Infancia en riesgo: cómo la falta de alimentos y agua segura impacta en los niños argentinos

La inseguridad alimentaria es un tema que toca de cerca a los niños en Argentina. Un análisis profundo sobre este aspecto, junto a la inseguridad hídirica, el etiquetado frontal de alimentos y la autoproducción en la infancia, son temáticas preocupantes debido a los niveles de pobreza y privación.

Según el informe, al que tuvo acceso Infobae, titulado “Alimentación, Agua, Etiquetado Frontal y Autoproducción. Sistemas de protección y desigualdad social en la infancia argentina”, publicado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la situación de pobreza infantil se ha incrementado.

El estudio, encabezado por Ianina Tuñón, coordinadora de los estudios de infancia del ODSA, UCA y los coautores Matías Maljar, Nicole Robert y Nazarena Bauso, mostró que más del 60% de los niños y adolescentes en las grandes ciudades del país viven en la pobreza desde 2020.

“La cuestión alimentaria requiere de abordajes integrales que apunten efectivamente a alcanzar la seguridad alimentaria. En tal sentido, el presente documento de trabajo propone abordar la inseguridad alimentaria en la población más vulnerable a la pobreza que es la infancia y adolescencia, pero también las privaciones en el acceso al agua que es un componente crítico de la dieta humana y juega un papel vital en la nutrición y la salud. En ambos planos la Argentina tiene deudas y en particular con la población de niños/as y adolescentes que se encuentran en proceso de desarrollo biopsicosocial”, explica la introducción del informe.

El documento proporciona información original y valiosa sobre las carencias en el acceso al agua segura y los múltiples aspectos de la vida de los hogares que se ven afectados por su falta o baja calidad. Además, analiza la incidencia de la inseguridad alimentaria en niños/as y adolescentes, su evolución a lo largo del tiempo y su relación con la pobreza e indigencia. También se detallan los distintos efectores del Estado vinculados a la cobertura alimentaria, subrayando su enfoque en los sectores sociales más vulnerables.

Las cifras son contundentes. Ianina Tuñón y sus colegas expresaron en el informe: “Desde 2020 la pobreza infantil se ubicó siempre por encima del 60% y registra un aumento de casi 19 puntos porcentuales con respecto al 2017″.

El análisis destacó los efectos de la inseguridad alimentaria, indicando que aproximadamente un tercio de los niños experimenta carencias en el acceso a una alimentación equilibrada, y la mitad de ellos ha vivenciado hambre extrema.

“La situación de inseguridad alimentaria en niños y adolescentes, que es otra forma de representar la pobreza extrema, se incrementó de modo sostenido desde el 2017 en adelante, llegando al 32.2% en el 2023”, señala el informe.

En diálogo con Infobae, Ianina Tuñón, ahondó en que “la pobreza infantil previo al 2017 en la infancia se ubicó en torno al 40% de modo bastante estructural”, pero a partir de 2018, comenzó a incrementarse de modo progresivo.

—¿Por qué ocurrió esto?

Ianina Tuñón: —Fue como consecuencia de las sucesivas crisis socioeconómicas, la recesión económica en 2018, la disminución de la actividad económica, el ajuste del gasto público, en contexto de fuerte aumento de la inflación que, como sabemos, erosiona fuertemente el poder adquisitivo de los hogares más pobres y en particular con niños.

El impacto de la pandemia fue muy importante en la economía y en el empleo, detalló la experta. “Las transferencias de ingresos a la infancia no fueron ni son suficientes, porque se trata de un ingreso complementario de los hogares que también se ha visto fuertemente afectado por la inflación. Son transferencias necesarias pero no suficientes y que como política pública han mostrado sus limitaciones”, dijo Tuñón.

El documento también subraya la importancia de las políticas de etiquetado frontal de alimentos y su impacto en los patrones de consumo en los hogares argentinos. “Un tercio de los hogares reconoce haberse visto desalentado al consumo de ciertos alimentos a partir del etiquetado frontal”, indicaron los autores, añadiendo que esta incidencia es mayor en los hogares sin niños y entre los no pobres.

La Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal, exige a la industria de la alimentación y bebidas a identificar con octógonos (sellos) negros el exceso de los productos, tanto sea en azúcares como sodio, grasas y calorías.

“El etiquetado frontal es una medida de formación y concientización que no podemos pretender que tenga un gran impacto sin un acompañamiento en otras áreas de educación para la salud”, sumó Tuñón a Infobae.

En el informe destacan que un 28% de los hogares con niños/as reconocen haber cambiado sus hábitos alimentarios debido al etiquetado frontal. Hablan de un impacto desigual: es menor en hogares pobres y mayor en los de nivel socioeconómico medio-alto.

La inseguridad hídrica es otro de los desafíos a considerar por su impacto directo en la salud de las personas, cuya magnitud es de gran envergadura. Según detallan en el informe, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de las enfermedades y más de un tercio de las defunciones que afectan a los países en desarrollo son, al menos parcialmente, atribuibles a la carencia de sistemas adecuados de saneamiento y de abastecimiento de agua potable.

“Se destaca la preponderancia de la inclusión de esta cuestión dentro los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para 2030, haciéndose mención en 2 de sus 17 objetivos. Los ODS que concretamente refieren a la necesidad de resolver la inseguridad hídrica se ven plasmados en las siguientes metas: reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos, por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo como así garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, dice el informe.

El estudio aborda la inseguridad hídrica en Argentina. Allí se destaca que “el déficit de acceso al agua segura en cantidad y calidad afecta a casi uno de cada diez niños y adolescentes en la Argentina urbana”.

Esta situación se agrava en los contextos de mayor pobreza y en áreas metropolitanas como el Conurbano Bonaerense.

Casi el 10% de los niños/as y adolescentes de áreas urbanas sufren inseguridad en el acceso al agua, con mayores efectos en contextos de pobreza y áreas metropolitanas como el Conurbano Bonaerense.

Entre los factores destacan interrupciones en el suministro, falta de agua potable para beber y lavar, y cambios en hábitos alimentarios debido a problemas con el agua.

“En muchos lugares se evidencian problemas de capacitación, pero también de falta de agua para el riego y los animales. El agua es un bien escaso cuando se vive en situación de pobreza y segregación habitacional. La carencia de agua en el país es mayor en el verano, y afecta de muy diferentes formas la vida de las poblaciones más pobres. También disminuye sus chances de autoproducción”, sostuvo Tuñón a este medio.

“Si bien, los avances en el acceso al agua de red han sido muy importantes, el derecho al agua considera aspectos de su cantidad y calidad sobre los que existen problemas y desigualdades sociales que afectan a los sectores sociales más vulnerables, y a diferentes regiones y áreas metropolitas del país”, sumaron en el informe.

El informe subraya, además, que “los sistemas de protección directos e indirectos alcanzan altos niveles de cobertura de la población infantil en el país,” mencionando políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA), que benefician a casi el 40% de los niños y adolescentes.

Asimismo, las ayudas alimentarias directas a través de comedores escolares y comunitarios cubren un porcentaje significativo de la población infantil vulnerable.

“La AUH y la TA han tenido hasta ahora un impacto en la indigencia y en la inseguridad alimentaria severa, pero muy menor en la pobreza. Recomiendo trabajar sobre un programa alimentario escolar ejemplar y focalizado, que establezca sinergias positivas con el mundo de los pequeños productores locales”, sostuvo Tuñón al respecto.

Respecto a la autoproducción de alimentos, el informe señala que esta práctica es limitada en las áreas urbanas del país. “Se estima que en la Argentina urbana únicamente un 5% de los hogares tiene una huerta o cría animales para el consumo de su familia”, explican. No obstante, la autoproducción es más común en áreas rurales y periurbanas, donde las familias cultivan sus propios alimentos y crían animales pequeños.

Según se destaca en el informe de la UCA, en Argentina, la autoproducción de alimentos se ha convertido en una práctica con una notable expansión y regulación, tanto a nivel local como internacional. “La autoproducción de alimentos en los cordones metropolitanos es una interesante oportunidad para avanzar sobre la seguridad alimentaria”, explicó Tuñon a este medio.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AG), en su resolución sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019-2028), ha subrayado la importancia de esta actividad, posicionando a los agricultores familiares como agentes fundamentales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este marco internacional busca reforzar la visibilidad y el apoyo a los pequeños agricultores, destacando su papel en la lucha contra el hambre, la pobreza y la degradación ambiental.

A nivel regional, el informe detalla que diversas normativas se alinean con estos objetivos. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) ha desarrollado una Ley Modelo de Agricultura Familiar que establece lineamientos para que los países supervisen y mejoren las prácticas de agricultura familiar, con un enfoque en la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables, en particular los niños, niñas y adolescentes.

De manera similar, el Parlamento Andino aprobó la Ley Marco para Promover y Fortalecer la Economía Campesina y la Agricultura Familiar en la Región Andina, que brinda un marco regulatorio para fortalecer estas actividades en los países andinos, fomentando la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

En el ámbito nacional, Argentina ha adoptado diversas leyes que promueven la autoproducción de alimentos y la agricultura familiar. La Ley de Agricultura Urbana (Ley 25.380), sancionada en 2001, establece las bases para el desarrollo de huertos urbanos, una práctica que, aunque menos extendida que en las áreas rurales, ha ganado impulso en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes que buscan prácticas de consumo más sostenibles.

La Ley de Desarrollo de la Agricultura Periurbana (Ley 26.831), aprobada en 2012, se centra en las áreas periurbanas, fomentando la producción de alimentos en los cinturones verdes que rodean a las grandes ciudades.

Por su parte, la Ley de Agricultura Familiar (Ley 27.118), sancionada en 2015 y reglamentada finalmente en 2023, representa un hito importante al proporcionar un marco legal integral para el apoyo a los pequeños agricultores y la producción destinada al autoconsumo y la comercialización local, según explican en el documento.

Para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos producidos a través de la agricultura familiar, el Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA) desempeña un rol crucial.

Creado por el Decreto 815/1999, este sistema está compuesto por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), y representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este organismo coordina y regula las actividades relacionadas con la producción y comercialización de alimentos, asegurando que los productos agrícolas cumplan con los estándares de seguridad y calidad necesarios.

En cuanto a las prácticas específicas de autoproducción, en las áreas rurales y periurbanas de Argentina, es común encontrar huertas familiares en los patios y terrenos adyacentes a las viviendas, donde se cultivan una variedad de frutas y verduras, según detallaron.

Además, destacan, muchas familias crían pequeños animales, como gallinas para la producción de huevos, complementando así su dieta y, en algunos casos, generando un ingreso extra mediante la venta de excedentes en mercados locales. Esta práctica es especialmente relevante en contextos de pobreza, donde según los explican los expertos en el informe, la autoproducción no solo mejora la seguridad alimentaria, sino que también contribuye a la economía familiar.

Además de las huertas familiares, se han desarrollado emprendimientos comunitarios en diferentes regiones del país, adaptándose a las particularidades climáticas y culturales de cada área. Por ejemplo, de acuerdo al informe, en el norte argentino es común el cultivo comunitario de especies autóctonas, mientras que en la región central se destaca la producción de hortalizas y verduras de hoja.

Aunque, sostienen, la agricultura urbana aún no está tan extendida como en las áreas rurales, ha visto un crecimiento significativo en las últimas décadas. Esta tendencia es impulsada por un interés creciente en el consumo de alimentos frescos y la sostenibilidad ambiental, especialmente entre los jóvenes que promueven iniciativas como huertos comunitarios y jardines verticales en las ciudades.

Uno de los programas más importantes en este ámbito, describen en el informe, es ProHuerta, una iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que desde 1990 promueve la seguridad alimentaria y la autoproducción en familias de bajos recursos. Según detallan, ProHuerta ofrece semillas, plantines, herramientas y capacitación en técnicas agroecológicas, facilitando así el acceso a alimentos frescos y saludables. Este programa ha sido fundamental en la expansión de la autoproducción de alimentos en todo el país, especialmente en zonas vulnerables.

Existe un consenso generalizado sobre los beneficios de la autoproducción de alimentos para la seguridad alimentaria. En contextos de pobreza, esta práctica se convierte en un recurso vital, permitiendo a las familias asegurar una dieta balanceada y, en muchos casos, generar ingresos adicionales al vender sus productos en mercados locales o directamente a los consumidores.

No obstante, según el informe, surge la necesidad de analizar más profundamente la incidencia de la autoproducción en las zonas urbanas de Argentina y su relación con los factores socioeconómicos de los hogares y las diversas regiones del país, para comprender mejor su impacto y potencial.

El informe resalta la correlación entre pobreza y privaciones en la alimentación y el acceso al agua, enfatizando la necesidad de políticas integrales que aborden estas problemáticas desde múltiples frentes. “En el campo de las políticas alimentarias existen ayudas directas e indirectas”, señalan, mencionando los comedores escolares y los programas de asistencia social, como ejemplos de políticas que buscan mitigar la inseguridad alimentaria.

Según resumen en el estudio, aunque existe una amplia normativa que legisla sobre el derecho a la alimentación y al agua, promoviendo la alimentación saludable y la autoproducción, el efectivo ejercicio de estos derechos está lejos de cumplirse, especialmente en la infancia y adolescencia.

“Parte relevante del diagnóstico y causa de las privaciones en el espacio de la alimentación es la pobreza e indigencia que afecta de modo específico a la infancia en el país,” concluyen los autores.