El Gobierno nacional aprobó el proyecto de investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica. La decisión fue confirmada a través de la Resolución 3236/2021 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La iniciativa fue presentada por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM, Conicet-UNLP) en el marco de la Ley 27.350, la cual establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
En este sentido, el Poder Ejecutivo dio intervención al Instituto Nacional de Semillas (INASE) como “órgano regulador de las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento” a la citada norma.
Según se explicó en la resolución firmada por la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, el responsable del proyecto aprobado deberá presentar al programa para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, informes trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
Entre otras acciones, el programa tiene el objetivo de impulsar la investigación con el fin de generar “evidencia científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en forma segura”, así como promover las investigaciones que realizan el CONICET, y otros organismos de ciencia y técnica.
El CIM, el organismo que solicitó al Poder Ejecutivo la aprobación del mencionado proyecto, precisó que el mismo se llevará a cabo en los predios ubicados en el Parque Industrial de San Vicente (km 62 de la Ruta provincial N°6) y en el CIM de la UNLP en el Boulevard 120 N°1489 de la ciudad de La Plata.
“El proyecto de investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de investigación”, se indicó en la resolución ministerial publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.
Por otra parte, los distintos organismos intervinientes deberán “propender a la trazabilidad del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que hace referencia la legislación”.
Como se precisó en el anexo de la resolución, el Estado importará las semillas correspondientes que sean aprobadas por el INASE, la ANMAT y el SENASA. Luego procederá a la siembra de las mismas en el CIM, en macetas en invernadero y en container de cultivo.
Las inflorescencias serán colectadas y transportadas hasta el laboratorio en doble envase rotulado y mantenido en guarda hasta su uso en los análisis en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, como también los aceitas y las resinas.
Mientras que los materiales remanentes o residuos de los ensayos serán destruidos “mediante compostaje” en dependencias del CIM o se “retirarán mediante el sistema de recolección de residuos peligrosos”.
Cuando culmine el primer año, los involucrados en el proyecto deberán elaborar un informe completo con los resultados sobre “los distintos procesamientos estudiados y discutiendo sus potencialidades y limitaciones para ser utilizados en este proyecto”.
“Este desarrollo permite a los pequeños productores ya sean estos del ámbito privado o estatal tengan acceso a tecnologías necesarias para la producción adaptadas a las necesidades y condiciones locales”, se indicó en referencia a la producción de productos derivados de la planta de cannabis con fines terapéuticos, cosméticos, alimenticias.
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