El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba deberá definir si acepta la propuesta de Mauricio Saillén, secretario general del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), quien ofreció pagar 750 mil dólares para evitar un juicio por corrupción.
La propuesta económica del sindicalista es como “reparación integral por el daño causado” en la causa por lavado de activos, usura y administración fraudulenta que lo tiene como acusado. La decisión del tribunal se conocerá el 22 de octubre. Según los acusados, su propuesta, “no solo beneficia a los intervinientes de estas actuaciones, sino que también redundará positivamente a favor de la sociedad en su conjunto”, y “un juicio oral en las presentes actuaciones no resulta la salida más armónica ni la más justa para las partes”.
Además de Saillén, está imputado un antiguo aliado: el histórico dirigente sindical Pascual Catrambone, ex director de la extinta empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado -Crese- y actual titular de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba -Conmecor-.
El fiscal general Maximiliano Hairabedian, encargado de la acusación en el proceso, expresó su oposición a esta propuesta. La causa involucra a un total de 18 imputados, quienes enfrentan cargos por delitos graves que habrían perjudicado a recolectores y barrenderos.
En 2021, el fiscal federal Enrique Senestrari envió a juicio a Saillén y Catrambone por presuntamente liderar una asociación ilícita dedicada a la usura y administración fraudulenta, aunque el cargo de lavado de dinero fue separado del juicio principal.
La lista de acusados incluye a Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, Franco Gabriel Catrambone, Salomé Alfazak, Héctor Gabriel Balnes, Jorge Vicente Blanes, Miguel Ángel Catrambone, José Luis Yacanto, Juan Carlos Saillén, Micaela Del Valle, Verónica Anabel Quevedo, Adriana Cecilia Oviedo, Yamila Gisel Monjes, y Darío Mauricio Saillén.
Saillén y Catrambone, están acusados de haber formado una asociación ilícita en detrimento de los afiliados y del propio sindicato. La resolución del tribunal sobre la oferta económica podría cerrar la causa sin necesidad de juicio, un desenlace que ha generado controversia y oposición por parte de la fiscalía. Las maniobras ilícitas habrían comenzado a finales de agosto de 2009, afectando a los afiliados del sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac.
La investigación llevada a cabo por el fiscal Enrique Senestrari sostiene que los fondos manejados por los imputados no contaban con la debida autorización ni control oficial, y los intereses aplicados oscilaban entre el 9,7% y el 13,9% mensual. Además, se alega que parte del dinero fue desviado hacia los patrimonios personales de cinco de los acusados mediante ventas en la mutual entre 2012 y 2013.
El fiscal Maximiliano Hairabedian será el encargado de llevar adelante la acusación en el juicio, que será presidido por los jueces Julio Díaz Gavier, Julián Falcucci y Fabián Asís. La causa Surrbac es una de las cuatro investigaciones relacionadas con la gestión de residuos en Córdoba, aunque las otras tres no han avanzado significativamente.
Saillén y Catrambone han estado al frente del Surrbac y de la obra social desde 2002 y fueron reelegidos en septiembre de 2022, a pesar de las acusaciones en su contra. La expectativa en torno al juicio es alta, dado que se trata de un caso emblemático que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción sindical en la región.
Las detenciones en 2019
La dupla sindical ya había tenido sus roces con la Justicia a fines de agosto de 2019. En el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero, las autoridades los detuvieron como parte de un operativo que incluyó múltiples allanamientos.
La investigación se inició tras una denuncia de la concejala de Córdoba, Laura Sesma, quien acusó a los dirigentes sindicales de otorgar préstamos a los afiliados utilizando fondos de la mutual, obteniendo beneficios a través de los intereses generados. Durante los allanamientos, que también abarcaron la residencia de Franco Saillén, hijo de Mauricio y candidato a diputado nacional, se incautaron más de 4 millones de pesos, siete vehículos de alta gama, joyas, relojes y documentación relevante para el caso.
El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y contó con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además de Saillén y Catrambone, hay otros nueve imputados, en su mayoría miembros de la cúpula del SURRBAC. La causa está a cargo del Juzgado Federal de Córdoba N° 1, dirigido por el juez Ricardo Bustos Fierro, y la fiscalía encabezada también por Enrique Senestrari, quien ordenó los 13 allanamientos, incluyendo la sede central del sindicato.
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