“Una vez, luego de perder un partido contra el alemán Tore Meinecke, cuando entró a la habitación me dijo que subiera arriba de la cama y me empezó a pegar con un látigo hasta que se cansó. Ahí fue una de las pocas veces que me doblegó: le pedí que frene porque me dolía demasiado. Finalmente paró de pegarme con el látigo. Pero me agarró de los pelos, me metió al baño con violencia y me metió la cabeza adentro del inodoro y tiró la cadena como diciéndome: ‘sos una mierda’”. Las palabras le pertenecen a Guillermo Pérez Roldan, el ex tenista que denunció a su padre y entrenador, Raúl Pérez Roldán, el año pasado no solo en un documental en el que reveló sus padecimientos sino también en la Justicia. Por estas horas se define el futuro de ese expediente.
Es que, según pudo saber Infobae, el último viernes el fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Daniel Adler decidió acompañar, a contramarcha de lo resuelto por el fiscal de primera instancia, el planteo de la querella de Guillermo Pérez Roldan y de la tenista Graciela Pérez, que también fue entrenada por Pérez Roldán padre cuando era menor de edad y se sumó a la denuncia penal. ¿Qué pide la querella? Que la causa no se desguace, repartida en tribunales provinciales y federales, y que todo se analice bajo el mismo trámite para dar una mirada global a los hechos que se cometieron cuando los deportistas eran menores de edad.
Ahora, la decisión está en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que, no obstante, tiene dos escritos que dicen lo mismo: que la causa debe tramitar unificada. La defensa no hizo ningún movimiento. En su escrito, además, la querella está insistiendo con otra medida judicial: que se le prohíba a Raúl Pérez Roldan salir del país y se vuelva a evaluar el pedido de detención que motorizó el denunciante.
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Todo se enmarca en la denuncia que el año pasado conmovió al mundo del tenis. Guillermo Pérez Roldán, una de las promesas de ese deporte durante la década del 80 y 90, reveló los tormentos que sufrió cuando era menor de edad a manos de su su padre. Raúl Pérez Roldán no solo se encargaba de entrenar a su hijo para exhibirse en una cancha. Había sido avalado por la Asociación Argentina de Tenis para llevar adelante el centro de entrenamiento de menores en Tandil que, según la denuncia, se basaba en la violencia física y psicológica. Cuando los chicos no mostraban el rendimiento esperado, se ponía en juego el sistema de castigos.
Los tormentos de Guillermo incluían golpes con cinturón, con palos, con toalla mojada o directas trompadas a mano cerrada o abierta. “Era tal el temor reverencial que tenía frente a mi padre que nunca a lo largo de todos los años tuve el valor de responderle y menos aún agredirlo físicamente o enfrentarlo. Me encontré en un estado de sometimiento absoluto”, dijo el tenista retirado ante la Justicia cuando presentó su denuncia.
Fue tal la pesadilla que vivía que dos veces pensó en suicidarse. La primera a los 17 años cuando cargó dos balas en un arma que le había regalado su abuelo. “Todo el mundo pensaba que era una persona exitosa pero yo vivía otra realidad, una vida de subordinación hacia mi padre con maltratos físicos y sufrimientos psíquicos sin solución de continuidad. Así fue que disparé dos veces el arma y no salieron las balas”. La segunda vez apretó el acelerador de su auto a toda velocidad en una curva. Quería terminar con su pesadilla.
Según la denuncia, hubo una segunda parte del “plan”: Raúl Pérez Roldan se encargó del “apoderamiento de los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la perdida de mi libertad personal: a mi persona y al patrimonio de mi familia. Es decir, de esta forma materializó el segundo tramo de su plan criminal y luego vendría la administración infiel de esos bienes y la puesta en circulación de los bienes ilícitamente obtenido en el mercado con apariencia de licitud”. En esa acusación el tenista también implica a su madre. Dejó de jugar en 1993. Al año siguiente ya no tenía un peso.
“Yo debía jugar al tenis profesional, hacerlo de la mejor manera posible y bajo el dominio y control de mi padre Raúl Pérez Roldán. El mecanismo para ello era infundirme miedo mediante golpes y maltratos físicos y morales. Cuando hubiere ganado dinero suficiente, apropiárselo definitivamente; y luego la administración y puesta en circulación de los bienes de origen ilícito bajo apariencia de licitud por intermedio de la sociedad BAKOTA SA. Yo nunca me ocupé de la parte económica ya que confiaba en él que me decía: “vos déjame a mí y no te ocupes, vos juga y tranquilo con el tema económico que yo lo manejo…”, añade la denuncia.
Enterado de la acusación en su contra, el padre del tenista buscó bajar el tono a la acusación cuando el documental estaba por estrenarse en la señal Start Plus. Dio a entender que su hijo estaba siendo “inducido por alguien”. “Me gustaría hablar con mi hijo, porque esto tuvo una trascendencia que no debió haber tenido. Él me bloqueó de todos los teléfonos. Con todo gusto hubiera hablado con él para mediar a través de quien quiera para solucionar este problema antes que haya nacido, no ahora que se armó un quilombo y mi mujer está loca. Mi hija también está muy afectada. Yo es lo de menos, muerto el perro se acabó la rabia”, aseguró.
La causa
En septiembre pasado, el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, en consonancia con el fiscal Santiago Eyherabide, resolvió que los delitos debían investigarse porque la causa no estaba prescripta: las víctimas eran menores cuando sucedieron los hechos. Sin embargo se declaró incompetente para investigar si existieron lesiones, violación, privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre y administración fraudulenta. Bajo ese criterio, era la justicia provincial la que debía analizar ese escenario, mientras en la justicia federal le tocaba dilucidar si existió la figura de lavado de dinero. Y, sobre esa base, la fiscalía entendió que Guillermo, la víctima, tuvo “uso y goce del dinero a partir de una intervención plenamente válida en el manejo de los bienes” y que “recién después de corroborarse el delito de reducción a la servidumbre podría hablarse de generación de ganancias ilícitas”.
Contra esa resolución, el abogado querellante Juan Ignacio Pascual apeló ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Según el escrito al que accedió Infobae, el representante de Pérez Roldan hijo sostuvo que el dinero que él ganó jugando al tenis fue “infielmente administrado por su padre, en su propio provecho” y luego inyectadas en otros negocios y sacadas del país dándole “apariencia lícita”. En ese marco, la querella resalto que es la justicia federal la que debe investigar todo el cuadro por “la responsabilidad del Estado Argentino frente a un riesgo de falta de tutela judicial efectiva de la víctima” y ante los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de abuso a menores de edad, entendidos como graves violaciones a los derechos humanos.
“Al dividir y por lo tanto duplicar la investigación”, se está violando los derechos de la víctima, se sostuvo. “¿Deberán las víctimas volver a efectuar el duro relato que tanto dolor les ha causado ante el fiscal y el juez provincial? ¿Tendrán que ir, otra vez más, a ratificar su denuncia? La escisión podría llevar, en el mejor de los casos, a que se produzcan dos juicios. ¿Deberán las víctimas enfrentar en un debate oral y público dos veces a su victimario? Pareciera que la única respuesta a tales interrogantes y que se ajusta a la ley y a la tutela judicial efectiva que a esta parte le corresponde es no”, se quejó la querella.
El viernes, le tocó pronunciarse al fiscal Adler, representante del Ministerio de Público ante la Cámara Federal de Mar del Plata. “Nos encontramos ante hechos de inusitada gravedad y crueldad que afectan a niños y niñas, en términos del derecho internacional convencional con jerarquía constitucional (Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos). Se traía de un caso donde un mayor de edad habría sometido a malos tratos a su hijo y a otra niña de modo sistemático y permanente, con explotación económica a partir de sus condiciones de deportistas profesionales, afectando seriamente su personalidad y patrimonio”, repasó el funcionario en su dictamen.
Según resaltó, “la aplicación de los castigos denunciados (tales como golpes, amenazas, violencia verbal, abusos sexuales,) tendrían como objetivo la explotación económica de los niños a partir del ejercicio de un deporte profesional y las ganancias que ello conllevaba, luego de lo cual habría devenido la administración infiel del patrimonio de los niños y el consecuente lavado de activos”. En ese sentido, Adler planteó que “si bien resultan acertadas las consideraciones del fiscal y del juez (de primera instancia) en tanto consideran que no estaríamos frente a delitos de lesa humanidad, las circunstancias y las características de los hechos sí constituyen graves violaciones a los derechos humanos de los niños y de las niñas”.
Para la fiscalía, “el Juez Federal de Azul entiende que los malos tratos y la administración infiel hacia los niños y niñas deben ser remitidos para su investigación a la justicia local, pero declara competente a la justicia federal para la investigación del delito de lavado de activos que resultaría su consecuencia”. Y señaló que “la construcción realizada por el magistrado viola los principios procesales de unidad de la investigación, concentración procesal y los criterios que ha desarrollado la CSJN y la Cámara Federal de Casación Penal para una mejor y más pronta administración de justicia”.
A su criterio, “los hechos ilícitos conectan con el lavado de activos y el descarte de dicha hipótesis en esta primigenia instancia aparece prematuro, pues las secuelas del sometimiento que habrían sufrido las víctimas pudieron haber impedido una efectiva administración y una disposición real tanto de los bienes como de todo el andamiaje montado a través de la sociedad Bakota. No aparece razonable que los hechos se escindan, tramitando una parte por ante el fuero ordinario y otra ante la justicia federal, no sólo porque se pierde la visión conglobada del caso, sino también porque significaría exponer a las víctimas a dos procesos paralelos, lo cual aparece en franca contradicción con los postulados de la Ley de Víctimas”
La querella vivió como un triunfo el acompañamiento del Ministerio Público en esa instancia. Es que ahora será la Cámara Federal de Mar del Plata la que tendrá que decidir cómo avanza el expediente, pero sobre la base de dos posturas coincidentes que apuntan a llevar adelante una investigación unificada en el fuero federal. De esa decisión, puede depender el rumbo del expediente.
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