¡Dejen en paz a la vaca!

La Agenda 2030 goza de buena salud, y aunque parezca un tema lejano en realidad no lo es, de hecho muchos productores argentinos sienten que tarde o temprano se intentará subirlos a este barco que navega por aguas turbulentas y plagadas de dudas. Se han dado y se seguirán dando acalorados debates sobre el calentamiento global, sus orígenes, su evolución y la identificación de responsables del supuesto desaguisado. En el primer mundo están obsesionados con la vaca y sus emisiones, que desde luego existen, pero parecen ser de tono menor frente a otras fuentes de generación de gases de efecto invernadero (GEI), por caso la industria y el transporte.

El de Nueva Zelanda debería considerarse un leading case para el resto de los productores agropecuarios del mundo. Los ganaderos de este país tienen una larga experiencia en el tema y solo piden un objetivo justo de metano para evitar quebrantos en sus explotaciones y el éxodo de productores hacia otras actividades. Por eso agradecen la confirmación de que el gobierno actual revisará de forma independiente los objetivos de reducción de este gas.

Las autoridades de estas islas han designado un panel de expertos, encargado de brindar asesoramiento basado en evidencias sobre cuál debería ser el objetivo de metano biogénico del país para garantizar que no haya calentamiento adicional. El umbral vigente requiere una reducción del 10% para 2030 y un recorte del 24% al 47% para 2050.

En opinión de un representante de un grupo de productores, estos objetivos son altamente políticos y no tienen ciencia creíble que los respalde, un comentario que se repite en otros países. Los considera completamente irreales, totalmente inasequibles y van mucho más allá de lo necesario para detener la contribución de los agricultores a un mayor calentamiento. “Nos hemos opuesto desde el primer día porque no veíamos ninguna manera de alcanzarlos que no fuera tener que dejar la actividad”, dice con contundencia.

La nueva administración de las islas elegida el año pasado ha mostrado más empatía con los productores, postergando cualquier posible impuesto a las emisiones hasta 2030, y además ahora volverá a evaluar los objetivos de metano. De hecho ha reconocido que lograr una reducción del 10% de metano para 2030 podría disminuir la producción ovina y de carne vacuna en más de un 20%, a medida que se sacrificaran los rodeos.

Precisamente, el ministro de Agricultura de Nueva Zelanda indicó que le interesa alcanzar los objetivos sin cerrar ningún establecimiento. Afirma que no aceptará dejar fuera de la actividad a productores capacitados y perder volumen que llega del campo, mientras los países menos eficientes en emisiones de carbono generan los alimentos que el mundo necesita. Los productores neozelandeses, en tanto, reconocen que tienen un papel en la lucha contra el cambio climático, pero quieren objetivos justos, respaldados por la ciencia.

La de Nueva Zelanda es una buena noticia, pero no da para descuidarse. Por caso, Dinamarca circula por la vereda opuesta y se apresta a introducir un gravamen sobre las emisiones de los animales, en lo que será uno de los primeros impuestos de este tipo en la producción agropecuaria del planeta. Como siempre, está detrás de esta movida la idea de alcanzar su objetivo climático para 2030: se apunta a terminar la década con una reducción de las emisiones del orden del 70% con respecto a los niveles de 1990.

La otra gran diferencia con el caso neozelandés es que esto se hizo mediante un acuerdo con ganaderos, industrias, sindicatos y grupos ambientalistas. “Se espera que el Parlamento danés lo apruebe sin mayores demoras, y que sirva de inspiración para otros países”, dicen sus mentores. El alto nivel de vida de Europa lleva muchas veces a sus autoridades a emitir juicios de valor como este, que desconocen absolutamente la realidad de otras naciones.

El acuerdo propone gravar a los productores con 300 coronas danesas (aproximadamente USD 43) por tonelada de dióxido de carbono a partir de 2030, para aumentar a 750 coronas (USD 108) en 2035. Los productores tendrán derecho a una deducción del impuesto sobre la renta del 60%, lo que significa que el costo real por tonelada comenzará en 120 coronas (USD 17) y aumentará a 300 coronas en 2035, mientras que se pondrán a disposición subvenciones para apoyar los ajustes que reclama esta medida.

Originalmente a los productores no les gustó demasiado la idea, pero se terminaron resignando, quizás especulando que después de esto dejen de molestarlos y puedan mantener sus explotaciones generando alimentos.

La autoridades de Arla Foods, una gran cooperativa danesa que genera lácteos, lamentaron “la creencia que rodea a estos modelos, en el sentido de que solo se pueden reducir las emisiones produciendo menos. Queremos continuar por el camino de la innovación, en lugar de tener que cerrar nuestros tambos”. Absolutamente razonable