Anticonceptivos: cuáles son las consecuencias del fuerte aumento de los precios

Podemos asumir que un bien social es aquel cuyo consumo (o no consumo) por algunas personas genera impactos también sobre otros (externalidades). Se suele destacar a los anticonceptivos entre los bienes sociales porque su utilización no solo evita embarazos no intencionales para quienes los consumen, también permite reducir un tercio de las muertes maternas, abortos inseguros, muertes neonatales e incluso importantes ahorros en atención médica para el sistema de salud. Además, al potenciar el aprovechamiento del bono demográfico y del bono de género, una mayor prevalencia en el uso anticonceptivos modernos contribuye al crecimiento económico.

En América Latina son las adolescentes quienes enfrentan mayores dificultades para poder utilizar anticonceptivos. Eso explica que sea la segunda región con mayor tasa de embarazo adolescente pero la primera en embarazos adolescentes no intencionales. Para el caso de Argentina, UNFPA analizó las consecuencias del embarazo adolescente identificando que se relaciona con un 38% más de deserción escolar, un 25% más de probabilidad de no participar en el mercado laboral, un 21,4% más de desempleo cuando consiguen salir del hogar y buscar trabajo, y con ingresos un 29% inferiores cuando lo consiguen. Eso se traduce en pérdidas equivalentes a un 0,15% del PBI e incluso a pérdidas de ingresos fiscales (por impuestos directos e indirectos no percibidos) por más de 2500 millones de pesos al año.

Estas consecuencias del uso y del no uso de anticonceptivos fundamentan su consideración como bienes sociales, pero para que la misma sea real, hace falta la intervención del Estado para garantizar el acceso. Ello puede concretar por tres vías:

1) La provisión pública y gratuita

2) Garantizar su financiación en los seguros de salud

3) Controlar que el precio de venta al público resulte asequible

Se avanzó en la primera vía al incluir la entrega gratuita en la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Se avanzó en la segunda vía al concretar la inclusión de los anticonceptivos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) que obras sociales y prepagas deben cubrir a sus beneficiarios. Pero sobre la tercera vía para concretar el acceso no sólo no se avanzó, sino que se retrocedió.

Precios de los anticonceptivos aumentan por encima de la inflación

En Argentina hay 1.865.000 usuarias de anticonceptivos orales, de ellas el 63% (más de 1.200.000) los compran en farmacias. Durante la pandemia sufrieron aumentos de un 93.30 % en los precios que pagaron. Este incremento se ubica no solo sobre la inflación (medida por el IPC) sino también sobre el conjunto de los medicamentos.

Los anticonceptivos orales (ACO) pueden dividirse según su composición en dos grandes categorías: los anticonceptivos orales combinados con una pueden ser una combinación hormonal de estrógeno y progestágeno (ACO-C) y los anticonceptivos de progestágeno sólo (ACO-P). Y puede considerarse como un tercer tipo aquellas formulaciones que se utilizan como Anticoncepción de Emergencia (AE).

Los ACO-C (Anticonceptivos Orales Combinados) son los más utilizados, entre ellos la combinación de drospirenona-etinilestradiol, que es la más dispensada.

Los precios de los anticonceptivos registran un comportamiento diferente desde que la pandemia comenzó. Para analizar ello se tomaron dos periodos de 15 meses cada uno. En la primera fase, entre abril del 2019 y junio de 2020 los medicamentos en general aumentaron 65.3%, mientras que los ACO aumentaron 61.9%. Pero, durante los 15 meses posteriores, entre Julio 2020 y septiembre de 2021, los precios aumentaron 69.9% para los medicamentos en general y 93.3% para los ACO estudiados en la evaluación.

Esa diferencia en el comportamiento de los precios de los anticonceptivos en relación al conjunto de los medicamentos se aprecia en el siguiente gráfico, que permite visualizar que los ACO en el último período completamente pandémico aumentaron con una pendiente ascendente mucho más empinada que los precios de los medicamentos en general.

Caída del consumo

El consumo de anticonceptivos adquiridos en farmacia es altamente elástico al ingreso de los hogares. UNFPA estimó que, como resultado de la crisis vinculada a la pandemia 1 millón de mujeres en Argentina discontinuaron en algún momento el uso de anticonceptivos. Pero ello se agravó por el incremento en los precios.

Según el Observatorio de Salud Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina, analizando la dispensa de los primeros semestres de 2019 y 2020, se verifica un descenso de la dispensa, de 1.16%. Este descenso del consumo puede deberse al aumento de los precios y por consiguiente a dificultades en el acceso en tiempos pandémicos como también a un deterioro de la calidad de los servicios de planificación familiar que afectan la aceptabilidad y la continuación de los métodos anticonceptivos.

Consecuencias

El alto impacto que involucra una caída en el consumo de anticonceptivos, por sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias torna imprescindible mejorar la respuesta desde las políticas públicas. Una alternativa consistiría en expandir la provisión pública y gratuita de anticonceptivos.

En Argentina antes de la pandemia sólo un 18,7% de las usuarias de métodos los recibían de forma gratuita en los servicios públicos de salud. El Estado no sólo podría expandir esa cobertura sino también verificar e incentivar la cobertura por parte de Obras Sociales y Prepagas. Pero un impacto mayor se obtendría si el Estado controlara el precio de venta de los anticonceptivos, como lo hacen Brasil y Colombia con buenos resultados.

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