Primero viene el miedo. Luego, una extraña sensación de culpabilidad. Y por último, la peor parte: sentir la indefensión ante la autoridad. El abuso sexual en niños y niñas es un delito aberrante y que sucede -muchas veces- de forma silenciosa. La pedofilia, la tracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes, se presenta día a día como una constante peligrosa que ocurre en todos los ámbitos de la sociedad.
El abuso de menores puede ocurrir en familias, comunidades, instituciones educativas, culturales o religiosas. La Iglesia Católica no es ajena a esta delicada situación. Si bien no existen estadísticas oficiales, se han hecho varios estudios e investigaciones que revelan la dramática situación que atañe a curas de todas partes del mundo. Solo por citar un ejemplo, al menos 10.000 niños han sido víctimas de sacerdotes pedófilos desde la década de 1950 en Francia, según reveló en junio de 2020 una investigación de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) del país galo.
El Vaticano había reafirmado un año antes de esa investigación que la enseñanza católica indica que los sacerdotes no pueden revelar lo que conocen a través de la confesión, en aparente respuesta a iniciativas en Australia y otros países que buscan obligarlos a hacerlo en casos de abusos sexuales.
En Argentina, el cura Julio Cesar Grassi, quien fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, es sin dudas uno de los casos recientes más emblemáticos que conmovieron a la opinión pública.
El pasado martes 9 de marzo, el cura argentino Carlos Eduardo José, de 62 años, fue noticia al ser absuelto en el juicio al que llegó acusado de haber abusado sexualmente de una alumna del Colegio San José Obrero, que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros. Tras la denuncia de Mailín Gobbo, José se encontraba con prisión preventiva desde 2017, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante”. Aunque el sacerdote nunca negó los hechos, los miembros del Tribunal consideraron que la causa prescribió.
Gobbo, al igual que muchas otras víctimas, necesitó muchos años de terapia psicológica para asumir lo que había vivido, aunque también tuvo que tomarse su tiempo para animarse a realizar una denuncia. Incluso, contó su madre, tuvo que abandonar la facultad. “Los jueces son cómplices, cubren a un pedófilo, que va a salir y va a volver a abusar de alguna nena. De mí abusó 15 años pero no me importa, a mí no me va a volver a abusar, pero hay otras nenas en peligro”, dijo Mailín entre lágrimas y con bronca desde la puerta de los Tribunales.
Es aquí donde nace otra de la cuestiones: la repetición del acto de abuso. “El pedófilo puede decidir restringir su conducta por temor al castigo y a la penalización, pero no puede reprimir el deseo. “Los pederastas se definen por su persistente atracción hacia niños prepúberes y los efebófilos sienten una atracción muy específica por adolescentes, de entre 11 y 14 años. Estos últimos mantienen frecuentemente relaciones con adultos al mismo tiempo que abusan de niños”, dice a Infobae Sonia Almada, psicoanalista y directora la Asociación Civil Aralma.
“El abusador inscribe una traza en la topología de la superficie corporal del niño, modificando dramáticamente el curso de su organización libidinal e induce una sobrecarga pulsional que desgarra la barrera de su cuerpo infantil. Su identidad se ve fuertemente afectada y este daño puede estallar muchos años más tarde, cuando el niño esté en condiciones de darle el verdadero significado traumatogénico del acto padecido. El daño causado es brutal y es frecuente que explote años más tarde, verdadera bomba de tiempo cuyo detonador es provocado por el acto abusivo que daña al niño en su integridad tanto psíquica como física”, explica a Infobae Juan Eduardo Tesone, médico de la Universidad de Buenos Aires, psiquiatra de la Universidad de Paris XII y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).
Las secuelas y los tiempos
Almada hace hincapié en las secuelas provocadas por el estrés postraumático derivado de la violencia sexual, y advierte que “los plazos de prescripción excluyen a miles de víctimas de violencia sexual cuando sus tiempos emocionales no coinciden con los plazos de las leyes”.
Y amplia: “Estas secuelas, muchas veces, provocan procesos físicos y mentales que inhiben la elaboración de un relato acerca de la vivencia traumática, impidiendo que la víctima pueda develar la experiencia a adultos que puedan protegerlo y/o acceder al sistema de justicia dentro de los márgenes temporales y obtener asistencia para su recuperación. De la misma manera la complicidad social con el delito dentro de algunas de las familias, comunidades, instituciones religiosas o educativas contribuyen al silenciamiento y a la impunidad”.
Los niños y niñas abusados habitualmente desarrollan mecanismos defensivos para bloquear en su memoria por prolongados períodos de tiempo, “provocando descubrimientos tardíos que, generalmente, luego de ayuda terapéutica, logran recordar”, según apunta Almada. “La identidad del niño queda fuertemente dañada y el impacto no siempre se puede medir inmediatamente después del abuso, sino que es frecuente que su efecto devastador se mida años más tarde, cuando el niño devenido adolescente o adulto, podrá resignificar la gravedad de lo disruptivo en una época que no estaba en condiciones de darse cuenta”, dice en la misma línea Tesone.
El niño o niña, explica Tesone, padece el acto abusivo sin acuerdo ni deseo: “Se produce lo que (Sándor) Ferenczi llamaba una confusión de lenguajes: el niño espera amor y ternura por parte del adulto y éste se aprovecha sacando goce erógeno, con desprecio por la integridad del niño y sin culpa”.
Es aquí cuando el psiquismo responde ante el dolor frente a los hechos traumáticos. “Estas formas de reacción que son los mecanismos de defensa psicológicos, tiene distintas formas de expresión. Es decir, no todos llegan a bloquear absolutamente el hecho. Cuando lo bloquean, pasan al olvido, ya sea por represión o disociación, y ahí es cuando van al área de lo inconsciente. Hay otras veces que aparece el recuerdo en forma repetida, generando mucha angustia”, comenta a Infobae Elda Irungaray, psicoanalista de APA.
Tratamiento diferenciado
Para Almada no es menor el hecho de que el abuso de menores ocurra sobre una construcción social que ella denomina “la pedofilización del deseo y la erotización de los cuerpos infantiles”, una cuestión que, según remarca, se está naturalizando. “Se da a través de las imágenes compartidas en redes, en propagandas donde las niñas son expuestas cada vez más como mercancías de consumo y satisfacción sexual, en concursos de belleza donde posan y visten como adultas con maquillaje, escote y tacones, y en un mercado de pornografía y cultura de la violación donde las niñas son cada vez más jóvenes y portan los estandartes de la infancia: uniformes escolares, colitas de pelo, polleras y medias. Este ofrecimiento tiene consecuencias en los consumidores y hay que examinarlo con seriedad y premura”, reflexiona la directora de Aralma.
En este contexto, los especialistas consultados coinciden en que el abuso sexual en la infancia debe ser considerado como un problema grave de salud pública, “debiendo establecerse un tratamiento diferenciado en cuanto a los márgenes temporales y a la asistencia a los sobrevivientes”, según remarca Almada. “Si bien todo delito prescribe de acuerdo al código penal, este tipo de delitos exige una consideración especial”, opina Tesone. Y cita un ejemplo: “En Francia, estos delitos prescriben tan sólo 10 años luego de alcanzada la mayoría de edad, o sea a los 28 años, teniendo en cuenta que el niño no está siempre en condiciones de madurez psíquica para afrontar la denuncia. En Argentina se votó en el año 2016 la llamada ley Piazza, del nombre de la persona que lo impulsó, que amplía los plazos de prescripción de los delitos que afecten la integridad sexual de los menores de edad”.
La transformación apunta entonces a que los tiempos de caducidad comiencen a correr una vez que el abusado cumple la mayoría de edad. “En algunos países se está considerando, que al igual que los delitos de lesa humanidad, este tipo de delitos no prescriban. “Personalmente pienso que sería un acto legislativo, protector y necesario. Los abusos sexuales hacia la infancia constituyen un verdadero flagelo que deberían ser combatidos por políticas públicas de prevención desde las escuelas primarias por un lado, y por un accionar más decidido y punitorio por parte de la justicia hacia los abusadores”, dice Tesone. “De acuerdo a varias encuestas internacionales realizadas en 24 países -afirma el Médico-, se considera que entre 8 y 20 % de todos los niños pueden padecer abusos sexuales en la infancia”. Esto revela la gravedad de la problemática. “Esta cuestión se tiene que considerar como un tema de salud pública por la frecuencia de los hechos, por las dificultades que hay en la detección temprana de los acontecimientos y por lo tanto debe tener una dedicada atención con especialistas y con mucho tiempo de asistencia. Se necesita de gente especializada y sobre todo mucha concientización y sensibilidad social”, agrega Irungaray.
La condición del abuso sexual en la infancia, en definitiva, es la desigualdad de poder. “El pedófilo encuentra a su víctima en alguna condición de vulnerabilidad y por ello ataca. Puede ser su ascendencia como autoridad, padre, padrastro, tío, amigo de la familia, cura, profesor, maestro... y manejan el silencio de las víctimas con amenazas. Así logran, la mayor cantidad de las veces, salir impunes”, dice Almada, quien sostiene a su vez que el acto de abusar no es reversible: “Hay una gran controversia con el tema y se siguen investigando formas de apagar el deseo sexual del pederasta de manera orgánica, como terapias hormonales y castraciones químicas. En mi experiencia profesional los pedófilos jamás cambian de parecer y afirman sentir los mismos impulsos sexuales hacia los niños”.
Desde Aralma, la asociación civil que dirige Almada, y junto organizaciones, asociaciones civiles, militantes de derechos humanos, profesionales de diversos ámbitos, legisladores, legisladoras y personas dedicadas a combatir el abuso sexual en las infancias, se han constituido a través de una asamblea fundante el 16 de Febrero 2021. “Intentamos dar respuesta a las cientos de víctimas que padecen el abuso y la explotación sexual en la infancia y no logran que se escuchen sus voces. A veces porque no han podido contarlo, pero muchas otras, a pesar de recorrer la ruta crítica, no logran resistir el embate de un sistema más preocupado por silenciarlos y silenciarlas, que de cumplir con el rol para el que fueron creados, administrar e impartir justicia”, explica Almada, quien trabaja para apoyar un proyecto de ley que declare imprescriptible toda forma de abuso y explotación sexual padecida en la infancia, que tenga en cuenta la retroactividad como punto indiscutible para que los sobrevivientes puedan contar con derecho al tiempo.
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