cargo de esos alumnos. Las 69 familias están siendo notificadas de la acción legal en el marco de ese criterio.
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El monto monetario reclamado surge de sumar el costo laboral que se debió pagar durante esos días del personal docente y no docente del Lengüitas y también de la Escuela de Comercio N° 26 Enrique de Vedia, que funciona en el turno noche en ese mismo edificio, a pesar de que los empleados no pudieron trabajar.
Ante esa situación, un grupo de los afectados se acercó al Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad en busca de opciones de representación. El organismo ya tiene experiencia en casos de este tipo: la defensora Giselle Furlong Pader intervino en una demanda vinculada con la toma del Liceo N.º 5 D.E. 11 “Pascual Guaglianone” y obtuvo una sentencia favorable para las familias que representó.
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En esa causa, el juez rechazó la demanda al considerar que el gobierno porteño no pudo probar un menoscabo económico concreto y que los salarios “constituyen un gasto que el GCBA hubiera tenido que afrontar independientemente de la existencia del hecho”.
La toma del Colegio Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg”, conocido como Lengüitas, se produjo en septiembre de 2022 y se extendió durante diez días. Los estudiantes la impulsaron a partir de un conjunto de reclamos: deficiencias en las viandas, problemas de infraestructura edilicia, cuestionamientos al programa de pasantías llamado Actividades Complementarias de Aprendizaje y Participación (ACAP) y denuncias sobre presunta persecución a los centros de estudiantes. Desde el cuerpo estudiantil se planteó que la toma fue el último recurso después de haber intentado otros canales de reclamo.
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Uno de los puntos de mayor conflicto fueron las ACAP, tanto por las horas de cursada que demandaban como por el tipo de tareas que se asignaban en el marco del programa. Los alumnos del Lengüitas denunciaron que un grupo fue derivado al Hotel Marriott bajo una propuesta que involucraba tareas de traducción y recepción, pero que en la práctica terminó realizando trabajos de limpieza y lavado de platos. Ese episodio se convirtió en uno de los argumentos centrales de los estudiantes para justificar la protesta.
La demanda presentada por el gobierno porteño se apoya en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, en la Ley de Educación Nacional y en el protocolo que la propia administración local estableció en 2018 para regular las tomas escolares, que contempla la corresponsabilidad de las familias frente a este tipo de situaciones. El reclamo económico está vinculado principalmente con los costos laborales generados por la interrupción de las clases, entre ellos los salarios del personal docente y no docente durante el período de la ocupación.
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En septiembre de 2022, fueron varias las escuelas que fueron tomadas por alumnos, con distintos reclamos al gobierno porteño. El Lengüitas es el colegio que más tiempo permaneció tomado por sus estudiantes.
Los conflictos en el establecimiento no quedaron circunscriptos a aquel episodio de 2022. El 25 de junio de 2026, el Centro de Estudiantes del Lengüitas realizó un pernocte en el edificio escolar en rechazo a la reforma educativa Secundaria Aprende, lo que da cuenta de que la tensión entre la comunidad del colegio y las políticas de la Ciudad en materia educativa se mantiene vigente.
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