Marina Charpentier, la madre del cantante Chano participó esta semana de una jornada de reflexión y debate en el Congreso de la Nación, donde solicitó una reforma en la Ley de Salud Mental y pidió ayuda para su hijo adicto.
Chano se encuentra internado en la Clínica Avril para continuar con su tratamiento contra las adicciones. Fue trasladado hasta allí desde el Sanatorio Otamendi, a donde había ingresado hace una semana por un cuadro febril y una afección pulmonar.
“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas. Yo, lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, dijo la mamá de Chano, visiblemente emocionada en la charla de la que también participaron especialistas y legisladores.
Durante la jornada, Charpentier contó su experiencia y analizó la actual Ley de Salud Mental y Adicciones. “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, consideró desde el salón Auditorio del edificio anexo del Senado, en un claro pedido a modificar un artículo clave en la actual Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que impide a un familiar internar a un paciente en plena capacidad de sus cabales.
“Yo no sé qué van a hacer con esta ley, pero el artículo 20 hay que cambiarlo. El supuesto equipo interdisciplinario lo tiene porque lo paga -afirmó en referencia a la situación de su hijo- pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que no tienen esa posibilidad. Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”, expresó Marina en el debate que fue organizado por el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Fiad, y la diputada Marcela Campagnoli.
¿Qué dice la ley?
“Las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. La internación debe ser breve y notificada al juez”, explica la norma que busca proteger a las personas con padecimiento mental. También se encuentran incluidas en esta ley las personas con usos problemáticos de drogas.
Aclara también que el paciente tiene derecho a ser atendido en el hospital general. Si el hospital rechaza la atención por el solo hecho de tratarse de un problema de salud mental, comete un acto discriminatorio. Debe recibir la alternativa terapéutica más conveniente, que limite menos sus derechos y libertades y que colabore para la integración familiar, laboral y comunitaria. Puede ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares y tiene derecho a tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades.
¿Cuándo se decide la internación de una persona que tiene padecimiento mental?
Sólo puede indicarse la internación cuando aporte mayores beneficios terapéuticos. La internación debe ser lo más breve posible en hospitales generales.
La norma aclara que ninguna persona con padecimiento mental puede ser internada contra su voluntad. “La internación contra la voluntad de la persona sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto e cercano para él o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona. La internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al órgano de revisión. Igualmente, la persona internada involuntariamente tiene derecho a un abogado y si no lo tiene, el Estado debe proveerle uno.
Gabriela Montanari, subdirectora de Sanatorio San Gabriel y especialista en Psiquiatría (MN. 109.009) explicó a Infobae que “solo se lo puede internar sin consentimiento a una persona, si realmente corre un riesgo inminente contra él o contra terceros, siempre y cuando tampoco esté en sus plenas capacidades cognitivas como para comprender que eso lo pone en riesgo. “De otra manera, por ley no se puede internar a nadie contra su consentimiento. Cada uno puede decidir cómo asistirse o no en una enfermedad, como en el resto de las enfermedades mentales. La discusión acá por parte de los psiquiatras es que gran parte de los pacientes con distintas enfermedades mentales, no tienen conciencia de enfermedad. Los pacientes por su propia voluntad, dentro de su espectro psicóticos, muy pocos van a comprender que necesitan tratamiento psiquiátrico. Por eso se hace tan dificultoso el consentimiento de los pacientes frente a patologías tan graves como la psicosis”, afirmó la experta.
Y agregó: “Cuando los familiares hablan de querer internar a un familiar, deben solicitar a un juzgado civil o de familia, un pedido de evaluación, que tampoco tienen potestad de internarlo. La misma recae en el equipo multidisciplinario que evaluará si hay criterio de riesgo y que requiera ser internado. Ese sería el último recurso, ya que es el más restrictivo. Algunos juzgados penales no respetan la ley de salud mental y ordenan la internación sin mediar una evaluación que es respetada por las instituciones médicas y los profesionales de la salud”.
Respecto al intento de reforma de la ley actual en 2017, Montanari afirmó: “Siempre hay discusión de hacer proyectos de la modificación de la ley de salud mental. Pero hasta ahora no llegaron a buen puerto. Las sociedades científicas y de psiquiatría quieren participar de la modificación del proyecto. Pero nunca se les ha permitido hacerlo. Si intervinieron otros organismos. Pero igualmente no se avanzó”.
Sobre los recursos que hoy tiene el área de la salud mental en el país, la especialista precisó: “En materia de salud los recursos son escasos. Y en materia de salud mental, mucho más. Actualmente, la salud pública está en decadencia. La postura es cerrar los hospitales monovalentes bajo la crítica que se discrimina allí a los pacientes, que podrían atenderse en hospitales generales. Bajo ese discurso, está el plan de no agregar una cama a los lugares monovalentes de psiquiatría, tanto públicos como privados. El proyecto es cerrarlos y poner servicios de psiquiatría en hospitales públicos y privados”.
“Con el caso Chano, se viene la discusión de cuando el paciente es adicto, en los momentos en que no está intoxicado, podría prestar consentimiento para recibir un tratamiento correcto. La madre dice que él no puede decidir por él. Pero la ley dice que si no hay ninguna alteración cognitiva, Chano puede decidir tomar o no el tratamiento. La madre decía que el paciente vivía solo y que le pedían a los médicos y a la policía, que entraran con él a la casa. Hay que preguntarse por qué vivía solo y no tiene una red de contención familiar o de amigos. Por otro lado es un adulto que puede decidir vivir solo. Es una situación compleja y hay que hacer un balance en cada caso. Hay que sacar al paciente del episodio agudo y ver cómo se sostiene para que no vuelva a recaer”, concluyó Montanari.
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