-No tengo trabajo, no me alcanza, no llego a fin de mes.
-A mí tampoco me alcanza, pero no puedo ponerle un cartelito que diga “no llegó” a nuestra hija cuando me pida merendar.
El diálogo es un clásico. El resultado también. Las madres tienen que alimentar como sea -dejando de comer, trabajando más, rezagando otros gustos personales, endeudándose, haciendo la cola en comedores, enviando a sus hijos/as a otras casas o pidiendo a familiares y amigas- y los padres separados se vuelven evasores seriales de la responsabilidad paternal. La evasión tiene costos, principalmente, para chicas y chicos y, además, para las madres sobre-presentes y multi endeudadas.
El problema no se terminó (es un drama que no tiene fin y que está lejos de solucionarse) pero en la Provincia de Buenos Aires se está un paso más cerca de deschavar al síndrome de los papis con complejo de Islas Caimán con tal de no pasar el dinero para zapatillas, cuadernos, leche y milanesas. A partir de ahora, los berrinches para esquivar la cuota alimentaria tienen más límites y los incumplimientos alimentarios mayores penalizaciones. La norma que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires reforma el Código Procesal en los juicios para garantizar el bienestar físico, nutricional, cultural y mental de chicas y chicos.
La iniciativa fomenta que los jueces usen el Índice Crianza como piso para establecer una prueba del costo real que conlleva cada hijo. Este indicador, que monitorea el INDEC, fue creado para que las madres solas tuvieran que dejar de juntar cada ticket, factura y pago para demostrar cuánto gastaban para mantener a los suyos y que un monitoreo neutral pusiera un piso que no se pudiera perforar por debajo de cuotas insignificantes y alejadas de la realidad.
La última actualización del Índice Crianza, publicada el 13 de diciembre de 2024, con datos de noviembre de este año, establece que el costo mínimo para sostener a un bebé es de $389.870; de $462.397 para los niños y niñas de 1 a 3 años; de $384.002 para los de 4 a 5 años y de $483.162 para los de 6 a 12 años durante la primaria. Y aunque falta un monitoreo en adolescentes (que siguen comiendo, estudiando, creciendo, saliendo y pidiendo) parecen quedarse afuera de la visibilización sobre los esfuerzos maternales. Una madre puede sumar gastos particulares y de nivel de vida, pero un padre no puede aducir que se puede criar a un hijo con menos dinero que el piso del Índice Crianza.
El Índice Crianza comenzó a difundirse en julio de 2023 en un contexto de avance de los derechos de las mujeres y con una mirada económica para que las madres no paguen tan caro y que la otra pata de la mesa no ponga nada arriba del plato. No implica que la cuota alimentaria tenga que ceñirse -mucho menos limitarse- a esos números, pero sí es un parámetro que, en líneas generales, elevó el piso de las cuotas alimentarias, especialmente cuando los progenitores se hacían pagar el total o una parte del salario informalmente o esquivaban tener en regla sus salarios o el nivel de ingresos para pagar menos de lo que sus hijos e hijas necesitaban para vivir, crecer, alimentarse y desarrollarse. No hay una regla única, pero los jueces y juezas empezaron a utilizar el Índice Crianza y a disponer, según sus miradas, que los progenitores aporten el 50% o el 80% del valor de la canasta, según la edad, y por cada niño, niña o adolescente.
El Índice Crianza mide el costo de bienes y servicios y elabora una estimación del valor del cuidado. La diferencia entre el tiempo que ponen para cocinar, hacer las tareas, escuchar los problemas, retar por dejar la ropa tirada y alentar a esforzarse en el aprendizaje padres y madres es una grieta que deja a las mujeres cansadas, aturdidas y sin tiempo propio y a los hombres con una paternidad accesoria a la centralidad de su vida laboral, social y deportiva. En los hogares con niñas y niños las mujeres dan 4:47 horas para tareas de cuidados mientras que los varones aportan 1:47 horas. Los datos surgen del informe “Estimación del costo en tiempo de cuidados de niñas y niños”, publicado en junio de 2023, por la ex Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía, junto a Unicef.
Otra agilización de la norma es aggiornar los modos de comunicación. Basta de padres que miran redes sociales pero se desentienden de las cartas documentos que les obligan a que paguen las proteínas, verduras y lácteos que consumen sus hijas e hijos. Si los padres no notifican domicilio, se hacen los distraídos cuando llegan las cartas documentos o parecen inhallable aunque estén siempre conectados y en línea la clavada de visto ya no será suficiente para darse por desentendidos. El fantasmeo paternal ya no va más.
La norma incorpora la mensajería instantánea al sistema de notificaciones judiciales. Sí, el chat de papis ahora sirve para que no respondan emoticones si en la mesa falta el pan, el asado o los tomates. No se trata de ser modernos para lo que conviene y ser antiguos para lo que los desliga de sus responsabilidades. Por otra parte, la norma reduce las maniobras que utilizan los deudores para evadir o dilatar el cumplimiento de sus obligaciones, disminuye el tiempo de la tolerancia al incumplimiento, amplía la prueba a favor de quienes reclaman y acelera la ejecución para el caso de incumplimiento de convenios no homologados.
Se establecen plazos para dar respuesta a la prueba de informes para determinar el monto de la cuota alimentaria y el nivel de vida del demandado: de ahora en más, en territorio bonaerense, se dan solo cinco días para entidades privadas y apenas siete para organizaciones públicas. ¿Qué pasa si la ley no se cumple y la trampa, mezquindad o pereza permanece? Se establecen multas e intereses cuando los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin adecuada justificación y se entorpece el proceso para dilatar el pago.
No se trata de una solución para casos aislados, sino de un problema generalizado. El 65% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos, o sólo la percibe en forma esporádica, según datos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia. Hace dos años se generó la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, elaborado desde la Subsecretaría de Políticas de Género, a cargo de Lucía Portos, en donde se impulsaron dos proyectos de la senadora Sofia Vannelli y la diputada Lucía Iáñez. Una iniciativa cuenta con media sanción y la otra fue consagrada ley el 12 de diciembre.
El 51,2% de las madres separadas no percibe cuota alimentaria, ni el progenitor de sus hijos e hijas cubre otros gastos. El 24,9% cobra dinero de manera regular; el 15,3% cobra dinero de manera irregular; el 7,9% no recibe cuota alimentaria pero el padre cubre otros gastos y en el 0,7% de los casos el papá falleció. El 66,5% no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. A la mitad de las mujeres (48%) no les alcanza; al 33% solo para alimentos, educación o salud; al 2% para actividades extraescolares y apenas al 10% de las madres le pasan una cuota alimentaria con la que llegan a sostener a sus hijos e hijas.
La abogada y senadora de la Provincia de Buenos Aires Sofía Vannelli (Frente Renovador) apuntó: “Esta ley representa un paso enorme para garantizar los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes. Busca sortear los obstáculos que enfrentan muchas madres, quienes cargan en silencio con un peso inmenso por el amor a sus hijos. El objetivo es reducir el litigio en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos. Esta norma no solo asegura el derecho a una cuota alimentaria justa, también empodera a las mujeres que muchas veces quedan endeudadas al intentar cubrir los costos de vida de sus hijos”.
“Es esencial reconocer la desigualdad entre las partes en el proceso de alimentos y equiparar la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en desventaja. Esta ley garantiza el derecho humano a vivir con dignidad y a tener un nivel de vida adecuado”, subrayó Vannelli. No pueden existir chicos de primera y chicos de segunda, algunos con padres presentes, otros con padres separados que cumplen con sus obligaciones y la mayoría con madres que hacen mucho más de lo que pueden, se endeudan para cubrir los agujeros que no provocan y no llegan a tapar solo con dos manos.
La ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires Estela Díaz destacó: “El eje del proyecto es el fortalecimiento de la autonomía de las madres. Busca equiparar las condiciones de desigualdad y desequilibrio de poder en los procesos judiciales por incumplimiento de la cuota alimentaria”. Por ahora, la iniciativa rige solamente en territorio bonaerense. Pero Vannelli tiene expectativas en que pueda ser replicada en otras provincias: “Con este proyecto buscamos inspirar a otras provincias y al Estado Nacional que actualicen sus procedimientos y garanticen los derechos de más niños y niñas”.
La aprobación contó con la presencia de Malena Galmarini que impulsa lograr que la legislación no mire para otro lado frente a la evasión alimentaria. Resaltó: “Es fundamental que comprendamos que este derecho no es de las madres, sino de los niños y niñas. Sin embargo, como quienes generalmente están al cuidado, las mujeres tienen un derecho indirecto a no empobrecerse ante la inacción de los progenitores”.
Los obstáculos para lograr la cuota alimentaria son el desconocimiento (el 46% de las mujeres no conoce el derecho de sus hijos a ser sostenidos por el progenitor), que los varones lo ven como una pena o una penitencia y por eso evaden su responsabilidad y esconden sus ingresos o los boicotean con tal de no pagar, y que el 65% padece la falta de acceso en asesoramiento jurídico. Por eso, quitar barreras legales, agilizar el proceso, impedir trampas y modernizar los modos de demandar es llevar un plato de comida a la mesa, quitar deudas e invertir en el futuro. La verdad de la milanesa se ve arriba de la mesa.