Polémica por el nuevo método del gobierno bonaerense para contar los muertos por COVID-19 que reveló 3.523 víctimas fatales más

En la tarde del viernes 25, la provincia de Buenos Aires sorprendió al informar que, por un cambio en la carga de datos oficiales, había 3.523 muertos más en el distrito gobernado por Axel Kicillof. Esas víctimas fatales no estaban contabilizadas en el parte diario emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Con esta corrección, los muertos en la provincia de Buenos Aires llegan a la cifra de 12.566 y no 8.983 como se había informado hasta ahora.

Las autoridades provinciales presentaron una “herramienta de gestión de sistemas informáticos”, la cual, según el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, “permitirá -de acá en adelante- informar con exactitud lo que pasa todos los días. Estamos en un proceso de mejora de la gestión y de transparencia. Todo esto permite dar absolutamente todos los datos. En los últimos tiempos, muchos medios nos consultan de esta situación, de por qué hay un retraso en este tipo de procesos”.

A partir de ahora, la provincia de Buenos Aires cruzará la información de las muertes registradas en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), de los fallecimientos que surjan de la gestión de camas de terapia intensiva y de los certificados de defunción provinciales.

La diferencia de 3.523 es de todos modos muy amplia como para no requerir una explicación más detallada de los motivos de esa discrepancia y hablar de un simple “blanqueo”.

En su anuncio, el ministro Gollán también dijo: “Cuando comenzó esta pandemia el sector privado prácticamente no informaba como debe ser, no tenían ni siquiera las claves de usuario que obligatoriamente debían tener. ¿Qué nos dejó esta pandemia? Que todo el sector privado se inscribió en el SISA, todo el sector privado empezó a informar”.

Pero, para el doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, titular del gremio de los farmacéuticos, “el estado provincial tiene que dejar de echarle la culpa a los privados y asumir sus propias responsabilidades”.

“El ministro de Salud tiene la responsabilidad total del sector público y privado y de las obras sociales -insistió, ante la consulta de Infobae-. El error fue que los protocolos que emitió el Ministerio no eran los correctos. El que decide qué comunicar es el ministro”

El físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga, integrante del comité de asesores del gobernador bonaerense Axel Kicillof, explicó a Infobae que “la Ley 15.465 nacional obliga a cargar en bases de datos algunas enfermedades, tarea que no realiza un funcionario, sino el médico que atendió al paciente y que tiene 12 horas para reportar los decesos".

“La provincia de Buenos Aires hizo una cosa proactiva -defendió-, ver cómo podía encontrar a los que faltaban -si es que faltaban efectivamente- y para ello ideó un sistema para detectar estos casos de subregistro que no fueron cargados en el SISA como estipula la ley”.

Según Aliaga, “Argentina tiene una manera de procesar los fallecidos en la cual el Ministerio de Salud no se entera salvo que se trate de una muerte por enfermedad que se deba reportar por ley. Es el caso del COVID-19. Hay un problema de diseño que no permite que la información relativa a los muertos pueda converger en una sola base de datos. Acá la clave es cruzar los datos. Lo que reportaron ayer es que habían encontrado que faltaban óbitos en esta jurisdicción, pero esto es responsabilidad de cada hospital, clínica, centro de salud. Cada médico carga los pacientes que tiene a cargo, por un tema legal”.

Aunque responsabilizó a los médicos, también los justificó: "Ayer entraron un caso de abril, otros del 3 de mayo, 19 de junio y 6 de julio, todos de CABA; y esta demora se puede explicar debido a que son los profesionales de la salud de cada institución los que están cargando todos los días los muertos y claramente todo el sistema está fatigado, los médicos están cansados y los errores en las cargas pueden suceder”.

“No hay una política de ocultamiento -siguió diciendo el asesor de Kicillof- ni intención de que la cantidad total de fallecidos a la larga no se llegue a saber. Esto pasa en todos lados, más cuando el sistema de salud colapsa. Cuando no sabemos cuántos muertos hay porque pueden llegar a cargarse tarde, imaginémonos la cantidad de casos que no estamos viendo”.

“Inadmisible después de 7 meses”

“Es incomprensible e inadmisible que después de 7 meses de pandemia no se puedan cargar los datos claramente, que era lo que sospechábamos -dijo por su parte el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein-. Esto ya se venía viendo, sobre todo en la carga de muertes. Esto pone un velo de duda sobre el resto de los indicadores que se reportan diariamente, como casos, test, camas de terapia y hospitalizaciones”.

“Las cifras son brutales y las proyecciones que hay que hacer son completamente distintas para la toma de decisiones, sobre las medidas que hay que implementar”, agregó el ex funcionario. Y recordó: “Muchos investigadores hicieron reportes sobre los retrasos constantes en la carga de datos”.

Rubinstein también criticó el señalamiento hacia terceros: “Después de meses trabajando en la recopilación y registro de datos es inadmisible que se culpe a los privados porque es la Provincia la que tiene que sentar las bases de cómo hacer las cosas ya que es la autoridad regulatoria y de aplicación para mantener los sistemas de vigilancia epidemiológica”.

Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, especialista en análisis de datos y bioinformático, que sigue la evolución y propagación del COVID-19 en la Argentina y en el mundo junto a los expertos en modelado epidemiológico Rodrigo Castro y Ernesto Kofman, coincidió en señalar a Infobae que se sabía del desfasaje en los números: “Era bastante sabido que había una diferencia en las cifras que se refieren a muertos por COVID-19 en la Argentina, es decir, se trata de un subregistro en SISA, se lo veía incluso comparando datos de las distintas localidades con los datos nacionales”.

Pero defendió “la nueva estrategia de gestión de la información que presentó la provincia de Buenos Aires", ya que "permite subsanar el subregistro de muertes que se observa todos los días en SISA y sería muy util que se replique en las demás regiones”.

Coincidió con Aliaga en apuntar a los médicos: “Lo que hay que dejar en claro es que la responsabilidad de carga es de cada establecimiento de salud. Lo que pasó es que algunos de ellos cargaban en una base de datos y no en la otra. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay 3 bases, SISA y dos más. Las autoridades bonaerenses analizaron las otras dos bases de datos y encontraron estas nuevas 3.500 víctimas fatales”.

“Sin dudas hay muchos fallecidos que no fueron cargados en SISA. Esto se sabía desde el primer momento. Los que deberían explicar son los directores de hospitales. Son cifras de carga obligatoria, se tendrían que cargar en SISA", sentenció Rodrigo Quiroga. “Es importante también recalcar que esto no es algo exclusivo de la Argentina. Lo mismo sucedió en Nueva York, en Italia, en España, en Chile, en China. Pasó en muchos países. Subregistro siempre hay. La cuestión es qué hacen los gobiernos para enfrentar estos problemas". agregó.

También el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que los problemas con el registro de fallecidos por COVID-19 ocurren en muchos lugares del mundo y citó los casos de España, Inglaterra y México. Pero se diferenció del caso chileno, donde hace unos meses un hecho similar le costó la cabeza al ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. “Nosotros mismos hicimos la investigación para descubrirlo. No estamos ocultando, más bien lo contrario”, dijo.

En diálogo con CNN Radio, Kreplak destacó que vienen trabajando hace meses en el nuevo sistema por las diferencias que observaron entre la cantidad de fallecidos reportados por las distintas instituciones médicas y los casos informados. “Nos auditamos y nos revisamos”, señaló. “La Provincia de Buenos Aires es el único lugar de nuestro país donde ahora sabemos que los números son fehacientes”, agregó.

Marcelo Peretta, por su parte, insistió en la crítica: “Yo, sinceramente, pensé que ya se estaban computando los datos de los tres sectores. Lo que hicieron ahora fue reconocer su propia incompetencia. Siempre se la pasan culpando terceros. Primero lo hicieron con la Ciudad de Buenos Aires, después con los runners y luego con los restaurantes. Que Gollán salga a reconocer que la propia metodología de comunicar los números era inexacta, yo lo miro y pienso ¿qué espera para renunciar? Si le pediste la renuncia salvajemente al diputado que se mostró en escenas íntimas, ¿no van a hacer nada con Gollán por todo el daño que le hizo a la sociedad?”

El dirigente farmacéutico también sugirió que debía intervenir Nación: "La situación es lo suficientemente grave como para que haya una intervención nacional en la provincia de Buenos Aires para saber qué se está haciendo en ese distrito. Esto repercutió negativamente en la estadística nacional. Hay que correr a las autoridades y poner en Salud a un interventor del Ministerio nacional hasta tanto verifiquemos si las fuentes utilizadas son las correctas”.

“Habiendo un gobierno que regula, no hay responsabilidad del sector privado”, sentenció el doctor Mario Borini, médico sanitarista y epidemiólogo, integrante del grupo Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. “Y en el caso que así fuera, el gobierno tiene métodos para accionar cuando se desobedece a través de una sanción”, agregó

Consultado por Infobae, aseguró: “Esto no fue un error casual, es un error sistemático que tendría haberse corregido antes. Hay una descoordinación muy grande. Es inconcebible que en medio de una epidemia no hayan pensado eso”.

Sin embargo, responsabilizó también a gestiones anteriores: “El sistema de información está muy desconectado y fragmentado, no es de ahora. La Provincia está soportando lo que no hicieron durante los 12 años de gobierno kirchnerista y los 4 del gobierno macrista cuando nadie se ocupó del tema”.

Borini también cuestionó la estrategia oficial ante la pandemia: “Este gobierno ha establecido una cuarentena prematura, militarizada, coercitiva, con sanciones penales, súper larga y universal; más sabiendo que hay población que no tiene riesgo de morir por más que se contagie y le impide adquirir inmunidad natural. En el grupo de Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios no nos asusta el contagio ya que el contagio -en algunas oportunidades- crea anticuerpos o inmunidad celular. Esto hace que baje la carga viral y que al generarse nuevos contagios éstos sean más leves”.

“Esto no termina acá”

Por último, Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan, afirmó, en diálogo con Infobae: “Lo vengo diciendo desde el 11 de agosto, que la cantidad de muertos no era la real. Acá hubo un ocultamiento de datos y todavía falta sincerar más muertos. Es imposible que se carguen 3500 datos de un día para el otro. Esto deja en evidencia que las autoridades ya tenían estos datos y estaban buscando el momento para informarlos”.

“Vergüenza” y “necedad”, son las palabras que según él definen lo ocurrido. “No contrataron más gente para cargar datos; siguen siendo los mismos y trabajan a la misma velocidad de antes. La cuarentena también tendría que haber servido para preparar al personal administrativo. Se rieron en la cara de la gente, que se la pasó escuchando durante 200 días qué tenía que hacer cuando ellos no hicieron lo que debían hacer”.

“Si de un día para el otro me aparecen 3500 muertos que no sabía dónde estaban, yo renuncio, no podría seguir en mi función”, aseguró.

En cuanto a la explicación de lo sucedido, Kambourian cree que “venían pensando en cómo clarificar los datos y llegar a un número más real; este método no es nuevo, es evidente que alguien sabía de la existencia de esos 3500 muertos y estaba viendo la forma de ir metiéndolos de a poco y, como no se pudo, explotó todo”.

Finalmente, pronosticó que lo ocurrido con las estadísticas sanitarias de Buenos Aires se replicará en el Interior: “Esto no termina acá. A partir de ahora vienen los fallecidos del interior del país. Si pasó eso en la Provincia, donde la mayoría de los hospitales tiene internet, computadoras y personal administrativo, pensemos en un pueblito del interior de La Rioja, Chaco o Salta, donde ni siquiera llega Internet. Quizás el número real de fallecidos lo conozcamos en dos años cuando la pandemia ya haya terminado.”

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