A principios de abril, la universidades de Wisconsin y Michigan, en Estados Unidos, publicaron datos que muestran grandes disparidades raciales en las tasas de casos y muertes de COVID-19. En esos estados, muchos medios notaron que los porcentajes de personas afectadas que eran de color, eran más del doble que la proporción de sujetos de color en la población general. Desde entonces se han reportado disparidades similares en otros lugares, a veces junto con una representación excesiva de grupos minoritarios raciales adicionales.
Las disparidades raciales se han vuelto centrales en Estados Unidos en torno al nuevo coronavirus. Los titulares de primera plana en el New York Times y Los Angeles Times han destacado el tema, al igual que los funcionarios electos en todos los niveles del gobierno. La senadora estadounidense Elizabeth Warren y la representante Ayanna Pressley han pedido una recopilación más exhaustiva de datos, y en una carta abierta culpan al gobierno por “no recopilar e informar públicamente sobre el tema racial información demográfica étnica de pacientes probados y afectados por COVID-19”. Poco después de su declaración, varios estados y municipios comenzaron a publicar conjuntos de datos que incorporan este detalle demográfico.
Así como el color representa en algunas poblaciones un hito de desigualdad, para Isabelle Durant, Vicesecretaria General, y Pamela Coke-Hamilton, Directora, División de Comercio Internacional y Productos Básicos, de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), afirmaron en un paper de reciente presentación que “el impacto de la pandemia de COVID-19 no es neutral en cuanto al género, ya que afecta a hombres y mujeres de manera diferente. Por lo tanto, no debemos ser ciegos al género en nuestras respuestas a la pandemia, de lo contrario, las mujeres tendrán un costo económico desproporcionadamente mayor que los hombres.
Ellas sostienen en su estudio que en muchos países en desarrollo, las mujeres trabajan por cuenta propia o contribuyendo al negocio familiar, por ejemplo en granjas. “En el sur de Asia, más del 80% de las mujeres en trabajos no agrícolas están en empleos informales; en África subsahariana esta cifra es del 74%; y en América Latina y el Caribe, el 54% de las mujeres en trabajos no agrícolas participan en empleos informales”, indicaron. Una de las tantas desigualdades que la pandemia también pone en evidencia. “Nuestra capacidad para recuperarnos de esta crisis depende de cómo incluimos a todos por igual. Si más mujeres participan en la configuración de un nuevo orden social y económico, lo más probable es que responda mejor a las necesidades de todos y nos haga a todos más resistentes a las futuras conmociones”, sentencian.
La doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), advirtió que el brote de coronavirus ha “interrumpido gravemente” el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y violencia de género “en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan más estos servicios “.
La difícil tarea de igualar
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la cumbre climática virtual dijo a los líderes mundiales que la pandemia es una “oportunidad generacional” para construir una sociedad más justa y sostenible. COVID-19 ha revelado, dijo, “fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido” que deben abordarse. “La desigualdad comienza en la parte superior: en las instituciones globales. Abordar la desigualdad debe comenzar por reformarlos”.
Fue terminante al expresar que el coronavirus “está exponiendo falacias y falsedades en todas partes: la mentira de que los mercados libres pueden brindar atención médica para todos; la ficción de que el trabajo de cuidado no remunerado no es trabajo; la ilusión de que vivimos en un mundo postracista; el mito de que todos estamos en el mismo bote”. La ONU reclamó 10,3 mil millones de dólares para ayudar a los estados pobres, pero han recibido solo 1,7 mil millones.
La crisis COVID amplifica y profundiza las desigualdades existentes. “Médicos sin fronteras ve esto en primera línea todos los días”, indica el doctor Christos Christou, presidente internacional de la entidad. De hecho, la entidad concentró sus esfuerzos en estos tiempos en la atención médica para todas las personas: “sin excluir a los migrantes sin hogar o indocumentados, los presos o los indígenas. Todos han sido terriblemente afectados por COVID, al igual que los ancianos”, completó.
Datos numéricos apoyan esas preocupaciones de acceso. En el noreste de Siria, donde la prestación de atención médica ya es inadecuada, solo tres de los 279 centros de salud pública están en pleno funcionamiento; 120 millones de personas, en su mayoría niños, no pueden ser vacunados en un brote o perderán sus vacunas programadas.
“La asequibilidad debe ser un compromiso no negociable -afirmó-. Los fondos para el desarrollo de vacunas y terapéuticos solo deben otorgarse a las compañías farmacéuticas con el compromiso concreto de que cualquier producto se venda a un costo y de acceso universal”.
Los datos disponibles en Estados Unidos indican que las personas de color, mestizas o latinas tienen más probabilidades de enfermar de gravedad y morir a causa de COVID-19. Según un estudio presentado por Human Rights Watch cerca del 21 % de las personas negras y el 18 % de las personas hispanas viven bajo la línea de la pobreza, en comparación con el 8 % de las personas blancas. Alrededor del 30% de la población en Navajo no tiene agua corriente en sus hogares durante un momento en que el lavado de manos es crítico. También tiene una de las tasas de infección por COVID-19 más altas per cápita en los EE. UU.
George McGraw titular de DigDeep, una organización sin fines de lucro dedicada al tratamiento de acceso al agua, indicó que esa no es una excepción “más de 10 millones de estadounidenses en los 50 estados no tienen agua corriente o un inodoro en el hogar. Los nativos americanos tienen más problemas para acceder al agua que cualquier otro grupo étnico”.
El efecto local
Barrios vulnerables, dificultades en atención primaria, accesibilidad a agua potable, gas o electricidad, economías informales... muchas de las problemáticas presentadas en el concierto internacional también se reflejan localmente.
La oficina de UNICEF nacional avanzó en la visibilización de la situación de los menores. Luisa Brumana, representante de la entidad en Argentina aseguró que “los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus. No solo puede enfermarlos: aunque no lo veamos, la pandemia también afecta su educación, los expone a la violencia e impacta en su salud mental y nutricional. Nos preocupa, en particular, la situación de las familias más vulnerables que viven hacinadas, las comunidades indígenas del norte del país que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las chicas y los chicos institucionalizados”.
El avance rápido del COVID-19 en barrios informales puede estar asociado a las características socioeconómicas de las familias que residen en estos barrios. “Los hogares que viven en asentamientos están más expuestos a la pobreza, la indigencia y la inseguridad alimentaria -explica Agustina Suaya, investigadora asociada de monitoreo y evaluación de CIPPEC en su reciente análisis -. Asimismo, los recursos económicos de las familias dependen, principalmente, de empleos en el sector informal de la economía, teniendo menos previsibilidad en sus ingresos y continuidad laboral. Las necesidades económicas y alimentarias impiden a las familias mantener el aislamiento preventivo por tiempos prolongados. La mayor circulación amplifica el riesgo al contagio, el cual se expande rápidamente al interior de las viviendas donde muchas familias viven en condiciones de hacinamiento y/o comparten espacios comunes”.
Un informe presentado por la oficina de la ONU en Argentina reveló que el 92% de los hogares cuenta con insumos de prevención, limpieza y desinfección suficientes. En el caso de las villas y los asentamientos, los datos mostraron que el 89% de los hogares cuenta con estos insumos. Es decir, el 11% de los hogares en los asentamientos precarios no dispone de estos insumos, principalmente: lavandina (76%), alcohol en gel (70%) o alcohol (48%). Más de la mitad (58%) afirmó que no los tiene porque son caros. En los hogares con más de cinco miembros, el 12% no cuenta con estos insumos de limpieza e higiene, sobre todo porque son caros (62%) o porque no los consiguen en los comercios de cercanías (52%).
La accesibilidad mediatiza la posibilidad de combatir la propagación, afianzar la salud y de, en caso de experimentar contagio, llegar a una atención igualitaria. El mismo estudio afirma que en la población infantil, por ejemplo, la incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), son migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%). Si la vivienda está localizada en una villa o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niños/as. La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural. La cifras de contagio son una consecuencia natural: a cuatro meses de presencia de COVID-19 en Argentina, 2 de cada 10 contagiados registrados en Buenos Aires vive en asentamientos precarios.
Otra advertencia abre nuevos frentes: “tanto en términos de pérdida o disminución de ingresos como de exposición a riesgos para la salud, es especialmente preocupante entre la población de origen extracontinental (senegaleses, haitianos, jamaiquinos y otros colectivos); ciertos sectores de la población venezolana de reciente arribo al país que aún no habían avanzado en su proceso de inclusión; las mujeres migrantes y refugiadas, en especial, las trabajadoras de casas particulares y, en general, las trabajadoras en tareas de cuidado; y la población migrante y refugiada LGBTI+, sobre todo, la población trans que realiza trabajo sexual”.
Todos los caminos conducen a pensar que lo que se haga durante esta crisis y después de ella deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles. Nadie puede garantizar aún que no suceda aquello de “lo que sucedió en la pandemia, queda en la pandemia.
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