Las claves que explican el avance de la desregulación de las obras sociales y prepagas

El Gobierno Nacional avanza en la implementación del DNU 70/2023 y acaba de introducir una modificación en la desregulación de obras sociales, con el objetivo de fomentar la competencia en el sistema de salud y otorgar libertad de elección a los beneficiarios de obras sociales y prepagas.

La nueva regulación estipula que los aportes al Fondo Solidario de Redistribución ahora serán iguales para todos los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, estableciendo una contribución uniforme del 15% para obras sociales sindicales, las obras sociales de dirección y las prepagas.

Así lo detalla la normativa de la Superintendencia de Servicios de Salud en el decreto 600/2024, publicado en el Boletín Oficial.

Según pudo saber Infobae, la implementación de este decreto es parte de una serie de reformas dirigidas por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyo objetivo es “reordenar el sistema de salud” y garantizar acceso a servicios más eficientes y equitativos.

Este cambio espera impulsar a las empresas de medicina prepaga a acelerar su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), permitiéndoles acceder a los fondos de manera directa. La medida busca mejorar la transparencia en el uso de los recursos aportados, permitiendo a los beneficiarios conocer el destino y administración efectiva de su dinero.

Según anticiparon a Infobae fuentes de la cartera sanitaria nacional, la medida apunta a la mayor competitividad del sistema, “la baja de la inflación brinda mayor certidumbre en el valor de los planes y permitirá que las empresas compitan entre sí, lo que generará mayor oferta y mejores precios”.

El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se compone de un porcentaje del aporte que los trabajadores en relación de dependencia realizan a las obras sociales, así como del que efectúan sus empleadores. Estos aportes, en vez de ir directamente a las obras sociales, son gestionados por el Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según ya había quedado establecido por el Decreto 170/24, publicado en febrero y detallado por Infobae.

Antes de la modificación publicada hoy en el Boletín Oficial, en febrero se había establecido un 20% para las empresas de medicina prepaga.

Ahora, las prepagas serán incluidas en los porcentajes que se aportan al FSR, en un proporción uniforme con las obras sociales sindicales y de dirección: “La nueva reglamentación iguala los aportes al Fondo Solidario de Redistribución. Todo en 15%, en busca de lograr mayor equidad en el sistema”, confirmaron a Infobae.

El objetivo del FSR es asegurar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) a todos los afiliados del sistema y compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales o reintegros por tratamientos complejos y costosos, o discapacidad a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR).

“A partir de esto, las empresas podrán recibir aportes y contribuciones sin intermediaciones para, de esta manera, poner fin a las famosas triangulaciones y las cajas negras. Esta es una medida más que va en línea lo que está haciendo el ministerio de Salud: reordenar el sistema de salud”, agregaron a este medio.

“Se apunta a que puedan competir con planes nuevos más baratos en busca de captar más afiliados”, detallaron, dando un ejemplo, el ofrecimiento de planes básicos con copagos para quienes utilizan poco la prepaga, como los más jóvenes.

Según señaló el Ministerio de Salud a Infobae, las modificaciones implementadas permiten que el beneficiario pueda elegir libremente, fomentando la competencia entre las prepagas y las obras sociales. Además, incrementan el volumen del Fondo Solidario de Redistribución para lograr un sistema más equitativo.

“A partir de ahora, las Obras Sociales Sindicales, las Obras Sociales de Dirección y las Prepagas -que se inscriban en el registro de financiadores- podrán recibir sin intermediación los aportes y contribuciones y, todos los beneficiarios, aportarán al Fondo Solidario de Redistribución el mismo importe: el 15%”, señala el Ministerio de Salud.

Como anticipó Infobae cuando se reglamentó el DNU 70/23 en febrero de este año, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) impulsa un amplio proceso de cambio que afectará a más de 14 millones de trabajadores en Argentina. Este grupo incluye a empleados públicos y privados, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas y personas del sistema general, con el objetivo de mejorar la gestión de aportes y contribuciones hacia obras sociales y prepagas.

La SSS se encargará de supervisar y motorizar estos cambios, asegurando que los fondos vayan directamente desde la AFIP a través de la declaración jurada de los empleadores o del pago directo de los monotributistas, hacia las obras sociales sindicales, descontando lo que corresponde al Fondo Solidario de Redistribución.

Según pudo saber Infobae, el objetivo del Ministerio de Salud y del Gobierno no es desarticular el actual sistema de aportes y contribuciones, sino mejorar la distribución del dinero entre prepagas, obras sociales y beneficiarios. El foco es que los fondos lleguen al sistema sanitario y no se queden en entidades que no prestan ningún servicio.

El proceso de desregulación de las obras sociales y prepagas que se puso en marcha con el DNU 70/23 y se reglamentó en febrero, apunta a que los beneficiarios puedan elegir con total libertad por una Prepaga o una Obra Social Sindical y que esta dinámica mejor el nivel de las prestaciones e impulse la libre competencia.

Uno de los cambios centrales en la desregulación del sistema fue que desde el inicio de un vínculo laboral, los trabajadores tienen la opción de elegir entre una obra social (sea la de su actividad laboral u otra) o un servicio de medicina prepaga.

Estas entidades usarán sus recursos prioritariamente para prestaciones de salud y estarán integradas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Los beneficiarios incluyen a trabajadores públicos y privados en relación de dependencia, así como a jubilados y pensionados nacionales. Cualquier aporte adicional a las contribuciones estipuladas deberá destinarse un 15% al Fondo Solidario de Redistribución.

Dos cambios significativos serán eliminados: la necesidad de combinar los beneficios de una obra social con los servicios de una prepaga, y la obligación de permanecer un año afiliado a la obra social correspondiente antes de optar por la desregulación. Estos cambios pretenden beneficiar directamente a los afiliados, evitando que el dinero se quede en obras sociales que actúan como intermediarias.