El debate sobre el síndrome de alienación parental y por qué los expertos proponen evitar el concepto

Hay quienes consideran que hablar del síndrome de alienación parental (SAP) es hablar de algo siniestro que, además, no existe. Para otros, en cambio, resulta una realidad incontrastable, un conjunto de síntomas que pueden padecer los niños, llevados a ese límite por uno de sus padres —en general su madre—, quien puede colonizar la mente del hijo o hija inculcándole, incluso, recuerdos falsos, para que rechace al otro progenitor.

En medio de posturas enfrentadas, hay certezas respecto de esta teoría, datos de los que nadie duda, aunque esté en desacuerdo. Pero comencemos por la definición de SAP.

Se trata de la experiencia de un niño de ser manipulado por uno de sus padres para que se vuelva en contra del otro progenitor (el objetivo) y se resista al contacto con él. Esta alineación surge, según esa definición, con mayor frecuencia durante las disputas por la custodia de los hijos durante o después de los procedimientos de divorcio o separación, especialmente cuando el litigio es prolongado o implica un antagonismo importante entre las partes. Este dominio de la mente del niño puede llegar —según este concepto— a la implantación de recuerdos falsos en los menores de edad, incluso, dice esa teoría, “recuerdos” de abusos sexuales que no existieron.

Esta descripción fue creada en 1985 por el psiquiatra infantil estadounidense Richard A. Gardner (1931-2003), un personaje mucho más que cuestionable. Pero a eso volveremos más adelante.

Por un lado, el SAP es considerado por muchos profesionales e instituciones que los nuclea un concepto peligroso en casos de abuso sexual infantil, ya que suele emplearse para deslegitimar los testimonios de niños y niñas, desestimando denuncias válidas y protegiendo a acusados de delitos aberrantes. Esta teoría ha sido desautorizada por carecer de fundamento empírico, y su aplicación en los tribunales es vista como una herramienta que permite poner en duda la voz de los chicos y, en muchos casos, asegurar impunidad a sus abusadores.

Esto no implica negar la existencia de divorcios con niveles tan altos de conflictividad que pueden incluir una fuerte influencia por parte de uno de los padres sobre los hijos para enfrentarlos con su otro progenitor, lo que deriva en rechazos de los niños al contacto, mayoritariamente con sus padres, que pueden durar años y dejar profundas huellas psicológicas en los niños y sus familias.

Diversas organizaciones científicas, médicas y de derechos humanos rechazan el concepto de “síndrome de alienación parental”, alegando la falta de respaldo empírico, a la vez que advierten sobre los riesgos de su uso en los tribunales y en la práctica clínica.

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), que publica el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), excluyó al SAP de su última edición, el DSM-5, debido a que carece de evidencia clínica y pruebas estandarizadas que lo avalen. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco lo incluye en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lo que refuerza la falta de reconocimiento global de este concepto en el ámbito médico.

Asimismo, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) y la Asociación Médica Estadounidense (AMA) han publicado pronunciamientos similares, cuestionando su uso en procesos legales por falta de evidencia científica que lo sustente. Ambas organizaciones alertan sobre el peligro de que el SAP sea utilizado para deslegitimar los testimonios de abuso infantil, lo que afectaría la protección de los menores de edad.

En Argentina, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina calificó el SAP de teoría “falsa” que “no cumple con los criterios de validez y confiabilidad que requieren un diagnóstico clínico”. La federación ha alertado que su uso en los tribunales favorece la “impunidad de los abusadores” y representa una violación a los derechos de la niñez. En la misma línea, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, a través del Distrito I de Bahía Blanca, ha expresado su “rechazo absoluto” a la utilización de ese concepto o sus derivados en el ámbito judicial porque “carecen de sustento científico” y su uso frecuentemente desestima los dichos de niños y niñas en casos de abuso o maltrato.

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha rechazado el SAP debido a la falta de consenso científico sobre su validez como diagnóstico. Esta institución advirtió que su uso en tribunales familiares podría llevar a decisiones judiciales que desestiman causas legítimas de rechazo infantil hacia un progenitor, como el abuso o maltrato.

En España, la Asociación Española de Neuropsiquiatría también se manifestó en su momento al considerar que constituye un intento de “medicalizar lo que en realidad es una lucha de poder por la custodia de un hijo”, y sostuvo que el concepto de este “síndrome” vulnera los derechos de los niños y niñas al deslegitimar sus testimonios en conflictos familiares.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires emitió una declaración en 2020 rechazando “la existencia del SAP por carecer de validez científica y jurídica”. En su pronunciamiento, la institución señalaba que esta “falaz teoría ha sido utilizada para invalidar pericias psicológicas y psiquiátricas, negar la existencia del delito de abuso de menores y desconocer la voz de los niños y de las niñas”. La institución subrayó que “las pericias e informes pueden establecer la verosimilitud del relato”, y que “los niños rara vez mienten” en estas situaciones, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño.

La Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina también emitió una recomendación donde instó a “no utilizar el argumento SAP” en casos de abuso infantil, solicitando a los tribunales que escuchen y validen las denuncias sin recurrir a teorías desestimadas por la ciencia como el SAP o el concepto de “lavado de cerebro”. Este posicionamiento está alineado con la postura de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), que en julio de 2020 difundió un documento en el que califica esa teoría como una “falacia carente de rigor científico” utilizada para “limitar o deslegitimar el avance en la protección de los derechos de niños y niñas”.

En Uruguay, instituciones como la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) también se pronunciaron en contra y la Fiscalía General de la Nación prohibió su uso en los tribunales al considerarlo una teoría sin fundamento científico.

Por su parte, Liliana Hendel, psicóloga, graduada en la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Género y Comunicación, con amplia experiencia en el trabajo con madres separadas de sus hijos, en diálogo con Infobae, consideró que “el concepto de alienación no existe” porque “un niño o niña no puede ser convencido como si fuera una cáscara hueca donde alguien puede convencerlo de haber sido violado cuando en realidad no lo fue” y señaló que “lo que esta teoría hace es separar brutalmente, muchas veces con la policía, como si los chicos fueran delincuentes”, a los menores de edad de su madre.

Si bien, “los niños y las niñas mienten y si vos les preguntas quién rompió ese florero, te van a decir ‘yo no fui’”, subrayó que “es imposible implantar memorias”, es decir “sostener que fue abusado inventando escenas sexuales. Eso es imposible”, insistió.

Pero, ante la supuesta circunstancia de ser presionado para mentir, aseguró, “si el padre es un padre amoroso, con el que ha tenido un vínculo extraordinario, que ha sido un padre cuidadoso, al niño lo rompe por dentro, tener que mentir acerca de alguien a quien ama. En algún momento se quiebra, un niño no puede sostener una mentira”.

Aún así, la especialista admitió que “puede haber influencias” de un padre o una madre sobre sus hijos para enfrentarlo con el otro progenitor: “Yo soy madre y con toda seguridad he influenciado a mis hijos. Mi madre y mi padre me han influenciado a mí”, pero “la influencia que se ejerce sobre alguien, teniendo yo una determinada responsabilidad, no es un delito”. “Ni siquiera si es la influencia de una madre en contra del padre o de un padre en contra de la madre”, remarcó.

Por eso consideró que “la manipulación o la influencia deben ser, en todo caso, tratadas, no en el ámbito judicial. No se judicializa un problema familiar” por lo que recomendó al padre o madre que se vea en una situación semejante “favorecer el vínculo amoroso y esperar. Alguien que ama no daña. Si yo amo a mi hijo, no puedo hacer que la justicia intervenga y lo dañe, arrancándolo del vínculo que ese niño cree que es su mejor vínculo”.

“El sistema judicial —agregó— no debe intervenir en situaciones donde lo que está en juego son vínculos amorosos y no delitos, debe intervenir cuando hay abuso sexual, porque el abuso sexual es un delito, debe intervenir cuando no hay pago de cuota de alimentos, cuando hay situaciones de violencia tanto física como emocional”.

En ese sentido, subrayó que, en su experiencia como secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, implementó un proyecto piloto de patrocinio jurídico gratuito para mujeres que buscan proteger a sus hijos de agresores dentro del entorno familiar por lo que ha visto casos en que la Justicia ante una supuesta manipulación ha impuesto “castigos como si hubiera sido un delito”, especialmente contra las madres, imponiendo un “invento truculento que es la vinculación obligatoria de los niños y niñas con quienes los han abusado”.

Este médico psiquiatra estadounidense y perito judicial, acuñó en 1985 el término “Síndrome de Alienación Parental” para describir un conjunto de conductas que, según él, se presentaban en los hijos durante los litigios de divorcio, caracterizadas por una campaña de denigración hacia uno de los progenitores, generalmente dirigida por la otra parte.

El concepto lo desarrolló en varios de sus libros, entre ellos Síndrome de Alienación Parental y la diferencia entre abuso sexual infantil fabricado y genuino, publicado en 1987. En este y otros textos, Gardner planteaba que el SAP se manifiesta especialmente en casos donde se acusa a uno de los progenitores de abuso sexual, y argumentaba que las acusaciones eran frecuentemente infundadas y producto de la manipulación materna.

Pero Gardner avanzó con sus teorías en otro de sus libros, Histeria del Abuso Sexual: las Brujas de Salem vuelven a Visitar los Juzgados, de 1991, donde criticaba la tendencia de los profesionales del sistema judicial y de la salud mental a tomar partido automáticamente a favor de quienes alegaban abuso. Según el psiquiatra, esta tendencia resultaba en una especie de histeria colectiva que él comparaba con la caza de brujas de Salem.

Entre sus muchas afirmaciones controvertidas afirmó que “hay un poco de pedofilia en cada uno de nosotros”, minimizando la gravedad del abuso sexual infantil, y sugería una perspectiva más permisiva hacia esta conducta aberrante, lo que ya en su momento generó gran polémica y rechazo en el ámbito académico y judicial.

En sus propias palabras, Gardner argumentaba que los “encuentros sexuales entre adulto y niño no son universalmente considerados como un acto censurable” en todas las sociedades, tratando de contextualizar culturalmente lo que en la mayoría de las jurisdicciones modernas se considera un crimen. Esta perspectiva ha sido uno de los pilares de la controversia en torno a su legado.

Gardner se suicidó en 2003.