La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicas (CALAB) coincidieron hoy en advertir que peligra la prestación normal de esos servicios de salud como consecuencia por la “profunda crisis de financiamiento” y “problemáticas estructurales y económicas” por lo que pidieron iniciar un diálogo entre los diferentes actores del sector de la salud para hallar soluciones.
CALAB, a través de su vocero, el doctor Alejandro Buasso, afirmó que “peligra la prestación del análisis clínicos” como consecuencia del cierre de laboratorios y la suspensión de estudios clínicos debido a los altos costos.
A su vez, CADIME, que representa a más de 13 mil empresas PyMEs argentinas, advirtió que “se está en riesgo de marchar aceleradamente a la destrucción de miles de empresas pymes de salud, de su capital humano, y su consecuente impacto negativo en la calidad, la eficiencia y la equidad en el sistema”.
La posición de CALAB
La entidad, que reúne a las organizaciones que representan a los profesionales bioquímicos, manifestó que esta situación, dijo Buasso, “pone en vilo el diagnóstico clínico” y consideró que, “si no se abordan las problemáticas estructurales y económicas de manera inmediata, la desaparición de más laboratorios será inevitable y, en consecuencia, se afectará la calidad y accesibilidad de la atención médica”.
Según la entidad, en los últimos años, múltiples laboratorios de análisis clínicos, varios de una larga trayectoria, debieron cesar sus operaciones o fueron adquiridos por grandes entidades. Esto generó, dijo, una reducción en la cantidad de centros de atención disponibles y la restricción en el acceso a los análisis para la población.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), informó el vocero de CALAB, en los últimos 12 meses fueron cerrados laboratorios reconocidos como el doctora Etelvina A. Rubeglio, Savio, LACER, ABC y CHAMOLES, este último especializado en Neuroquímica. Este cierre ha dejado un vacío significativo en el campo de los estudios neuroquímicos, obligando a enviar muchos de estos análisis específicos al exterior.
Según CALAB, la tendencia de cierre se viene acelerando por la situación económica y estructural actual del sistema, lo que aumenta la preocupación sobre la continuidad de estos servicios esenciales.
La entidad agregó que muchos bioquímicos han optado por vender sus laboratorios a entidades más grandes que procuran alcanzar “economías de escala”. En los últimos años, más de 52 centros de atención fueron comprados por otros laboratorios. Sin embargo, estos nuevos propietarios muchas veces se ven obligados a reducir la cantidad de centros debido a los altos costos operativos, lo que restringe el acceso de la población a los análisis clínicos necesarios. Además, insistió en que algunos estudios de alta complejidad que anteriormente se realizaban en Argentina ahora deben ser enviados a otros países para su procesamiento. Esta situación aumenta los costos y tiempos de espera para los pacientes.
“A esto se agrega que numerosos laboratorios han dejado de realizar estudios donde pierden dinero, afectando gravemente la capacidad diagnóstica del país. El aumento de costos debido a la devaluación, con insumos y reactivos mayormente importados, ha llevado a una situación en la que el ingreso marginal de muchos estudios es menor al costo marginal, resultando en pérdidas por cada estudio realizado”, dijo Buasso en un comunicado.
“El impacto de las diferencias entre el aumento de los costos–salarios del personal, insumos y servicios, y la falta de una correcta actualización de los aranceles de los estudios que se realizan produjo una pérdida de rentabilidad a los laboratorios, generando el cierre de varios y poniendo al borde de la quiebra a otros”, explicó la entidad.
La CALAB, que representa a laboratorios de análisis clínicos privados en toda la República Argentina, señaló la urgencia de abordar estas problemáticas estructurales y económicas para evitar la desaparición de más laboratorios, lo que afectaría gravemente la calidad y accesibilidad de la atención médica en el país.
“La situación de los laboratorios clínicos en Argentina es una clara señal de un sistema de salud que necesita reformas urgentes y profundas. La capacidad diagnóstica del país está en riesgo, y con ella, la salud de millones de argentinos. Es imperativo que el gobierno, los financiadores y los laboratorios trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles que garanticen la continuidad de estos servicios esenciales”, remarcó la entidad.
A criterio de esta Cámara, “el futuro del sector dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Si no se abordan las problemáticas estructurales y económicas de manera inmediata, la desaparición de más laboratorios será inevitable, afectando la calidad y accesibilidad de la atención médica en Argentina”.
La posición de CADIME
Mediante presentaciones efectuadas al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios de Salud, manifestó que es clave y urgente resolver la pertinente adecuación de los valores arancelarios que se abonan a las empresas prestadoras.
En las notas indicó que “este sector se encuentra en una profunda crisis de financiamiento desde hace décadas”. Aseguró que “no somos formadores de precios y no podemos fijar aranceles con libertad, conforme nuestros costos y gastos”.
“Aproximadamente el 60% de nuestros egresos es la inversión en capital humano y nuestros costos se encuentran fuertemente dolarizados, ya que muchos de los insumos y medicamentos son importados y han sufrido aumentos desorbitantes en los últimos meses”, subrayó la entidad.
Tras explicar la manera en que están siendo afectados por el sistema de costos y de cobro, CADIM mencionó la “situación financiera afecta fuertemente la sustentabilidad del sector ya que nuestros egresos corrientes son a 15 días promedio de devengados y nuestros ingresos hasta 120 días a valores históricos”. Esto está “destrozando el poco capital de trabajo” en un momento en que no existe “ningún tipo de financiamiento”.
Por tal motivo, CADIME solicitó “a la Autoridad de Aplicación la instrumentación de un diálogo interinstitucional entre los actores del sistema de salud, que permita una inmediata recomposición arancelaria y la determinación por consenso de un mecanismo de actualización que acompañe los mayores costos”.