PAMI realizó una nueva denuncia penal por una millonaria defraudación contra la administración pública

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), conducido por su director ejecutivo Esteban Leguízamo, presentó una nueva denuncia penal por una millonaria defraudación contra la administración pública, que involucra a un médico de cabecera y cardiólogo identificado con las iniciales C.A., y a las autoridades de una clínica de General Pico, La Pampa. El expediente sostiene que el profesional operaba con dos perfiles distintos en el sistema informático del organismo y que la clínica facturó 1.314.310.087,81 pesos durante 2025, una cifra que supera en más de 800 millones de pesos a la de otro prestador de capacidad similar en la misma localidad.

La denuncia se enmarca en una política de auditorías que PAMI sostiene desde hace casi un año y que ya derivó en la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país y en al menos siete causas penales activas en distintas jurisdicciones federales. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo al anunciar el conjunto de sanciones al ser consultado por Infobae.

Cómo se detectó la maniobra en La Pampa

El expediente administrativo, identificado como EX-2025-90313355-INSSJP-UGLXX#INSSJP al que accedió este medio describe que el profesional estaba vinculado al sistema del instituto tanto en su carácter de médico de cabecera como a través de un segundo usuario correspondiente a la especialidad cardiológica, asociado a la clínica denunciada. Según la documentación, ese doble perfil le permitió generar y validar órdenes médicas electrónicas correspondientes a prácticas cardiológicas que habrían sido transmitidas al sistema sin haberse realizado.

Las auditorías -nueve en total- también detectaron órdenes con firmas de otros profesionales que, al ser consultados, las desconocieron. El cruce de información combinó los registros del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) con entrevistas directas a afiliados auditados y la comparación de los niveles de facturación entre prestadores de una misma jurisdicción.

El perjuicio patrimonial detectado en las auditorías aún no fue cuantificado en las sedes judiciales en las que tramitan los expedientes pero los valores son cuantiosos.

De hecho, un informe de la SIGEN publicado por este medio estimó un perjuicio económico superior a los $16.000 millones, correspondiente al último año de la gestión de gobierno anterior (2023). Los principales motivos de esta pérdida patrimonial fueron:

• Falta de rendición de cuentas y pagos emitidos sin la documentación respaldatoria obligatoria.
• Deficiencias críticas en contrataciones y convenios prestacionales, en especial dentro de las áreas de salud mental y discapacidad.
• Contratos vencidos que seguían figurando como vigentes y activos en el sistema.
• Anticipos financieros otorgados a proveedores sin ningún tipo de control ni seguimiento.

Una de las primeras medidas tomadas por las autoridades de La Libertad Avanza al hacerse cargo de la obra social más grande de la región fue implementar una política de transparencia y de lucha contra nichos de corrupción. Las auditorías, que se siguen implementando, van en ese camino.

Los delitos imputados

La denuncia, presentada el 7 de agosto ante el fiscal federal de la Unidad Fiscal de Investigación PAMI (UFI-PAMI), acusa al médico y a los responsables de la clínica por defraudación contra la administración pública, defraudación mediante ardid o engaño y falsedad ideológica. Según el texto de la presentación, la maniobra habría consistido en la utilización de mecanismos informáticos y registrales para simular la realización de prestaciones médicas y obtener así un beneficio económico indebido.

Además de la vía judicial, PAMI evalúa la baja del médico y de la clínica como prestadores del sistema, en paralelo al avance de la causa penal. El organismo garantizó que la medida no interrumpirá la atención de los afiliados de la zona y remarcó que la investigación forma parte del fortalecimiento de su cuerpo de auditores médicos a nivel nacional.

El caso se encuentra en una etapa inicial: resta que el fiscal ordene medidas de prueba y defina la eventual apertura de una instrucción formal. No existe todavía una imputación judicial firme, por lo que corresponde el descargo tanto del médico como de la clínica.

Una serie de auditorías que ya suma siete causas penales

El caso de General Pico se suma a una secuencia de denuncias que PAMI, bajo la conducción de Leguízamo, inició en noviembre de 2025, cuando presentó ante la Justicia federal tres causas por fraudes y falsificaciones en órdenes médicas mediante el uso indebido de datos personales de afiliados, identificadas como los expedientes 148738/2025, 168278/2025 y 194691/2025, todos radicados en la UFI-PAMI. Esa primera tanda de denuncias dio origen a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.

En febrero de 2026, una nueva auditoría en cardiología y gastroenterología detectó un patrón que las autoridades del instituto describieron como facturación imposible de justificar por la carga horaria implicada: un prestador de gastroenterología con solo dos quirófanos registró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, mientras que en cardiología se contabilizaron 689 órdenes médicas electrónicas en un único día para 326 pacientes distintos, lo que arrojó un cálculo de entre 81,5 y 108,7 horas diarias de atención.

En mayo, el organismo formalizó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país tras auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos. Dentro de ese proceso se ubicó el caso del policonsultorio Sanarte S.R.L., con sede en San Miguel de Tucumán, donde la auditoría integral detectó falta de habilitación municipal actualizada, legajos profesionales incompletos sin matrículas ni inscripciones, y demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología.

El establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema de atención por orden de llegada, una modalidad que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada, a lo que se sumaron historias clínicas sin firma ni sello profesional y estudios sin los informes correspondientes, conductas que el organismo encuadró como un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El mismo mes, PAMI avanzó contra un médico identificado como J.C., prestador de la UGL XIII de Chaco., bajo el expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP. La investigación detectó deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas en las prestaciones facturadas. Al considerar insuficiente el descargo presentado por el profesional, el instituto resolvió aplicar sanciones administrativas, rescindir el contrato prestacional y promover una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. “Auditar no significa perseguir”, aclaró el organismo al informar ambos casos, y garantizó que las bajas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados.

En esa misma etapa, PAMI implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del organismo, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

El organismo sostiene que cada baja o denuncia se sustenta en auditorías permanentes que cruzan datos de facturación, historia clínica y testimonios de afiliados, y que el objetivo declarado es reforzar los controles sobre el sistema prestacional sin afectar la continuidad de los tratamientos.