La visibilización y el profundo debate psico-médico-social alrededor de los problemas de salud mental, además de convertirse en el daño colateral más evidente que dejó en la Argentina y en el mundo la pandemia global por COVID, escaló hasta convertirse en una pandemia en sí misma.
En el caso argentino, lo peor es que esta explosión de casos encontró a los distintos eslabones de la compleja trama de la salud mental —incluida la salud pública de las distintas jurisdicciones— con mala atención, poca detección temprana y tratamiento de casos; y con un universo de pacientes atravesados por la estigmatización social y un marco legal insuficiente
La Ley vigente de Salud Mental, número 26.657, fue promulgada en el 2010 y tuvo la intención de impulsar un cambio de paradigma. Sin embargo, a fines del 2023, sobrevino el proyecto de ley “Fundamentos y Bases para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus, presentado ante el Congreso Nacional, que propuso cambiar 8 artículos de la actual Ley de Salud Mental, aún sin éxito.
El Gobierno porteño que lidera Jorge Macri decidió abrir la caja de Pandora que implica este aspecto de la sanidad en la CABA y lanzó desde hoy el protocolo de atención en salud mental para el eslabón más vulnerable: las personas en situación de calle. La propuesta nace con un enfoque interdisciplinar e interministerial, con el fin de formar equipos de distintas áreas que respondan a estas necesidades complejas, promoviendo así derechos humanos y la inclusión social.
La aplicación de este protocolo no fue sólo una idea oportuna sobre un tema muy vigente en la agenda de los argentinos; sino que, además, lo respaldan las cifras: actualmente en la Ciudad de Buenos Aires existen más de 3.500 personas que están en situación de calle; dentro de este grupo, 6 de cada 10 presentan problemas de salud mental (entre casos crónicos y eventuales). De las 3.500, 2200 son las que duermen en centros de día y/o refugios de la Ciudad; mientras que 1.200 viven en la calle. Según pudo saber Infobae, entre estas familias en esta condición de vulnerabilidad, 40 son menores de edad.
Infobae accedió a los detalles del Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático de sustancias en la Ciudad de Buenos Aires (la lista la lidera el consumo abusivo de alcohol). De esta manera han actualizado su protocolo de atención con un enfoque puesto en integrar servicios de salud mental y alojamiento para asegurar una intervención eficaz y respetuosa, utilizando diversos puntos de contacto, incluyendo asistencia de emergencia mediante el SAME y dispositivos de alojamiento transitorio.
El jefe de Gobierno porteño explicó a Infobae: “En la Ciudad diseñamos un protocolo específico, con el principal objetivo de que nuestros equipos de la Ciudad puedan actuar y ayudar a personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias . Hasta el momento, cuando había una situación de estas características se miraba para otro lado”. Lo habitual era que el episodio terminara en manos de la policía que no cuenta con las herramientas clínicas de detección y tratamiento para las personas con problemáticas de salud mental.
Esta medida busca garantizar el acceso prioritario a programas de salud mental y sostener un abordaje integral mediante la colaboración de ministerios y organismos como el Ministerio de Salud, que dispone de 70 camas de salud mental y hospitales especializados. Encabezados por una lista de 4 hospitales que aplicarán el protocolo: los hospitales de agudos Pirovano, Rivadavia, Álvarez, Durand, Tornú, entre otros.
“Este protocolo establece quiénes y cómo se debe actuar. En primera instancia nos permite identificar a una persona para saber si la está buscando alguien de su familia. Después, de acuerdo a cada situación, el SAME, la Dirección Integral de Atención Inmediata o la policía se acercan a la persona para determinar si es necesaria la derivación al Hospital General de Agudos. Luego, un equipo interdisciplinario de salud mental hace una evaluación más profunda e informa sobre el tratamiento y las consecuencias de no hacerlo”, explicó Macri.
“En el caso de que el paciente presente riesgos para sí o para terceros, se lo interna, aunque no preste su consentimiento. Si no presenta riesgo y no es necesaria la internación, se le dará seguimiento profesional, algo que antes no sucedía. El artículo 20 de la Ley de Salud Mental Nacional no funciona. La lógica de pensar que una persona con adicción va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede. No podemos ni vamos a hacer como si no pasara nada”.
El protocolo implica estandarizar procedimientos de actuación conjunta entre las siguientes áreas intervinientes: los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
Los equipos involucrados están preparados para actuar ante situaciones detectadas por distintos medios, como llamadas a servicios de emergencia o intervenciones en la calle, con el objetivo de realizar evaluaciones pertinentes y ofrecer el tratamiento adecuado. Las acciones buscan asegurar la no discriminación y proveer la información necesaria a las personas afectadas acerca de su estado de salud y las opciones de tratamiento disponibles. En último término, el protocolo enfatiza en el seguimiento post-tratamiento para fomentar una recuperación integral y prevenir recaídas, demostrando el compromiso del GCABA con la salud integral y el bienestar de sus ciudadanos.
La controversia por el artículo 20
La Ley Nacional de Salud Mental 26657 vigente hoy en la Argentina ha sido el centro de múltiples debates, a raíz de los cuestionamientos en torno del abordaje de la patología mental, según la opinión de expertos y familias afectadas. Los dos puntos más discutidos son las dificultades que afrontan las allegados para llevar adelante una internación involuntaria del paciente que sufre trastornos mentales o adicciones y la pretensión de cerrar los hospitales psiquiátricos o centros de internación de salud mental para ser reemplazarlos por espacios especializados.
El artículo 20 de la normativa nacional vigente es uno de los puntos donde el Gobierno de la Ciudad más trabajó para mejorarlo. El mismo expresa: “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.
Al respecto, el propio ministro de Salud porteño, Fernán Quirós expresó a Infobae que “este protocolo permite bajar a terreno efectivo el artículo 20 de la ley de Salud Mental vigente. Hay que romper con el mito de que no hay manera de tratar la salud mental en la Argentina por las restricciones que impone el artículo 20 ”.
Hoy, para que se proceda la internación involuntaria de una persona, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar un dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación, ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento e informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
Jorge Macri consideró que entre otros, el artículo 20 de la actual Ley Nacional de Salud Mental “impide o limita mucho la posibilidad de ayudar o de asistir a alguien que tiene un brote o está con una adicción profunda, porque la ley parte de un concepto de que esa persona tiene que levantar la mano y pedir ayuda, y eso en general no ocurre, por lo que es una situación dramática y lleva a situaciones de mucha angustia para las familias donde además el Estado con el peso de esa ley les complica más la vida”.
Los detalles del nuevo protocolo
Entre sus consideraciones generales, el objetivo del mismo es establecer procedimientos estandarizados de actuación conjunta entre las distintas áreas intervinientes del GCABA a fin de lograr el acceso prioritario de personas en situación de vulnerabilidad habitacional a los programas de las reparticiones con competencia en materia de salud mental y/o consumo problemáticos de sustancias psicoactivas.
Las áreas intervinientes son: el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH), donde se encuentran la Dirección General Atención Integral Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata (DGAII); la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaría Fortalecimiento Personal Familiar y Comunitario (DGPSA), el Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (CDNNyA); el Ministerio de Salud (MSGC), con la participación de la Dirección General Salud Mental Subsecretaría de Atención Hospitalaria Ministerio de Seguridad (MSEGC) y la Policía de la Ciudad.
El GCABA cuenta entre sus recursos con distintos efectores y dispositivos para la atención en forma integral de personas solas y/o grupos familiares en situación de vulnerabilidad habitacional, de emergencia habitacional y/o vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funcionan las 24 horas, los 365 días del año.
Se constituyen en la instancia de atención social inmediata para personas solas y/o grupos familiares en situación de vulnerabilidad habitacional, tendiente al abordaje y resolución de la situación, en pos de la inclusión social de la población objetivo. Estos dispositivos actúan como canal articulador entre los distintos servicios sociales.
Asimismo, el Ministerio de Salud cuenta con 70 camas de salud mental en hospitales generales de agudos y apoyo de los 4 Hospitales Especializados en Salud Mental para casos de mayor gravedad.
La perspectiva que aporta el protocolo y que quiere desarrollar el Gobierno de la CABA respecto de la salud mental, parte del supuesto de que la Salud Mental, es inescindible de la salud integral de las personas, es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos, psicológicos y culturales. Se destaca que las problemáticas sociales requieren de un abordaje integral e intersectorial, teniendo en cuenta las necesidades y la singularidad de las personas y sus grupos familiares.
Por ende, el objetivo del protocolo es convertirse en un documento que recopile información organizada sobre los procedimientos para abordar la salud mental de las personas en situación de calle. Esto implica establecer pautas de intervención y coordinación que unifiquen criterios, así como formar equipos interdisciplinarios para abordar la problemática de manera interministerial.
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, precisó a Infobae: “Fortalecimos la estructura y la cantidad de ambulancias de capacidad de respuesta profesional del SAME psiquiátrico para poder atender de forma más rápida, más efectiva y más distribuida en toda la Ciudad frente a todas las necesidades de evaluación de personas que estén en calle y con trastornos de la salud mental y que requieran una evaluación profesional de su verdadero riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.
Si la persona abordada tuviera a cargo o fuera un menor de edad, siempre se dará a conocimiento al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y este deberá proceder de acuerdo a su protocolo, según lo indica la normativa vigente.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida agregó a Infobae, “Este protocolo es una herramienta fundamental para abordar con eficacia los casos específicos de personas atravesadas por problemas de salud mental, y nos ayuda a dar una mejor respuesta ante situaciones que exceden la intervención social que hacemos desde el BAP (Buenos Aires Presente conformado en su mayoría por asistentes sociales). Las herramientas que teníamos hasta hoy no eran suficientes para resolver esta problemática que afecta a los 3 millones de porteños”, resaltó Mraida.
Y continuó: “Ante problemáticas que no alcanzan con una respuesta única desde el Ministerio de Desarrollo Humano, como, por ejemplo, la de salud mental y adicciones, es fundamental el trabajo conjunto para tener una resolución más efectiva de estos casos y llevar seguridad a las personas atravesadas por estas situaciones, su entorno y al resto de los vecinos”. Además, remarcó, “el aporte esencial con la implementación de este protocolo está en la capacitación de nuestros trabajadores sociales, dándoles las herramientas necesarias para abordar y resolver situaciones de formas que antes solos no podíamos”, concluyó Mraida.