¿Hay un derecho a poner fin a la vida si el dolor es intolerable?: los países que permiten la eutanasia y corren los límites

Para los griegos en la Antigüedad, la palabra eutanasia significaba “buena muerte”. Pero aún hoy sigue generando un acalorado debate: ¿es moral que una persona enferma reclame una droga para aliviar el sufrimiento insoportable y muera? ¿Le está faltando el respeto a la vida? ¿Está bien que un médico, quien juró que hará lo posible para salvar vidas, se ponga a indicar tratamientos que causen muertes? ¿Y qué pasa si alguien se aprovecha de la práctica de la eutanasia para provocar la muerte de un paciente? La humanidad ha estado meditando estas preguntas desde hace milenios, pero ahora suenan con más fuerza a raíz de la sanción de una ley de eutanasia activa en España el jueves pasado.

Ya la práctica de eutanasia era legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia. En Argentina, hubo proyectos de ley que intentaron abordar el tema y que aún no prosperaron. En México también hubo otros intentos fallidos.

Hay especialistas de la bioética, la medicina, las ciencias sociales, la psicología, entre otros campos del conocimiento, que están debatiendo profundamente el tema en el país ya que la eutanasia activa se trata de una práctica que no admite solo pensarla en blanco o negro. También hay un proyecto en marcha en el que participa el médico Carlos “Pecas” Soriano a raíz de experiencias con pacientes.

Además, expertos nucleados por el Conicet discuten que se debería alentar más los cuidados paliativos, que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios.

En Colombia, la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero no está reglamentada a pesar de que se han realizado 13 intentos para contar con una ley. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre próximo, después de un referéndum que se hizo el año pasado. El 17 de octubre pasado, los neozelandeses tuvieron que expresar su opinión sobre la eutanasia, y el 65,1% estuvo a favor. En partes de EE UU y Australia la práctica también está permitida.

En Perú, la eutanasia activa está prohibida con prisión para el profesional de la salud. Sin embargo, en febrero pasado el Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima, en una decisión judicial sin precedentes, reconoció el derecho de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, de 44 años, afectada por una enfermedad incurable, a una muerte digna por la eutanasia y ordenó al Ministerio de Salud a respetar su decisión.

En España, la nueva norma -que votó el Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones- entrará en vigor dentro de tres meses. Para solicitar la eutanasia, una persona tiene que “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”. La norma regula tanto “administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” como el suicidio médicamente asistido.

Esa segunda opción significa que quedó regulado “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte”. A diferencia de otros países, la norma española establece pasos que pueden demorar el proceso, desde que el enfermo pide la eutanasia. Debe manifestar su voluntad por escrito dos veces en 15 días. Debe quedar en claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”.

“Estoy de acuerdo con la ley aprobada en España. Hay varias razones por las que creo que debe permitirse legalmente la eutanasia”, dijo a Infobae el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Conicet, Eduardo Rivera López, quien es filósofo y doctor en ciencias políticas y ha publicado trabajos y libros sobre eutanasia. “Una de las razones es que la norma respeta el derecho a la autonomía del paciente. Es decir, tiene en cuenta que el paciente puede decidir libremente para sí mismo cuándo una situación de enfermedad terminal ha llegado a un punto en el que es mejor no seguir viviendo. Otro fundamento es de beneficencia. Significa que hay que aceptar que existen situaciones en las que la medicina, a pesar de todos sus esfuerzos, ya no puede evitar grados de sufrimiento que hacen que sea totalmente razonable querer morir”, señaló.

¿Se debería avanzar con una legislación similar a la de España en América Latina? Según Rivera López, “la eutanasia ya es legal en Colombia, y está el reciente fallo judicial en Perú en el mismo sentido. Considero que las legislaciones como la española deberían adaptarse a las condiciones de nuestros países, que son muy diferentes. Deben extremarse los cuidados para garantizar que los actos de consentimiento de los pacientes que pidan la eutanasia sean genuinos y no producto de presiones familiares o del propio sistema de salud”.

Si bien puede haber una diferencia entre si el médico le aplica directamente la droga letal al paciente o se la suministra para que se la autoadministre, de acuerdo con Rivera López, el fondo de la cuestión es: ¿vamos a permitirle a la medicina que ayude a morir a personas gravemente enfermas que lo piden?”.

“La eutanasia es un derecho del paciente especialmente con la creciente medicalización del fin de la vida, pero la sociedad debería estar preparada”, comentó a Infobae la filósofa Florencia Luna, ex presidenta de la Asociación Internacional de Bioética, investigadora del Conicet, y directora de la maestría de bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “Deberían brindarse cuidados paliativos de calidad. Porque de esta manera se evitará que los pacientes elijan morirse porque no han tenido antes acceso a los cuidados paliativos como opción ni el confort necesario para pasar esa etapa”, sostuvo la investigadora, que es coautora del libro Bioética: nuevas reflexiones sobre debates clásicos.

La doctora Luna es parte de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el final de la vida, que fue creada por el Conicet y está integrada por académicos de diferentes disciplinas e instituciones del país. El año pasado, esa Red organizó una jornada en la que se debatió sobre el derecho de los pacientes a los cuidados paliativos. En la Argentina solamente el 10% de los pacientes que requieren cuidados paliativos pueden acceder a ellos.

“La pregunta es si los médicos debemos ayudar a morir a un paciente que lo solicita. La realidad es que hay patologías y personas que tienen un sufrimiento intolerable tanto física como psicológicamente”, consideró Rosa Angelina Pace, médica cirujana y master en bioética de la Universidad Complutense de Madrid. “Se necesita un marco legal para evitar los abusos. Sin ley de eutanasia, también hay abusos. En los países donde está autorizada, hay protocolos específicos para los equipos de salud. Por eso, la ley protege al paciente para que exija protocolos estrictos de actuación”.

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