El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este domingo que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple cambios que afecten el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad. “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo el mandatario provincial en un posteo en su cuenta de X.
En su mensaje, Llaryora afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia. También solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el área.
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El gobernador señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó, al advertir sobre las consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.
El planteo se produjo luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas. Tras las críticas de bloques aliados y de organizaciones del sector, fuentes oficiales anticiparon que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.
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La propuesta remitida al Congreso modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901, que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.
El cambio habilitaba a que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados. Además, el esquema previsto reemplazaba la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El texto también retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. En esa versión, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaba de ser una vía directa de acceso al beneficio y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.
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Las negociaciones parlamentarias definirán si el Gobierno incorpora al Presupuesto 2027 un texto consensuado o si el debate sobre la emergencia en discapacidad continúa por una vía legislativa separada.
El oficialismo anunció que retirará los artículos cuestionados
La inclusión de esas reformas generó tensiones dentro del oficialismo y con los bloques dialoguistas. Representantes del Gobierno aseguraron que los artículos originales vinculados a discapacidad serán eliminados del proyecto de Presupuesto y reemplazados por un texto acordado con aliados parlamentarios.
La alternativa en negociación mantendría un nomenclador universal, con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y permitiría compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado. No obstante, el oficialismo buscaría elevar los requisitos para acceder a ese beneficio.
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El debate ocurre mientras en la Cámara de Diputados también se discute una prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las modificaciones incluidas inicialmente en el Presupuesto habían interrumpido las conversaciones que mantenían el oficialismo, la oposición y los bloques aliados sobre un proyecto alternativo.
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